Probablemente esta sea mi última columna después de haber iniciado mis colaboraciones a mediados de 2003. Gracias por su lectura y por haber compartido, o al menos leído, mis reflexiones y cuestionamientos referidos al comportamiento del sistema político nacional. Me referiré a los señalamientos de soborno que se ciernen sobre el presidente Pérez, el Partido Patriota y el precandidato Sinibaldi. Lo que hace especial el momento es el aparecimiento de dos menciones que tienen vida por separado, pero que lanzadas en el mismo momento no solo ponen en aprietos al equipo de gobierno y sus intenciones electorales, sino que ponen presión en los órganos de investigación como el MP y la Contraloría de Cuentas; ambas, carentes de la necesaria independencia institucional para llevar a buen puerto este tipo de casos relevantes.

Las imágenes no requieren mayor interpretación. Su contenido cae por sí mismo. Por ello resultan chocantes las fotografías publicadas recientemente donde el alcalde de Mixco, sus allegados y otros personajes de política local desfilan montados en equinos por calles del municipio, en compañía de personajes que parecen salidos de una narconovela. Pobres los cuadrúpedos, que no tienen idea de la carga que llevan encima. Queda claro que esas expresiones de exhibicionismo barato son diametralmente opuestas a sus capacidades. Lo peor de todo está en que esas actividades se han vuelto comunes y en ellas han participado otras muestras de la fauna política guatemalteca, ministros, secretarios e incluso el mismo presidente, quizás emulando a otros similares de países vecinos y muestra una nueva grada en el proceso decadente de la política nacional.

Portillo y Ríos Montt son dos personajes que desnudan de cuerpo entero los rasgos centrales que han desgastado el quehacer político guatemalteco. Ambos resumen en sus perfiles y actuaciones la sumatoria de los rasgos nefastos, que aunque encantan a unos, representan un punto de inflexión para que después de sus malogradas gestiones en la Presidencia y al frente del Congreso en los inicios del siglo XXI, iniciaran una etapa de mayor degradación hasta lo que ahora tenemos como gobernantes. Autoritarismo y horror de la guerra, conjugados con un gobierno cargado de desenfrenos y corrupción, unidos por una misma estrategia: "representar" a los pobres y oponerse a los ricos. Ambos representan uno de los capítulos más oscuros de nuestra reciente historia.

Las crisis son momentos de ruptura, parcial o total, cuando el sistema o las relaciones sociales no pueden continuar funcionando como lo venían haciendo, porque se han acumulado tensiones y contradicciones; son señales de agotamiento. Una de sus características, que denota la gravedad, es cuando los propios sujetos de la crisis no perciben que están en medio de ella. Solo basta salir a la calle para constatar que la cotidianidad nos invade y determina. ¿Cuál crisis?  Además, ese indicador se alimenta cuando los actores que están siendo colocados contra las cuerdas hacen todo lo posible para hacer creer que nada extraño pasa. Algo similar ocurre cuando los actores que toman la ofensiva no logran capitalizar otros apoyos para aprovechar la coyuntura. De allí que conviene recordar que toda crisis es una coyuntura, pero no toda coyuntura equivale a una crisis.

Cuando prevalece la idea de "dejar hacer", se allana el camino para que los aprovechados, los vivos, saquen las garras. Esa es una de las premisas de actuación de buena parte de los miembros de las comisiones de postulación. Menudo favor le hacen a la justicia, cuando la prioridad descansa en preparar la pista para el aterrizaje de ciertas naves cargadas de intereses espurios. Haciendo honor a los mecanismos de "moda", donde conviene manejarse por los intersticios que dejan las leyes, las dos comisiones -en general-  distan de querer comprometerse con algo más que los formalismos, que para los fines del momento representa el tipo de jugadas que conviene a los operadores sectoriales. Desde esa realidad, claro está que ha convenido que ambas no tengan mayores diferenciadores.

Darle la vuelta a las normas  es  un mal que se impregna en  una sociedad altamente permisiva. Ajustar las cosas a conveniencia, facilitar y saltarse procedimientos termina siendo un rasgo aceptado e incluso valorado para quienes su vida y desempeño se caracteriza por tomar las rutas cortas, cargadas de sigilo, secretos y opacidades. En ese orden de ideas, un nuevo capítulo ha sido puesto en la mesa por el partido Líder  y más concretamente por su cara visible y ahora ex secretario general. Así se confirma que hecha la ley, hecha la trampa. Qué  podemos esperar de esos aprendices de políticos que buscan, a como dé lugar, las veredas, los juegos grotescos para siempre tomar el pelo.

Las tensiones entre Rusia y Ucrania expresan el tipo de juego de intereses que se ha instalado a escala global. Putin reivindica espacio a nivel global; solo desde esa dimensión se debe entender la toma del territorio de Crimea, ratificado por su población, el cese del suministro de gas a Ucrania o el acuerdo Rusia-China de hace apenas un mes en el que el primero se compromete a suministrar gas al segundo durante tres décadas con un valor que asciende a 300 mil millones de euros; expresión del margen de maniobra que ambas naciones reclaman sellando una sociedad estratégica-corporativa, convirtiendo a Rusia en el principal exportador de energía del mundo.

El asunto de los niños migrantes ha cobrado inusitado interés. Tal parecería que se trata de tema nuevo, que salta de pronto sin que esta sociedad caracterizada por las exclusiones cotidianas se hayan dado cuenta y recurra a esa negación constante de aquello que suena a disfuncional. Las palabras del canciller Carrera expresan la pobre visión con la que los funcionarios ven ese capítulo: el aumento obedece a las reunificaciones familiares de quienes viven en EE. UU. y ahora han decidido mandar a traer a sus hijos. Como si fuera un proceso planteado desde fuera, normal y planificado en un mismo período.

Históricamente los presidentes de la República han sido, más que gobernantes, gestores u operadores que dedican gran parte de sus períodos a impulsar y crear condiciones para que se implementen las agendas de otros. Como agregado, aprovechan su paso por los escenarios del poder para sacar réditos que les permitan ser actores vigentes en el tiempo y lograr la certeza de sus finanzas personales. Desde esas dimensiones, ¿a qué juega el presidente Pérez para demarcarse de la línea institucional (obediente al mandato constitucional) que como militar jugó originalmente siguiendo las lecciones del general Héctor Alejandro Gramajo, para colocarse nuevamente como el vendedor de la continuidad?

Dos resoluciones intentan poner una bocanada de aire distinto en el ámbito político. La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en el sentido de suspender —provisionalmente— una parte del artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación como mecanismo que persigue redefinir las orientaciones de dichas comisiones para que sus discusiones, de principio a fin, se apeguen a lo preceptuado en el artículo 113 constitucional, en el sentido de que para optar a los empleos y cargos públicos solo deberán atenderse a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. La clave está en cómo calificar esos méritos. En esencia, el recurso en cuestión se orienta a profundizar en el examen de los profesionales que se apuntan para cargos públicos y no perderse en colocar tal o cual calificación, que pueden acomodar según las circunstancias y las presiones.