En un reciente artículo mencioné  que el régimen madurista se ubica en “la categoría de “totalitarismo fallido” que ha desarrollado  el politólogo Michael Waltzer. Se trata de un régimen que tiene vocación y objetivos totalitarios, pero le falta la capacidad y la eficiencia para concretarlos,  el resultado, nos dice  Waltzer, “es alguna forma de tiranía chapada a la antigua, pero disfrazada con un ropaje fascista o comunista”.

Mauricio Rojas, pensador chileno, que en juventud fue guerrillero  y militó en el MIR, se exilió en Suecia después del golpe de Pinochet y abandonó el marxismo-leninismo, siguiendo el ejemplo, mutatis mutandis  de Arthur Koestler, Ignazio Silone, Octavio Paz, André Gide, Jorge Semprún, Victor Serge, Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Arthur London y Teodoro Petkoff, entre otros, nos dice, en un reciente artículo, que un régimen totalitario comunista se implanta cuando: “un  grupo dominante se dota de todos los mecanismos del poder total, particularmente de un aparato para ejercer el terror sobre toda la sociedad, un monopolio prácticamente absoluto sobre la economía, la educación y los medios de comunicación, una ideología oficial —el marxismo-leninismo— y, finalmente, un líder con poderes ilimitados.

Frente a la pérdida del apoyo popular y al desastre socioeconómico, el directorio feudalizado que gobierna el país ha optado por un aumento impresionante de la represión, ya son más de 80 las víctimas mortales, y la implantación de un régimen totalitario, similar al modelo cubano, a través de una asamblea constituyente electa de forma parecida a una mezcla de los soviets de la extinta URSS y el Congreso Corporativo fascista de Mussolini. En el chavismo existen sectores que no acompañan la intención totalitaria y colectivista de la mayoría actual del directorio. Es evidente que la Fiscal General no está sola en sus denuncias de violación del orden constitucional y de las atrocidades cometidas por la Guardia Nacional y los paramilitares del régimen. En la comunidad internacional hay una creciente conciencia de la vocación totalitaria del régimen y de la gravedad del desastre socioeconómico, que podría crear una emergencia humanitaria, con miles de potenciales refugiados buscando amparo en los países vecinos. Todas las transiciones no violentas de un gobierno autoritario a uno democrático en el último medio siglo, como España, Polonia, Chile, Suráfrica, Nicaragua, Brasil, entre otras, se han dado por una “pinza” eficiente de presiones nacionales e internacionales. El fin del régimen autoritario, en estas transiciones, no se da hasta que por lo menos un importante sector del mismo percibe que la salida negociada es la única manera de evitar consecuencias muy negativas para el país y su futuro político y personal.

El directorio feudalizado que gobierna el país está dirigido por una mayoría integrada por una alianza de stalinistas ideológicos y oportunistas temerosos de entregar el gobierno, quizás por razones “non santas”. Esta mayoría coyuntural, frente a la pérdida del apoyo popular, ha decidido una fuga absurda hacia “adelante”, que implica el aumento de la represión e intimidación de la oposición y el incremento de los privilegios para los miembros y “clientes” del partido de gobierno y, en particular, para los sectores militar y paramilitar que la apoya y de los cuales depende cada vez más su mantenimiento en el poder. La mal llamada constituyente es una mezcla grotesca de los soviets de la extinta URSS, del Congreso fascista de las Corporaciones de Mussolini y de los bantustans del apartheid surafricano. Se acaba con el principio democrático fundamental de “una persona, un voto”. Una constituyente se hace para establecer las reglas básicas de la convivencia en un país, por lo cual se debe buscar el acuerdo de la inmensa mayoría de los ciudadanos. En cambio, esta es una farsa desesperada para que una minoría le imponga a la mayoría una economía colectivista y un sistema político totalitario, calcados en el fracasado modelo cubano, básicamente para permanecer indefinidamente en el poder.

Frente al desastre socioeconómico, provocado por la ineptitud, la corrupción y las “ideas muertas” de un neocomunismo trasnochado y la consiguiente pérdida del apoyo popular, el gobierno de Maduro ha optado por el aumento de la represión, la intimidación y la militarización de la sociedad, en el marco de un golpe de Estado continuado que ha anulado el Parlamento, usurpado todas sus funciones y postergado indefinidamente el ejercicio del derecho al voto.

