La continuidad será abordada hoy en reunión de Directorio, dijo el superintendente, Juan Francisco Solórzano. En el 2013, cuando la SAT firmó ese contrato, las críticas le llovieron, ]debido a que el edificio era considerado de lujo y caro, mientras la entidad llevaba varios años de no haber logrado las metas de recaudación.

La contratación fue realizada por el entonces superintendente, Carlos Miñoz, quien guarda prisión ligado a proceso por el caso La Línea.

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En Dubai Center funcionan las oficinas de la Gerencia de la Regional Central de la SAT.

Más barato

Solórzano refirió que de aprobarse continuar en este edificio, el monto del contrato bajará, ya que se reducirá el espacio que ocupan en la actualidad las oficinas, que pasarán de 6 mil 179.99 metros cuadrados a unos 4 mil.

Según el funcionario, el arrendante les ofreció una rebaja en el precio por metro cuadrado de US$18.02 a US$16.

La reducción en el gasto sería de unos US$47 mil 363 respecto de los US$111 mil 363 actuales, afirmó.

En octubre pasado, Solórzano señaló que los arrendantes participaron en los llamados a presentar ofertas que hizo la SAT este año, y que el precio por metro cuadrado era de US$12.

Al ser consultado al respecto, ayer el jefe de la SAT refirió que se citaron mal sus declaraciones, pero luego mencionó que él se había confundido al tomar de base otro dato, pero que el indicado ayer es el correcto.

US$120 millones para edificios e infraestructura de la SAT

La SAT tiene un portafolio de proyectos para infraestructura por US$120 millones para un plazo de cinco años, los cuales busca ejecutar con la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (Unops).

El superintendente Solórzano dijo que entre estos se encuentra la construcción de un nuevo edificio, Torre SAT, en la 4a. calle y 7a. avenida de la zona 9, en donde en la actualidad funciona la Censat.

Para su construcción se invertirían unos Q350 millones; la intención es contar con un edificio propio y disminuir el gasto en arrendamiento.

Para ello se prevé firmar a principios del próximo año, para que la Unops pueda impulsar la construcción. Esta es una entidad de la ONU que provee servicios de administración de proyectos diversos, el cual elabora un proyecto que incluye selección y contratación.

Érick Coyoy, consultor en economía y finanzas, dijo que la SAT tiene la posibilidad que le permite la ley de evitar las licitaciones por medio de la Unops, pero recomienda que el proceso sea transparente y público.

La SAT destina al año unos Q28.6 millones para el pago de alquileres.

Las acciones, complementan el inventario de iniciativas a las que el Congreso ha dado tramite y entre las que se incluyen estímulos fiscales, exoneraciones y hasta apoyo financiero estatal para rescatar a bancos privados sí estos llegarán a registrar contingencias en sus operaciones.

De momento, ni el Ministerio de Finanzas (Minfin), ni la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), tienen cuantificado cuanto puede representar al Estado otorgar más exenciones fiscales e indicaron que “los datos se analizan de manera técnica”.

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En beneficio propio

La última normativa relacionada a las exenciones fiscales que aprobó el Congreso fue en febrero pasado y es la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, que otorga beneficios fiscales por 10 años a las empresas dedicadas a la maquila de vestuario y textil así como los centros de llamadas que exporten servicios.

“Es lógico que si el Congreso aprobó la Ley para el sector maquila, otras actividades productivas impulsen algo similar; ahora con el cinismo de los ganaderos que reconocen que no han pagado en otros ejercicios”, opinó Érick Coyoy, investigador de la Fundación Economía para el Desarrollo (Fedes).

El consultor, dijo que una de las consecuencias de seguir otorgando incentivos fiscales a activdades empresariales en particular, es que disminuye la carga tributaria, hay menos disposición de recursos para el Estado y el costo recaerá al contribuyente individual.

Gasto tributario

Datos de la SAT refieren que del 2012 al 2015, el monto por gasto tributario llegó a Q60 mil 688.7 millones, y se elevaría a Q73 mil 529.7 millones para este año.

En 2016 se prevé que unos Q12 mil 841 millones no recibirá el fisco como producto de las exenciones fiscales.

En julio pasado, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Guatemala hacer una revisión de las exenciones fiscales que el Congreso ha otorgado.

• 1. Zonas Francas

Empresarios de zonas francas insisten en recuperar y operar  13 actividades industriales,  comercio y servicios  que quedaron prohibidas con la aprobación de La Ley Emergente para la Conservación del Empleo, que  cobró   vigencia este año.

Con esa Ley se prohibió 25 actividades que antes eran reconocidas. Refieren que no piden exención del ISR, sino operar en esos territorios.

• 2. Ganadero

La Comisión  de Agricultura aprobó la iniciativa para pagar un único impuesto de 1%.

Esta solicita eliminar  el impuesto sobre la renta  y el IVA  para el ganado bovino y lechero.

• 3. Cafetalero

El sector  cafetalero   pide    una baja al  3% del ISR sobre facturas especiales.

La tasa actual es  de 5% y  7%. Además  se quejan por la persecución penal que ha emprendido la SAT a caficultores por inconsistencias contables.

• 4. Leasing

En la  iniciativa de Ley de Leasing o Arrendamiento, según el Directorio de SAT, existen riesgos fiscales por la exoneración del IVA.

