Estamos en un momento de definición. En una encrucijada. Lo que está en juego no es otra cosa que la defensa de la democracia, de la libertad y del estado de Derecho. La alternativa es la regresión autoritaria y el ejercicio despótico del poder. Esos son los dos caminos que se nos plantean ahora, no hay otros.

La misma semana en que la Cámara del Agro (Camagro) pidió congelar el salario mínimo del sector agrícola y que se reduzca el impuesto sobre la renta (del 7% al 3%), murió Jakeline Caal Maquin, una pequeña guatemalteca de tan solo 7 años de edad, que dos días antes se había entregado —con un grupo de 163 migrantes— a la patrulla fronteriza estadounidense.

La última vez que nos vimos fue en el Paraninfo Universitario. Salías de una reunión de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad. Yo iba a mi programa en Radio Universidad. Nos saludamos muy rápido y cruzamos algunas palabras respecto del contexto político nacional. Me dijiste que había que continuar desde todos los espacios sumando esfuerzos para cambiar el país. “Te escucho y te leo siempre, querida Marielos”, así te despediste.

El pasado jueves 29 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) presentó el informe “Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción: Un camino hacia la dignidad”.

Cuando asesinaron al obispo Juan José Gerardi se activó —casi de inmediato— una estrategia de desinformación y desprestigio. Se mantuvo durante años y fue variando conforme avanzaron las investigaciones y, luego, mientras se desarrollaba el proceso penal.

En los últimos meses hemos sido testigos del avance de la estrategia proimpunidad que aglutina a poderosos sectores del país que se han visto señalados por las investigaciones del MP y la Cicig.

Defender la tierra, el territorio, el agua y los recursos naturales resulta una tarea altamente peligrosa en un país como el nuestro. Liderar o integrar los movimientos de resistencia frente a los grandes poderes políticos y económicos de Guatemala, puede pagarse con la vida y la libertad. En algunos casos no se asesina a la persona, pero se le condena a la muerte civil que equivale a destrozar su liderazgo, su credibilidad, su reputación.

El 2 de junio de 2017 a los habitantes de la comunidad Laguna Larga,   Petén, les llegaron las noticias sobre un inminente desalojo. El contingente integrado por 1,400 policías y 400 soldados estaba en camino. Con lo poco que pudieron sacar de sus humildes viviendas, las 111 familias de Laguna Larga decidieron trasladarse a la zona fronteriza entre Guatemala y México, donde permanecen desde entonces viviendo en condiciones dramáticas.

Miles de centroamericanos, todos los días, deciden salir de sus países huyendo de la violencia y la miseria. Lo hacen solos, en pequeños grupos, acompañados de sus hijos o, como los hondureños, en caravana. Según explican, ir juntos evita —de alguna manera— los peligros de la travesía y les permite prescindir de los coyotes, que les exigen enormes sumas de dinero, que además no tienen.

La multitudinaria caravana de migrantes proveniente de Honduras, que llegó a Guatemala la semana pasada, conmovió hasta lo más profundo de las entrañas a todo aquel que en este país tiene un poco de humanidad.