De 1954 a la fecha nuestro país ha estado en manos de una organización criminal sofisticada y despiadada.

Hace algunos días estaba yo en el exterior del edificio en donde se ubica mi oficina, a la espera de que llegasen dos periodistas para entrevistarme respecto al estado de la seguridad interna. Aproveché para conversar con un guardia privado. Le pregunté: ¿Cómo ve usted la situación respecto a la delincuencia en el país? Sin mucho pensarlo me respondió: “Mire, el problema aquí son los derechos humanos, porque impiden a las autoridades tratar a los delincuentes como se merecen. Acá se vela por los derechos de los criminales pero no se piensa en que ellos fueron los primeros en violar los derechos de sus víctimas”. Esta respuesta la he oído demasiadas veces, muchas personas honestas y trabajadoras piensan así. Es inaudito que Guatemala haya sido uno de los primeros países en América Latina en haber instituido la figura del Procurador de los Derechos Humanos —el Defensor del Pueblo como se le nombra en España o el Ombudsman en los países nórdicos— a partir de la Constitución Política de la República de 1985 y que se desconozca tanto al respecto. Es sorprendente como la mayoría de la población no conoce en detalle las atribuciones y obligaciones de la referida institución y la función que desempeña quien la dirige: el Procurador de los Derechos Humanos.

Utopía 1. Las cámaras empresariales dejaron de existir. Desaparecieron aquellas instituciones fundamentalistas y discriminatorias, encargadas de anclar a nuestra patria en el medioevo. ¿Sabía usted que una de cada dos tazas de café producido en Guatemala, la generan manos de niños indígenas particularmente mediante el corte del fruto? Por ello en los centros neoconservadores ostentosamente denominados think tanks, alguno de sus miembros impulsado por una súbita muestra de sensibilidad, expresó alguna vez que: “en Guatemala debería regularse legalmente el trabajo infantil”. Vaya modelo económico el nuestro. Además de perdurar idéntico durante 500 años, fue certeramente calificado como un “modelo de economía de postre”. Porque ciertamente, nosotros fuimos los encargados de poner en la mesa de los habitantes de los países ricos, el postre: café, azúcar y banano. Hoy, afortunadamente, nuevas organizaciones empresariales han surgido, todos los empresarios en un pacto de honor y responsabilidad sin precedentes, están pagando todos sus impuestos, pagan salarios justos y dignos a sus trabajadores, además, renunciaron para siempre al intento de cooptar las instituciones del Estado. Hoy los empresarios gozan de prestigio, la población los respeta y admira.

Cada vez y con mayor frecuencia, los colectivos sociales se organizan para la participación política.

Será muy difícil llegar a precisar el inmenso daño que le provocó a Guatemala el haber tenido un gobierno como el actual. Inepto, irresponsable y abiertamente complaciente con la trágica corrupción que tanto estrago causó en la patria. El surgimiento y posterior elección de Morales como presidente debe considerarse como una sofisticada trampa que logró engañar a cientos de miles de guatemaltecos, quizá bien intencionados pero desconocedores plenos de como opera la partidocracia corrupta en el país. En principio, teniendo Guatemala tantos y tan profundos problemas estructurales como por ejemplo, la pobreza, la corrupción, la ineptitud institucional, la delincuencia común y organizada, así como el indetenible e irreversible daño a los recursos naturales, se hacía necesaria la asunción de un verdadero estadista, apuntalado por un gabinete de profesionales de primer orden. Pero ocurrió todo lo contrario, el mando del país, inexplicablemente se delegó en un cómico inexperto rodeado de personajes cuyo principal propósito se basó en el saqueo de los recursos públicos.

A continuación expongo 5 mentiras habilidosamente creadas por la partidocracia corrupta, cuyo propósito es abortar toda participación política y social, comprometida con un verdadero cambio estructural en Guatemala.

No será fácil la articulación de esa gran plataforma, pero su existencia es impostergable.

El fracaso del actual sistema político-institucional guatemalteco ha quedado lapidariamente demostrado. Desde 1986 a la fecha, cuando se inició la transición a la democracia —que creíamos nos habría de trasladar hacia una Guatemala políticamente estable, económicamente próspera y socialmente equitativa— han surgido y desaparecido más de 80 partidos políticos. Esa inaudita eclosión de partidos electoreros y oportunistas, sometidos a la ley de la oferta y la demanda de cualquier financista desvergonzado, es la causa directa del fracaso recurrente de cada gobierno. En tan corto tiempo han dejado abruptamente la presidencia Jorge Serrano y Otto Pérez Molina. Todo apunta a que el presidente Morales se orienta hacia el mismo destino. Los nefastos efectos de esa inestabilidad política los han pagado y los seguirán pagando esas mayorías silenciosas desesperadas, condenadas a la pobreza y a una sobrevivencia que ya se torna cruel e inhumana.

Desde 1954 a la fecha, el sistema económico y el modelo político en Guatemala han funcionado en estrecha relación. Una relación basada fundamentalmente en una cohesión ilícita y por tanto delictiva, que ha favorecido a una élite reducida pero muy poderosa. El modelo político ha estado sustentado por una legislación que permite la existencia de una clase política corrupta, encargada de cooptar las instituciones del Estado y favorecer rituales electorales consuetudinarios, orientados a preservar un modelo económico basado en una alta concentración de la riqueza a favor de una minoría, un sistema fiscal flácido y complaciente creado para favorecer la evasión y una estructura laboral que garantiza la existencia de grandes contingentes de trabajadores, urbanos y campesinos, desprovistos de una verdadera seguridad social, sometidos a salarios humillantes. De esta forma, ese matrimonio entre el sistema político y el modelo económico, transitó sin restricciones hasta hace muy pocos años, hasta que la lucha contra la corrupción y la impunidad impulsada por la Cicig y el MP, marcaron un antes y un después.

Cada cátedra es una obra de arte. Y el arte de gobernar corresponde ahora a los profesores.