Facultaría la exoneración del IVA, que deduciría el gasto a terceros en las operaciones de arrendamiento financiero.

• 5. Factoraje

Al igual  que  la  iniciativa de Ley de Leasing, la SAT determinó que existe  la exoneración del IVA, que deduciría el gasto a terceros en las operaciones de factoraje y a aquellos que practiquen una cesación de derecho de crédito.

• 6. Deporte

La iniciativa de Ley de Creación de Fundaciones para el Fomento, Financiación y Seguimiento del Deporte de Alto Rendimiento  gozarían de exención de ISR, de solidaridad y al valor agregado, así como al de timbres fiscales y papel sellado.

• 7. Bancario

La reforma  a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, solicita que con recursos públicos, se rescate a bancos o entidades privadas que presenten problemas para seguir operando.

Los recursos  serían otorgados por el Ministerio de Finanzas, de los ingresos generales del Estado.

El papel tipo ledger que se usa en la actualidad para las hojas de papel protocolo será cambiado por papel bond de 120 gramos y se prevé que esta medida se efectúe en enero del próximo año, indicó el intendente de recaudación, Abel Cruz.

Ese papel ya no tendrá líneas, sino que busca adaptarse a la impresión por computadora, pero sí tendrá controles de seguridad, como un código y el número de colegiado del notario, entre otros, dijo.

Es decir, que cada notario podrá imprimirlo y con un código especial se podrán establecer los controles y adquirirlo en línea.

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Explicó que a pesar de las denuncias que persisten por falta de papel protocolo, la SAT está abasteciendo a las oficinas de atención al público con 50 mil hojas semanales.

Para efectuar el cambio van a agotar la existencia actual de unas 400 mil hojas, añadió Cruz.

El superintendente, Juan Solórzano Foppa, expuso que cambiarán los trámites para el traspaso de vehículos, que se harán en forma electrónica.

Los notarios podrán ingresar los datos del traspaso en el sistema de la SAT, con lo cual se evitará que se tenga acudir a las oficinas de la institución.

• Falta de papel

Este año ha sido marcado por la escasez y largas colas por parte de los notarios para poder adquirir papel protocolo.

La escasez impactó a 21 mil 515 notarios colegiados activos que pagan Q10 por cada pliego de protocolo.

El papel protocolo es utilizado por los notorios para realizar diversos trámites legales y se adquiere en la SAT.

El principal problema es que los notarios de la provincia tienen que ir a las oficinas de la SAT en la capital para abastecerse.

Representantes del cuerpo diplomático, empresarios y funcionarios consideran que las acciones para el combate de la corrupción y la recuperación de impuestos son positivas; sin embargo, aseguran que son temas que causan inquietud entre los inversionistas, además que son problemas estructurales a los que no se les ha puesto atención desde hace años.

Thomas Carter, embajador del Reino Unido, afirma que ahora Guatemala se ve desde el exterior como un país en un proceso positivo de cambio, lo cual, destaca, es visto por los inversionistas como una buena noticia; sin embargo, dejó claro que hay que ser más contundente.

“Se necesita un mensaje claro del Gobierno de que el país está abierto a inversionistas extranjeros, y no he oído ese mensaje de manera tan clara”, refirió el diplomático.

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Comentó que han tenido conocimiento de inversionistas que “tienen un poco de miedo de firmar nuevos acuerdos (contratos)”.

“Es estructural”

Para Bernardo Penha, jefe del sector económico y comercial de la Embajada de Brasil en Guatemala, a los inversionistas no les asusta la crisis política de coyuntura, sino los problemas estructurales que vienen desde hace años como el alto porcentaje de informalidad, porque es difícil calcular el tamaño del mercado.

“Un inversionista que es correcto, que es serio, que quiere pagar sus impuestos, así como cumplir sus obligaciones, no tiene más miedo hoy que el año pasado en venir al país”, dijo Pehha a Prensa Libre.

Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2016 (Enei) refieren que el porcentaje de informalidad fue de 69.8% en el primer trimestre.

El otro punto “que asusta”m a la gente, aseguró Pehha, tiene que ver con la crisis política, pero no directamente con la coyuntura del año pasado y de este, sino con la percepción de las dificultades con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y que está relacionado con trámites burocráticos, complejos y confusos.

El funcionario brasileño va más allá y refirió que el país no tiene un plan agresivo de atracción de inversiones en general y falta promoción para dar a conocer al país, aspecto que comentó, se notó recientemente, ya que a diferencia de otros países de Latinoamérica, no tuvo presencia en promoción y anuncios en los recientes juegos olímpicos.

Sin presupuesto

Rubén Morales, ministro de Economía, reconoció que Guatemala no tiene acciones agresivas para la atracción y promoción de inversiones y lo atribuye a la falta de un presupuesto “amplio, grande y fuerte, porque la promoción internacional es cara”, al referirse a la presencia en medios internacionales o la participación en ferias y congresos de inversión.

Instalar un pabellón o stand en alguna feria puede llegar a costar US$30 mil, refirió.

El país ha estado ausente los últimos ocho años de actividades internacionales de este tipo, dijo Morales, y lo atribuye a la falta de fondos en las gestiones del 2008 al 2016.

