Las personas que profesamos una fe no podemos permitir que se nos utilice para ganar simpatías políticas.

Las intenciones originales que se tuvieron al emitir la Declaración Universal de Derechos Humanos han sido olvidadas.

No podemos otorgarle más poder y facultades a funcionarios que ya de por sí ejercen muy mal las que ya tienen; por el contrario, debemos vigilarlas, reducirlas, exigir.

Recordémoles siempre a los funcionarios que no pueden hacer lo que se les antoje ni por el tiempo que deseen. Nosotros, los ciudadanos, somos quienes tenemos el poder; nosotros somos quienes facultamos a los funcionarios para ejercerlo, y no al revés.

Las máximas autoridades electas democráticamente, entiéndase presidente y vicepresidente de la República, diputados y alcaldes, no han sido las más representativas para las necesidades del país.

No desfallezcamos hasta lograr ese cambio, hasta que podamos elegir a los diputados nominalmente.

La ciudadanía merecemos respuestas por parte de nuestros funcionarios públicos. Y respuestas apegadas a Derecho, según nuestra legislación vigente.

El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución.

No podemos perder de vista que el funcionamiento del sector justicia tiene repercusiones en la economía.

Esta situación nos recuerda que los seres humanos no controlamos nuestro futuro ni el curso de la historia.