La empresa contratada desde el 2023 para instalar seis escaleras eléctricas y ocho elevadores en el Aeropuerto Internacional La Aurora, por Q8 millones 650 mil, se ha atrasado dos veces en los plazos de entrega.

A un mes de haberse detectado el primer caso de gusano barrenador en Guatemala ya se reportan un total de 28 casos en el país, informan autoridades.

Diputados no aprobaron fondos para aportes y subsidio para tarifa social en el presupuesto del Estado del 2025, argumentando que la institución tiene montos millonarios en la caja, pero autoridades del INDE los refutan y detallaron los proyectos para los cuales prevén destinarlos.

El ministro de Energía y presidente del Inde, indicó que se usarán fondos propios y se buscarán otras alternativas para completar el monto, en tanto el ministro de Finanzas, dijo que la entidad tiene fondos y no se prevé ninguna crisis.

Ante señalamientos del impacto que podría tener el presupuesto de ingresos y egresos de la nación aprobado para el 2025  en el crecimiento económico y en el déficit fiscal, el Banguat explica sus estimaciones y de qué dependerá.

La Junta Monetaria decidió reducir en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria, que se mantenía en 4.75 % desde septiembre del 2024, explicando que se han disipado los choques de oferta en los precios.

Autoridades de la SAT presentaron una nueva denuncia por posible defraudación tributaria que se desprende del caso presentado en agosto pasado llamado B410 y de otros contribuyentes con inconsistencias. En cuatro años el contribuyente ha logrado adjudicaciones por Q133 millones del Estado.

Luis Fernando Samayoa, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) respondió a las consultas efectuadas por <em>Prensa Libre</em> acerca de la aplicación de la Ley de Competencia y cómo podría estar sujeto ese sector a esa nueva legislación.

La nueva Ley de Competencia, recientemente aprobada por el Congreso y pendiente de entrar en vigencia, tiene fortalezas y debilidades, según analistas consultados por Prensa Libre y quienes dar a conocer los diferentes puntos de vista acerca del contenido e implementación.

Las prácticas anticompetitivas que se prohíben deberán ser investigadas por la Superintendencia de Competencia que se crea en la nueva ley, y que las ha clasificado en dos grupos según en el decreto 32-2024.