“La presencia del Ministerio y del país se ha reducido de manera sustancial”, advirtió.

Las delegaciones han sido más que todo del sector privado o del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

“Del 2004 al 2008 se tuvo presencia porque contaban con fondos de un préstamo del Banco Mundial, pero “una vez se terminó de ejecutar ya no hubo fondos para eso” añadió.

El Mineco y Pronacom no brindaron información respecto de en cuántas actividades se ha participado como Estado del 2004 al 2016.

Desde el año pasado disminuyeron las operaciones de la oficina Invest in Guatemala y en la actual administración se suspendió en los primeros meses del año. Se sabe que se trabaja en una nueva estructura de esa oficina.

Cifras de inversión

En 2015, el país recibió US$1 mil 208.5 millones en concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), lo que significa el monto más bajo respecto de los tres años anteriores, según datos del Banco de Guatemala.

El país ocupa el tercer lugar en recepción de IED en Centroamérica, pero está muy por debajo de Panamá y Costa Rica, que reportan US$5 mil 039 millones y US$3 mil 094 millones, respectivamente.

En el primer trimestre del 2016 se reportan US$311.6 millones.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), refiere que lo que impacta la inversión en la actualidad es una mala legislación como la ley que reduce las actividades de zonas francas, una mala aplicación por parte del Organismo Judicial en temas de inversiones y una mala política de atracción.

Carrasco indica que el inversionista extranjero no comprende el impacto de las denuncias y juicios porque no ha habido una política de comunicación adecuada.

Exportadores de café indican que les afectan operaciones

Los exportadores de café y cardamomo han manifestado la problemática que enfrentan para poder operar, debido al embargo de cuentas o intervenciones efectuadas por la SAT, aseguró Jean Paul Brichaux, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café (Adec).

Según Bichaux, de 24 empresas socias de Adec, 18 tienen cuentas embargadas y hay 56 denuncias. En conjunto, las firmas demandadas representan el 75% de la exportación de café, añadió.

Empieza a generarse inquietud en los compradores, explicó. Muestran dudas respecto de comprar, ya que no tienen certeza de que les vayan a despachar.

El ejecutivo dijo que apoyan la lucha contra la corrupción y contrabando pero que el mensaje debe ser claro, ya que las denuncias a las exportadoras de café es por devolución del crédito fiscal del IVA y por problemas de sus proveedores, y no por corrupción.

SAT anuncia diálogo pero denuncias continuarán

La SAT trabaja con otros entes como el MP para instalar una mesa de diálogo por las denuncias por temas fiscales contra empresas, con el fin de que se agilicen las investigaciones, indicó el superintendente Juan Francisco Solórzano Foppa.

Sin embargo, dijo que continuarán las intervenciones o embargos, incluso en el sector exportador de café y cardamomo.

Si los empresarios consideran que el accionar de la SAT es ilegal, deben usar los recursos legales, pero hasta el jueves pasado no habían presentado ninguno, agregó. Dijo que ese ente no ve el movimiento comercial o aporte a la economía de las empresa para accionar.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) dio a conocer el top 20 de los establecimientos más sancionados y que acumularon en conjunto 283 sanciones.

Algunos tienen 20 sanciones como La casa de los Sueños, en Antigua Guatemala; el Hotel Dormidero Maya en Flores, Petén; o Hotel Las Vegas ubicado en Nebaj, Quiché, que sumó 19.

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El resto presenta entre 11 a 16 sanciones.

Infracciones

La multa máxima es de Q1 mil, según el artículo 41 de la Ley Orgánica del Inguat y Chajón refiere que detectaron en las listas una alta reincidencia, puesto que los establecimientos prefieren pagar esa multa, pero siguen sin inscribirse y cumplir con las obligaciones que incluyen el cobro al usuario y posterior traslado del impuesto de 10% sobre las tarifas de hospedaje.

El director cree que es necesario modificar la ley para hacer más fuertes estas medidas.

La legislación también establece que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Inguat deberán efectuar revisiones de los libros y registros de las personas afectas y las empresas recaudadoras de los impuestos que se establecen para comprobar su cumplimiento.

Además regula otros procesos por suspensión temporal de servicios y cancelación definitiva.

La actual administración del Inguat —ente que se encarga de la recaudación del impuesto por hospedaje—, anunció en julio que busca lograr un convenio con la SAT para que esa institución efectúe el cobro.

Aunque de manera oficial, la SAT prefirió no dar mayores detalles.

En el 2012, las administraciones que tenían a cargo en ese momento el Inguat, buscaron ese cambio pero no se concretó.

Ingresos

En el primer semestre del 2016 el Inguat recibió Q55.2 millones por el impuesto de hospedaje, 4.2% más que en el mismo período del año pasado.

En el listado de los 25 hoteles que más recursos han trasladado por ese concepto destacan varias firmas prestigiosas en la zona 10 capitalina, la Antigua Guatemala o en Sololá.

Entre los cinco primeros están Hotel Intercontinental, Hotel Camino Real, Hotel Barceló, Holiday Inn y el Clarion Suites, ubicados en la Ciudad de Guatemala.

