La presión apremia a Guatemala ante la próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la necesidad de contar con un nuevo marco jurídico para la prevención del blanqueo de dinero.

Empresas de loterías, sistemas de vaticinios deportivos, proveedores de servicios de activos virtuales, contratistas y proveedores del Estado son las nuevas personas obligadas que estarán bajo vigilancia de la unidad de inteligencia financiera.

Guatemala actualizará las leyes para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT), vigentes desde el 2001 y el 2005. Por ello, el Organismo Ejecutivo presentó este lunes 28 de julio una nueva versión al Congreso de la República, para iniciar su discusión y eventual aprobación.

El gasto tributario en Guatemala fue de Q20 mil 800 millones durante el 2024 y superó los Q17 mil 326 millones contabilizados en el 2023, según un reporte del administrador tributario.

El sector industrial está atento a las decisiones que pueda adoptar Estados Unidos en materia arancelaria, explicó Enrique Font, quien asumió la presidencia de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) el pasado jueves 24 de julio.

El Gobierno central mantiene Q31 mil 837.3 millones como depósitos sin utilizar, una cifra extraordinaria a cinco meses del cierre del ejercicio fiscal, y con una baja ejecución en diferentes programas de gasto público, sobre todo en inversión.

Los Codedes podrían acumular un presupuesto de Q23 mil millones en dos años, si el Congreso autoriza trasladar al 2026 unos Q6 mil millones no ejecutados en el 2025. Analistas advierten que esta acumulación responde a intereses clientelares, especialmente de diputados distritales.

Guatemala tiene las condiciones de infraestructura para alcanzar el 90 % de inclusión financiera en el corto plazo, según la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG).

Guatemala actualizó los indicadores de inclusión financiera y, aunque la meta es llegar al 90%, el índice se ubicó en 65% en marzo del 2025, gracias a la simplificación de trámites y la digitalización. El sector financiero ve potencial de crecimiento en la provincia.

De aprobarse iniciativa de ley presentada al Congreso por parlamentarios oficialistas, podría ampliarse contrato de Perenco en el campo Xan, Petén, para seguir produciendo y quedaría a su cargo la obligación del cierre técnico de los pozos.