En Venezuela la anulación total del Parlamento fue un proceso gradual iniciado en el 2016, la aparente rectificación de última hora no eliminó la usurpación de todas sus funciones constitucionales por un Tribunal Supremo controlado por el madurismo y la entrega de poderes absolutos a Nicolás Maduro, en el marco de un estado de emergencia permanente, no aprobado por la Asamblea Nacional. Todo esto se parece mucho al autogolpe de Estado que dio en Perú, en abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori, llamado Fujimorazo. Sin embargo, hay dos diferencias con el Madurazo: Fujimori tenía un apoyo popular del 82% en las encuestas y una situación socioeconómica crecientemente positiva, después de la hiperinflación en el anterior gobierno de Alán García. En Venezuela, más del 80% de la población está en contra del gobierno y la situación socioeconómica es una verdadera tragedia nacional. Fujimori cayó unos años después, cuando quiso perpetuarse en el poder a través de un fraude y por el destape de la escandalosa corrupción de su gobierno. Actualmente paga una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. En mi opinión, el Madurazo se parece más al Serranazo. En mayo de 1993, el presidente de Guatemala, Jorge Serrano también clausuró el Congreso y asumió poderes dictatoriales; sin embargo solo tenía un apoyo popular del 25% y la situación socioeconómica no era tan desastrosa como en Venezuela, pero tampoco positiva como en Perú. Frente a la reacción de la comunidad internacional y de la sociedad guatemalteca, las Fuerzas Armadas, que en un primer momento apoyaron a Serrano, alrededor de un mes después anunciaron que restablecían el orden constitucional violado y él partió al exilio, donde todavía permanece.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en un documento de más de 70 páginas actualiza su informe sobre la situación venezolana, presentado en junio del año pasado. Almagro evidencia que en Venezuela ha habido una clara ruptura del orden constitucional y del sistema democrático. A la mayoría de dos tercios de un parlamento electo popularmente se le ha confiscado todos sus poderes constitucionales. Un Tribunal Supremo de Justicia, electo inconstitucionalmente por la Asamblea Nacional (AN) anterior en los estertores de su mandato, sin respetar los tiempos, procedimientos y requisitos para los cargos de magistrado, ha declarado inconstitucionales prácticamente todas las leyes que la nueva Asamblea ha aprobado. El Ejecutivo ha gobernado desde inicios de 2016, amparado en un estado de Excepción y de emergencia económica, decretado unilateralmente, desacatando el voto negativo de la AN. Frente a la tragedia socioeconómica que vive el país y la caída brutal en el apoyo popular al régimen, el gobierno ha aumentado la represión y la intimidación de los disidentes. A todo esto se le suma la negación del fundamental derecho al voto, concretada con la suspensión arbitraria del derecho constitucional al referéndum revocatorio y con la postergación indefinida de las elecciones regionales. Frente a esta pavorosa realidad, Almagro afirma que, dado que todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana (CDI) han sido violados y que las gestiones diplomáticas llevadas a cabo por los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos no han tenido resultados, propone a los gobiernos de la OEA que, si en 30 días no se convoca a elecciones generales, se libera a los presos políticos, se validan las leyes que han sido anuladas, se eligen un nuevo Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución, debería suspenderse la participación del Gobierno de Venezuela en la OEA.

El nombramiento de Tarek El Aissami como vicepresidente de la República simboliza la fuga hacia el absurdo del gobierno madurista. El Aissami forma parte del círculo radical más identificado con el marxismo-leninismo del modelo cubano y el sector del régimen que ha mantenido relaciones estrechas con los gobiernos de Saddam Hussein y Gheddafi en el pasado, y en la actualidad con la clericocracia iraní y movimientos islamistas como Hezbollah. Se está profundizando el modelo económico desastroso basado en las “ideas muertas” de un socialismo primitivo que, como decía Bronislaw Geremek: “No solo no creó riqueza, sino ni siquiera distribuyó con justicia la pobreza”. Aumentan cada día los presos políticos y la policía política desconoce las órdenes de excarcelación de los pocos jueces que se atreven a producirlas.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el Brexit, el auge de los populismos de derecha e izquierda en Europa y el fortalecimiento de los autoritarismos, básicamente capitalistas, pero iliberales, en Rusia y China, han creado la sensación de que vivimos en un mundo peligroso y en transición, cuya característica fundamental es la incertidumbre.

El 16 de diciembre, el saliente Secretario general de la ONU publicó un comunicado sobre la controversia entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, en el que se afirma que el Proceso de los Buenos Oficios, iniciado en 1990, para tratar de buscar una solución a la controversia “continuará por un último año, hasta el fin de 2017, con un mandato reforzado de mediación”. Ban Ki-moon agrega que “también ha llegado a la conclusión de que, si hacia fines de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución, a menos que los gobiernos de Guyana y Venezuela, en forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo”.