Presa Libre intentó obtener la versión de establecimientos mencionados entre los más multados. En La Casa de los Sueños, no se logró comunicación, en el Hotel Dormidero Maya indicaron que no se encontraba la persona que podría hablar al respecto.

Mientras que para Hotel Las Vegas y Hotel América no se localizaron datos o contacto en internet y en páginas amarillas. En tanto en Casa Capuchinas se quedó a la espera por correo electrónico.

En el Inguat también se deben registrar los establecimientos como los autohoteles, los cuales también aparecen en las listas de negocios sancionados.

Monterrey y Parejas aparecen con 13 multas cada uno y Candilejas con 11.

Mientras que el autohotel Omni aparece entre los 25 que más impuesto de hospedaje han trasladado al Inguat con Q412 mil 718.90 reportados de enero a junio del 2016.

Hansen explicó que se necesitarían US$8 millones de inversión para el proyecto, con el cual se podría trasladar a cien turistas al día de una forma controlada, para evitar daños a la zona.

Jorge Mario Chajón, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), indicó que buscan el financiamiento necesario, además de que se deben tramitar licencias y autorizaciones necesarias.

“Hemos discutido varias veces al respecto, podemos meter carreteras, pistas de aterrizaje, globos, senderos ecológicos o bicicletas, pero todos tienen grandes desventajas, la única solución que vemos, a través de muchos estudios, es un trencito de pasajeros desde Carmetlita o Uaxcatún”, expuso el arqueólogo.

Construir carreteras o pistas de aterrizaje en el lugar atraería invasiones, deforestación o hasta narcotráfico, dijo el científico, quien advirtió que se debe cuidar el lugar, porque en algunas áreas ya hay deforestación, incendios e invasiones.

Explicó que el tren podría utilizar las calzadas originales del lugar sin causar daños. En la actualidad, para llegar se necesitan dos días y medio, y se acampa en el sitio.

Ha existido oferta de viajes aéreos, pero se cancelaron, porque llegaban a costar hasta US$1 mil 200, se indicó.

Chajón agregó que apoyan el proyecto, pero pidió que el número de turistas no sea masivo para evitar riesgos como los que afronta Antigua Guatemala, porque en ciertas épocas, los miles de visitantes rebasan la capacidad del destino.

Una de las opciones es que los turistas lleguen por un día a El Mirador y luego pernocten en Carmelitas o Uaxactún, o que se mantenga la posibilidad de que se pueda acampar en el lugar, dijo Chajón.

Financiamiento

El director del Inguat expuso que también se impulsa el proyecto para que el país venda bonos de carbono, porque la zona de Petén, la selva alrededor de El Mirador, es uno de los pocos pulmones que le quedan al continente. Además de que se combina con el atractivo de los sitios arqueológicos.

La propuesta fue trasladada por el presidente Jimmy Morales a autoridades de EE. UU. en su reciente viaje a ese país, explicó Chajón, acompañado de representantes de la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya (Pacunam). Se trabajará para concretarlo este año con el objetivo de lograr vender US$6 millones.

El Inguat y Hansen informaron que el 3 de abril Natgeo presentará el documental “La historia de Dios”, presentada por el actor Morgan Freeman, con un recorrido por siete países, incluyendo Guatemala, con grabaciones en Tikal y El Mirador.

Según el MEM, solo se comercializa diésel (para vehículos) con bajo contenido de azufre de hasta 500 partes por millón.

Esto podría dinamizar el ingreso de automotores de este combustible.

Luis Ayala, director de Hidrocarburos del MEM, dijo que solo existe inventario de alto contenido para uso industrial, ya que las empresas compran en grandes cantidades, como la agroindustria cañera.

En abril del 2015 entró en vigencia el cambio al Reglamento Técnico Centroamericano, que prohíbe importar combustible con más de 500 partes por millón de azufre (ppm). La norma anterior permitía hasta cinco mil ppm.

En septiembre pasado aún se reportaba en 600 ppm, pero a la fecha ya se comercializa hasta las 500 permitidas, dijo Ayala.

El presidente de Asociación de Importadores de Vehículos Automotores (Aidva), José Javier Casas, informó que ese aspecto dinamizará el mercado de vehículos diésel.

Ahora hay marcas que ya liberaron la importación de vehículos con tecnologías nuevas que usan ese combustible.

En el 2015 se importaron 12 millones 397 mil 307 barriles de diésel, 12.86% más que en 2014.

La cita se giró para cumplirse ayer a las 11 de la mañana, pero a las 10.45 horas el funcionario se excusó por medio de una carta, en la que señaló que ya tenía compromisos previos inherentes a su cargo, según dijo Juan Ramón Lau, presidente de esa sala legislativa.

Los diputados decidieron citarlo para el 10 de febrero próximo y señalaron que, de no acudir, se procederá a denunciarlo para pedir que se le conduzca, según lo establece la Ley Orgánica del Congreso de la República, además que se analizan otras acciones legales.

Lau indicó que tienen dudas acerca del cargo que ocupó Castañón en una empresa petrolera estatal de Venezuela.

Hasta la semana pasada, Castañón aparecía en Guatecompras como representantes legal de Petróleos de Venezuela (PDVSA), aunque ayer ya no apareció su nombre, sino el de Carlos Humberto López Galdámez.

