Por su parte, el Director Departamental de Educación, Fausto Esquivel Rivera, confirmó que recibió el oficio y que le trasladó la información a los 25 CTA de los ocho municipios de Baja Verapaz, donde hay un promedio de 48 mil estudiantes.
Aseguró que la orden no tiene relación directa con los sucesos nacionales. “Los CTA deben estar pendientes de que no se tergiverse la actividad patria, que los estudiantes se dediquen únicamente a la parte cívica. Solo eso indica el oficio”, comentó.
Al preguntarle qué sucederá si alguien no acata lo instruido, Esquivel Rivera, dijo: “como no tenemos experiencia en este tipo de situaciones, tendríamos que esperar instrucciones del despacho superior”.
Esquivel Rivera expresó que no tienen información de alguna amenaza de infiltración, como lo describe el oficio, y que algunos municipios no tendrán actividades cívicas por el cumplimiento de los 180 días de clases, de modo que la mayoría de actividades serán este viernes, dentro de los establecimientos. “El oficio es simplemente una prevención, porque no se sabe si hay grupos interesados en afectar a la niñez”, explicó.
Apoyo al mandatario
El pasado lunes, 10 de septiembre, los 22 gobernadores del país, conformados en el Foro de Gobernadores, ofrecieron una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, donde expresaron su apoyo al presidente Jimmy Morales y, a través de un comunicado, pidieron que la Cicig explique sobre el uso de los recursos.
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“En aras de la transparencia y la rendición de cuentas, consideramos pertinente que la Cicig informe sobre los aportes monetarios recibidos y el destino de esos recursos, producto de los impuestos de los contribuyentes extranjeros”, dijo Herrera, secretario del Foro de Gobernadores y gobernador de Baja Verapaz.
Los gobernadores, que representan al mandatario en cada departamento, apoyan la decisión del presidente Morales de no renovar el mandato de la Cicig y negarle el ingreso al país a Iván Velásquez, quien dirige la entidad de Naciones Unidas.
Postura oficial
El ministro de Educación, Óscar Hugo López, indicó que es la Dirección Departamental la encargada del desfile del 15 de septiembre, y que si los establecimientos educativos reciben alguna orden por parte de esta entidad de no llevar pancartas de tipo político deben acatar la disposición.
“Es un desfile escolar, con fines de celebración de las fiestas patrias, como tal, deberá circunscribirse a lo que se establece. Hay otros espacios para la manifestación social y política, el desfile no es ese lugar”, señaló.
López mencionó que se trata de resguardar a los estudiantes de cualquier agresión. “En este caso los niños son utilizados para expresarse sobre temas sociales y políticos, habrá personas que están de acuerdo y otras que no, y pueden proferir algún tipo de mensajes de descontento, de irrespeto, chiflidos o acciones negativas contra ellos y eso va en contra de su integridad; por lo tanto, el Ministerio de Educación considera superior la protección de los niños y adolescentes”, manifestó el funcionario.
Aclaró que no se está coactando el derecho de manifestar o juicio crítico de los niños; sin embargo, “hay que establecer límites. Ese no es el lugar para manifestar, si no, todos los desfiles van a estar llevando pancartas a favor de uno o a favor de otro, y se pierde la naturaleza la actividad”.
Es ilegal
Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos, manifestó que el oficio no cumple con las formalidades mínimas que estable el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, pues no cita ninguna norma legal o reglamentaria que lo fundamente.
Añadió que es riesgoso para la libre emisión del pensamiento la discrecionalidad de ¿qué es político y qué es cultura ciudadana? Agregó que es un oficio ilegal y que el gobernador no tiene jerarquía inmediata sobre el director departamental de Educación, quien está bajo el mando del ministro de Educación.
Expresó que luego de las pancartas en Quetzaltenango, esta medida tiene el tinte de ser represiva. Rodas manifestó que no toda pancarta es política, pues también son muestras del ejercicio ciudadano, pero “eso es la libertad de expresión”.
“No hay que confundir el tema político, porque en primer lugar la Cicig no es partido político”, enfatizó el magistrado de conciencia, quien añadió que querer libertad de independencia, querer transparencia y querer a la Cicig no es nada político.
“Se tiene que tener en cuenta que hay que formar a los niños y jóvenes con una actitud crítica, para que comprendan del porqué de la realidad”, manifestó.
Aclaró que el delegado de la PDH no participó en ninguna reunión y que habló de otros asuntos con el gobernador, quien le pidió la posibilidad de participar en una campaña de concienciación para el efecto.
Dijo que es lamentable que se pretenda establecer medidas que limiten la libertad de expresión y se exhorta a la población a que ejerza esta libertad.
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