La formación del tribunal se establece en el decreto Decreto 37-2016, que fue publicado en agosto pasado y que se refiere a la Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y gobernanza de la SAT.
Según el decreto mencionado, las funciones que hasta ahora han estado en manos del propio directorio cambiarán y pasarán al tribunal.
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De acuerdo con el texto, el plazo del nombramiento es por ocho años, con un salario mensual de Q25 mil contratado en el renglón presupuestado 011, más prestaciones, y quienes sean nombrados no podrán ejercer otro cargo público o privado, aunque se exceptúa los casos establecidos en el artículo 112 de la Constitución.
Ese artículo se refiere a la prohibición de desempeñar más de un cargo público y establece que “Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios”.
Aparte de ser profesionales universitarios, los postulantes deben ser guatemaltecos, mayores de 30 años y con una experiencia mínima de cinco años en materia tributaria o aduanera.