“En la ley no hay un plazo para salir de un cargo a otro, pero el tema no son solo los plazos, sino que es lógico pensar que sí podría haber vínculos de interés si una persona trabajó para determinada empresa o institución y pasa a un lugar donde va a otorgar licencias”, dijo Lau.

Prensa Libre intentó comunicarse con el nuevo ministro; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta del funcionario.

Al hacinamiento, que se da desde hace cinco meses, se sumó que la semana pasada se pudo observar que habían ya cinco filas de contenedores llenos con más carros, y que cada semana vienen dos barcos con más unidades, indicó Nelson Escalante, directivo de la Gremial de Importadores de Vehículos Usados.

Según explicó Escalante, la semana pasada visitaron el lugar y ejecutivos de Cobigua les advirtieron que ya no caben más automotores por lo que, de no retirarse las unidades, en marzo ya no podrán traer más carros al país.

Razones

Uno de los atrasos se debe a los trámites de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dijo Escalante.

El directivo aseguró que se descubrió que hay un grupo de trabajadores que se tarda “demasiado” haciendo las corroboraciones y que a casi todos los vehículos los pasan a selectivo rojo, es decir que necesitan más revisión, y a otros se les pasa a expertaje de la PNC.

Agregó que también ha surgido otro problema porque varias personas que nunca han sido importadores, ahora tratan de vender los carros puestos en Puerto Barrios y sin pagar impuestos y luego el cliente debe buscar como sacar los carros de aduanas.

Estos casos se empezaron a dar hace cinco meses, pero ahora se ha vuelto crítica la situación, añadió.

Escalante comentó que la semana pasada sostuvieron un reunión con las autoridades de Cobigua e informaron que están haciendo un listado para determinar a nombre de quién está cada carro, así identificar al importador y porqué no lo saca de lugar, entre otras medidas.

“Ya se habla que están estafando a personas porque venden el mismo carro dos o tres veces” agregó pero dijo desconocer los casos y si ya hay denuncias.

La cifra total de viajeros usada ese año fue de 1 millón 776 mil 868, pero al corregirla se detectó que fue de 1 millón 279 mil 25 (-28.02%). Esta impacta el dato de visitantes, que se compone de turistas y excursionistas, y la serie histórica siguió arrastrando el error, dijo Aramburu.

En el 2014 ingresaron 2 millones 142 mil 398 visitantes, pero el dato real dice que fueron 1 millón 657 mil 257 (485 mil 141 menos).

La mayor diferencia se dio en el número por vía terrestre, en especial en excursionistas, se explicó.

La nueva información se divulgó ayer, luego de las revisiones que empezaron en el 2012 y finalizaron este mes. En el proceso participaron varios entes reunidos en la Oficina Coordinadora Sectorial de Estadísticas de Turismo (Ocset), instalada en el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y apoyo de OMT.

Los datos del 2015 son revisados con la misma metodología, por lo que cambiarán, pero se divulgarán en enero, se indicó.

“La serie estaba por encima de la realidad, el crecimiento se mantiene, pero los números absolutos cambian”, dijo Aramburu.

Según Juan Pablo Pira, analista de la la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, habrá un impacto en los datos de divisas por turismo, ya que, aunque la cifra original proviene del Banco de Guatemala, se agregaban otras proyectadas con base en el número de visitantes.

Consuelo Palacios, jefe interina de análisis e investigación del Inguat, y el representante de la OMT, indicaron que es posible que el monto de divisas varíe, pero aún no se puede hablar del impacto.

En el 2014, el Inguat reportó US$1 mil 563.8 millones en divisas por turismo.

La SAT empezó el 11 de noviembre diversos operativos conjuntos con autoridades de seguridad en las afueras de la Aduana Express Aéreo, situada en el aeropuerto La Aurora.

Hasta el viernes se habían registrado cinco casos, en los que se detectó una diferencia en el valor FOB (valor de mercancía puesta en el destino, que incluye transporte, seguro, impuestos y otros gastos), el cual excedió los US$3 mil que establece la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros (Decreto 58-90), refirió la SAT por medio del Departamento de Comunicación Social.

Los cinco casos ya se pusieron a disposición del Ministerio Público (MP) y en tres de estos ya se calculó el monto de impuestos, que en conjunto supera los Q300 mil, agregó la SAT.

Las mercancías que se detectaron dentro de las reportadas con diferencia de costos son ropa y calzado de marca, repuestos para vehículos, celulares nuevos y otros.

“La SAT no está cobrando nada extra a lo establecido en la Ley, lo que se cobra y que es de conocimiento de los courier es lo referente al impuesto al valor agregado (IVA) de importación y derechos arancelarios a la importación (DAI)”, respondió la institución al ser consultada acerca de quejas de usuarios por supuestos cobros extras.

Los operativos son coordinados con la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon).

Jorge Mario Mendoza, de la Confederación Latinoamericana del Caribe de Empresas de Servicio Expreso Courier (Cladec), calificó de positiva la intervención de las autoridades en este tipo de operativos, y expresó que de encontrarse anomalías deben buscarse los medios para regularlas.

Algunas firmas caen en “competencia desleal para las empresas que trabajamos de forma correcta. No solo es desleal, sino que se trata de fondos que dejan de llegar al país debido a la evasión (fiscal)”, dijo.

