Rosa María Bolaños
Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.
NOTAS DE Rosa María Bolaños
El Ministerio de Finanzas está a la espera de que se finalice el trámite legislativo del decreto 16-2024, para poder disponer de Q14 mil 451 millones aprobados por el Congreso.
Una agenda legislativa y varias acciones de entes estatales son prioritarios para atraer más inversión al país, refiere la entidad, al hablar del marco legal que impacta en la economía.
Organizaciones empresariales le prestan atención al avance de la ley de infraestructura vial prioritaria, dictaminada el miércoles por la Comisión de Economía del Congreso y expresan preocupación por el sistema portuario.
La comisión de Economía del Congreso propone crear una dirección general, trabajar en carreteras prioritarias y establecer un modelo de contratación de pago por disponibilidad, sin pago de peaje.
No contar con una legislación que incluya a la autoridad portuaria designada ocasionaría una descertificación por parte del Servicio de Guardacostas o Guardia Costera de EE. UU.
“El Gobierno logra una victoria legislativa clave con la ampliación del presupuesto para hacer frente a las carencias económicas”, indica el comunicado firmado por Moody´s Ratings.
Las demoras en la carga y descarga de buques pueden extenderse hasta 45 días, a pesar de las medidas emergentes adoptadas por la portuaria guatemalteca.
El Mintrab afronta el reto de verificar el pago correcto de las remuneraciones establecidas, según actividad económica y región, para corregir el problema cuando corresponda. Datos se derivan de informes que se deben presentar cada año, y existen varias razones, según expertos.
El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó que al menos a seis compañías denunciadas por la SAT tienen aprobadas contrataciones este año en distintas instituciones y comunas y explica qué procede.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Comisión Nacional contra la Corrupción actuarán desde el marco de su competencia.