El ejecutivo expresó que es importante encontrar la forma de regular esas acciones, pero combinándola con medidas de facilitación del comercio.

Agregó que cada empresa maneja su tarifa basada en el peso más que en el pago de impuestos

Según la modificación legal del 2008, se deben pagar aranceles e impuestos de importación sobre el valor real de lo que se compra, “es imposible cobrar por libra los impuestos si la ley lo establece en base al valor”, indicó Karla Mata, de CPS Logistics.

Entre los consorcios, que ayer entregaron su papelería se encuentran: Ortiz Construcciones y Proyectos Guatemala, grupo de capital español; Odebrecht de Brasil; Instalaciones Inabensa de España; Consorcio CAE Guatemala (capital guatemalteco y mexicano).

Además, Gia Constructora y Edificadora, S. A., de México; SBI International Holdings, de Suiza, y PLIFC Hansol Korea, con capital suizo y coreano.

Los interesados presentaron su papelería ante la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) para la etapa de precalificación, para después participar en la licitación.

El proyecto, que sería una alianza público-privada, se construiría en terrenos de Ferrocarriles de Guatemala, en la zona 1, y busca albergar unos 11 mil trabajadores públicos en 280 mil metros cuadrados.

El Gobierno pagaría US$18 millones al año por 22 años a la empresa que los construya y opere y luego lo ejecutaría el Estado.

Al ser consultados acerca de la posibilidad de inversión en las actuales condiciones de crisis y casos de corrupción en el país, Jesús Piqueras, quien representa a Instalaciones Inabensa, dijo que condiciones similares existen en otros países.

Agregó que siguen la coyuntura nacional que incluyen la inestabilidad actual y espera que “se logre estabilizarlo”, pero que hay credibilidad en el país, empresarios y sistema jurídico. Juan Martínez, gerente de Marnhos México, expuso: “A pesar del tema político, es un proyecto interesante”.

La actividad tuvo varias conferencias efectuadas en el Palacio Arzobispal y la misa del mediodía en la Catedral Metropolitana.

El papa Francisco decidió que este año la familia fuera el centro de la jornada, de la cual se efectuó la cuadragésima novena edición.

“La familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicar. Volver a este momento originario nos puede ayudar tanto a comunicar de modo más auténtico y humano, como a observar a la familia desde un nuevo punto de vista”, dijo Vian al trasladar el mensaje del Santo Padre.

“La familia debe comunicarse, los papás con los hijos, los hijos con sus papás, con sus abuelitos, tíos y tías, con los parientes y los vecinos, y que ciertos medios de comunicación social no nos aíslen”, expresó el religioso durante la homilía.

El arzobispo también hizo un nuevo llamado a no aislarse, y compartió por escrito el mensaje del papa Francisco indicando que las familias pueden ayudar a dar consuelo y esperanza a otras “familias más heridas”.

Las medidas consideradas urgentes y de corto plazo fueron presentadas por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) como parte de la hoja de ruta para el rescate y reconstrucción de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Diagnóstico y planteamiento

La propuesta, que incluye 32 medidas de corto, mediano y largo plazos, se basa en retomar los principios del pacto fiscal, dijo el director del Icefi, Jhonatan Menkos.

El planteamiento surge luego de que el 16 de abril se desarticuló una red defraudación aduanera descubierta por la (Cicig) y que ha generado una crisis en el Gobierno.

Según el Icefi, el diagnóstico preliminar realizado refiere que la evasión fiscal del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta (ISR) superó los Q20 mil 500 millones en el 2014.

De estos Q15 mil 100 millones se refieren al IVA y Q5 mil 480 millones en el ISR, lo cual en ambos casos significa el 40.3% del total de potencial de recaudación de cada impuesto, explicó.

A ello, según el documentos, se agregan las pérdidas que puedan existir en el despacho aduanero, devolución del crédito fiscal del IVA al sector exportador, política de fiscalización, Registro Fiscal de Vehículos y la Intendencia de Asuntos Jurídicos.

Entre las medidas de corto plazo se incluyó revisar el proceso para la elección de los nuevos directores de la SAT, decisión que está pendiente de tomar por el presidente Otto Pérez.

Respecto del recurso humano sugieren revisar la forma de contratación de personal, incluso aplicar verificación por medio de polígrafo o análisis de estrés en la voz y retomar la carrera administrativa.

Para las aduanas se recomienda que el SAT convoque de forma inmediata a un nuevo pacto de integridad de aduanas, así como prohibir el despacho aduanero de contenedores no manifestados conocidos como fly, además de fortalecer controles para la verificación por medio del semáforo y publicar los resultados de esa revisión en internet.

A más largo plazo se propone cambio en los procedimientos aduaneros y portuarios. Incluso, reformas legales para cambiar la estructura, se propone una evaluación del modelo de gestión y se cuestionó si esta debe ser autónoma, centralizada o mixta.

Miguel Gutiérrez, exsuperintendente de la SAT, mostró su desacuerdo respecto de la centralización de la entidad a manos del Ministerio de Finanzas, aunque Carías dijo que se malinterpretó lo expuesto por Icefi.

Gutiérrez, como la abogada Ana Lucía Alejos y el economista Eduardo Velásquez, expresaron que la propuesta debe incluir aspectos políticos.

“Son propuestas de carácter técnico, concretas y que requieren cambios en procesos y procedimientos internos, orientados a mayor transparencia”, aseguró Menkos.

El ministro de Finanzas, Dorval Carías, afirmó que hoy se empezará a discutir la propuesta.

Respecto de la evasión dijo que desconoce los cálculos del Icefi, pero que un estudio de la Cepal refiere que la evasión en el ISR de personas individuales pasaba de 60%.

A la presentación acudió el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, mientras que el CUC y el Cacif apoyaron la propuesta.

Durante el foro se expondrán ocho proyectos de Guatemala que representarían una inversión por unos US$3 mil 500 millones, refirió Norman Anderson, presidente de la firma CG/LA Infraestructura, que organiza el evento.

Entre estos, el gasoducto que se impulsa construir con México (que generaría inversiones en los sectores de construcción, transporte y redes de distribución por US$1 mil 600 millones), además la fase II de la terminal de Puerto Quetzal (US$175 millones), la fase II del Plan de Expansión de Transmisión de Energía, PET (por US$175 millones), dijo Julio Héctor Estrada, director ejecutivo de la Anadie.

Además del Tren del Pacífico (US$250 millones), la autopista que conectaría la Calzada Atanasio Tzul con Centranorte, el tren de pasajeros y de cercanías (US$650 millones), el Complejo Administrativo del Estado (US$180 millones) y el Puerto terrestre en Tecún Umán (US$40 millones), agregó al mencionar que se trata de proyectos estratégicos para el país.

El Pet 1, adjudicado a la Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A., (Trecsa) fue reconocido con el puesto 24, se informó.

Aparte, se efectuará dentro del evento una cumbre del gas para tratar el impulso, búsqueda de financiamiento, y avances para el gasoducto, explicó el viceministro de Minas e Hidrocarburos, José Miguel de la Vega. Mencionó que Honduras y El Salvador han mostrado interés en que se extienda hacia sus países.

Hugo Rodríguez, director de la institución, explicó que ha habido conversaciones con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con ese fin, para que esta medida tenga vigencia a partir de enero del 2015.

La medida se aplicaría de forma similar con las policías municipales de tránsito, ya que se necesita estar solvente de multas para pagar el ISCV.

En el portal de la SAT está disponible la consulta de multas emitidas por la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala (Emetra), la Empresa Mixqueña de Tránsito (Emixtra) y de entidades similares de las municipalidades de Santa Catarina Pinula y Villa Nueva. Además, se pueden consultar las multas emitidas por el Departamento de Tránsito de la PNC.

Multas emitidas

Durante el 2014 se emitieron 985 multas al transporte por Q9.5 millones. Sin embargo, muchas de estas no han sido pagadas, informó Rodríguez.

En noviembre, el Gobierno emitió la exoneración del 50% de las multas al transporte extraurbano de pasajeros por el plazo de tres meses, luego de las negociaciones por el nuevo reglamento del sector.

Hay unas 19 mil unidades registradas en el país, pero circulan otras nueve mil que no cuentan con autorización para prestar el servicio, se informó recientemente.

Se ha previsto que el dinero recaudado por ese concepto se destine a contratar más inspectores y a más vehículos para los operativos. “De esta forma se puede reducir el índice de accidentes de transporte extraurbano”, señaló el funcionario.

En la actualidad, la DGT cuenta con 38 inspectores, y en conjunto con el apoyo que brindan Provial y la Policía Nacional Civil (PNC), llegan a 300 vigilantes en todo el país, indicó Rodríguez.

Se buscó la versión de la SAT; sin embargo, hasta el cierre de la edición, no respondieron la solicitud.

Del 3 al 14 de diciembre del 2014, como parte del Plan Salvando Vidas, se impusieron 182 multas por Q3.2 millones, señaló el director de la DGT.

La firma se efectuó en mayo del 2014, por funcionarios de ambos países, y fue publicado ayer en el Diario de Centro América.

Edwin Rodas, viceministro de Energía de Guatemala e integrante del grupo de trabajo instalado para tal fin, informó que a la fecha han efectuado cinco reuniones bilaterales.

El primer paso es que se solicitó, y que se realiza en la actualidad, un estudio con consultores del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo de demanda de gas Guatemala y Centroamérica, para determinar la factibilidad del gasoducto, añadió.

Se espera que ese estudio se finalice el primer semestre. La inversión para la obra sería de capital privado.

La baja ha provocado un aumento de generación con búnker.

El comportamiento, en ese plazo, ha impulsado un aumento del 41% en el precio spot —precio de compraventa de energía sin contrato—.

En diciembre último, las hidroeléctricas aportaron un 47.19% a la demanda, y en febrero bajaron 33.58%, según el monitoreo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). Esa baja significa 28.8% menos.

La situación obligó a la participación del 7.7% de búnker en diciembre a 8.74% en febrero; el carbón pasó de 16% a 22.4%, y la biomasa de 26.8% a 31.9%.

En las últimas semanas se ha convocado a las plantas de reserva como las de búnker —el combustible más caro— para apoyar a cubrir la demanda.

Una de estas es Polliwatt, que fijó el precio spot durante 23 horas, del 27 de febrero al 1 de marzo pasados, sumando a Genor y Textiles de Lago, que fijaron el precio durante 19 horas.

El viceministro de Energía, Edwin Rodas, atribuyó el aumento del precio spot al menor aporte con las hidroeléctricas por la temporada de verano.

Además, explicó que como una medida para reservar agua para los meses más críticos se ha aumentado el precio de la energía de Chixoy, para que se le convoque menos para generar menor electricidad.

El promedio mensual pasó de US$47.51 por megavatio en diciembre a US$67.27 en febrero, un aumento de 41%.

Sin embargo, hay días en que el precio ha sido más alto, ya que el 25 de febrero último el promedio diario se ubicó en US$79.36, y el 27 de febrero en US$84.29, mientras que el 1 de marzo promedió US$79.87

Rodas, Carmen Urízar, presidenta de la CNEE, y Horacio Fernández, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Generadores, coincidieron que a pesar de esas alzas los precios están más bajos que en la misma época del 2014, debido al ingreso de nuevos proyectos de generación.

En febrero del año pasado el spot era de entre US$120 y US$145, refirió Fernández.

Sin embargo, Urízar opinó que ese comportamiento no afectará a la tarifa regulada —social y no social, que suministran la distribuidoras—, de la cual se esperan bajas en mayo. Rodas dijo que ante un año seco, el sistema se prepara.

La baja es de casi Q0.20 en relación con la que se cobra en la actualidad, refirieron ejecutivos de esa compañía.

En la actualidad, la tarifa no social fijada para los usuarios de la EEGSA es de QQ1.44 por kilovatio (kWh) hora al mes, y para la tarifa social, Q1.42.

Esa empresa atiende un millón 111 mil usuarios de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez.

Se debe tomar en cuenta que para la tarifa social que cubre a los usuarios que consumen de 0 a 300 kilovatios hora al mes el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) brinda un subsidio extra, con lo cual quienes usan de 0 a 50 kWh deben pagar solo Q0.50 y los que consumen de 51 a 100 kWh Q0.75.

Ajuste

Los nuevos precios de Q1.25 por kWh se podrán tener a partir del ajuste trimestral que cubre de mayo a julio próximos, explicó Carlos Rodas, gerente de planificación de esa empresa.

Rodas dijo que este será un valor sostenible para este y varios años más.

“Alcanzaremos un nivel de sostenibilidad que es quizá el más importante, ya que los precios no dependen de la volatilidad del precio de los combustibles fósiles en el extranjero”, comentó.

Los nuevos contratos firmados, la mayoría con recursos renovables, que entrarán a suministrar a partir de mayo próximo son por 15 años, y según Rodas son precios muy predecibles, porque sus únicas variaciones responden a los índices de inflación.

Esto fue consignado en el contrato, aunque en algunos casos no se incluye, y eso ayudará a dar certeza para precios futuros, agregó.

Desde el 1 de noviembre del 2014 ya se registró una reducción de las tarifa de 6%, y en febrero otra del 10% en relación con las anteriores. Se espera alcanzar el 25% con estas nuevas rebajas, comentó.

El ejecutivo dijo que en el 2009, el 52% de la matriz energética que abastecía a la EEGSA para cubrir a sus usuarios era de búnker y diésel, 36% hidráulica, 3.5% geotérmico y 8.5% carbón.

En tanto, para el 2014 el búnker significaba solo el 8%, mientras que el carbón representó el 39%, la hidroeléctrica 28% y la mixta —que incluye bagazo de caña de azúcar, búnker y carbón— el 25%, según datos de la compañía.

A partir del 1 de mayo próximo, el suministro con generación con carbón será de 28% y el búnker 12%. En tanto, la generación con agua subirá a 43% y la biomasa será de 1%, pero aparecerá la generación solar y eólica, con 8% cada una.

Las contrataciones de la EEGSA son para cubrir demanda anual, además del vencimiento de varios contratos con los ingenios azucareros, pero a precios de búnker.

La licitación que se celebrará hoy sustituirá los contratos que no podrán aportar energía a partir del 1 de mayo próximo, como se había requerido.

Dimas Carranza, director de regulación de Energuate, refirió que la adjudicación se basará en la competencia de precios bajos y las ofertas se recibirán a finales de marzo.

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) informó que uno de los proyectos que no estarán a tiempo es el de Energía del Caribe, que debe suministrar 120 megavatios (MW) con gas natural, cuya electricidad sería importada desde México.

Esos contratos son parte de los proyectos adjudicados en las licitaciones de largo plazo, y son por 15 años.

Los atrasos, en este caso, informó la CNEE, se deben a los trámites de permisos que han requerido las autoridades del vecino país. Carranza dijo que este proyecto podría tardar un año más.

También están atrasadas las hidroeléctricas Tres Ríos (5 MW), ubicada en San Pablo, San Marcos, y San Luis (6.56 MW), en Huehuetenango.

En cuanto al proyecto Renace II, por 90 MW, la CNEE refiere que podría operar en mayo próximo, pero que podría atrasarse tres meses. Jaguar Energy, generadora de 300 MW con carbón, podría no estar lista en mayo. Esta generaría 200 MW para Energuate.