Guatemala

Criterios están divididos por legalidad de allanamientos en el Registro de Ciudadanos

Constitucionalistas afirman que allanamientos del MP y orden captura son ilegales, mientras que abogado afirma que hubo flagrancia y desacato a lo ordenado por el juez Fredy Orellana.

Agentes de la PNC custodian el ingreso al Registro de Ciudadanos mientras el MP allana las instalaciones.(Foto Prensa Libre: Esbin García)

Agentes de la PNC custodian el ingreso al Registro de Ciudadanos mientras el MP allana las instalaciones.(Foto Prensa Libre: Esbin García)

Ante los allanamientos del Ministerio Público (MP) y la orden de captura en contra de la registradora de Ciudadanos en funciones, Eleonora Castillo, analistas y abogados constitucionales analizan el entorno legal de estas acciones, aunque difieren en sus posturas; mientras unos dicen que es un amedrentamiento político, otros sostienen que es un procedimiento legal.

Para el abogado constitucionalista, Alejandro Ballsels, no hay una figura legal o jurídica para las acciones del MP.

“En primer lugar, el MP está jugando una política partidista, lo segundo es que el TSE fue claro en sus respuestas y tercero, la Corte de Constitucionalidad señaló que el acuerdo de segunda vuelta electoral va y en consecuencia no se puede interferir en  la responsabilidad del Registro de Ciudadanos”, afirma.

Según Ballsels, todo se trata de un amedrentamiento del MP y del juez_Fredy Orellana, que conoce de manera ilegal el proceso, por lo que califica las acciones de graves.

“Ir a buscar a la registradora en funciones es absurdo porque ella goza de antejuicio, cualquier estudiante de primer año de  la carrera de Derecho lo sabe, porque es un cargo inherente, si ella funge como registradora de ciudadanos goza de antejuicio”, señala Balsells.

Agregó: “venir ahorita a negarle la calidad de parte a la entidad que es perjudicada, que es el partido Semilla, es ser un juzgador que no respeta ninguna garantía procesal, el juez es un prevaricador”.

Exceso

El politólogo Édgar Ortíz califica de “lamentables y excesivos” los allanamientos en el Registro de Ciudadanos del TSE, al considerar que intimidan a los magistrados, y que en este momento son los más vulnerables, solo por acatar lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Es muy claro el fallo de la CC que emitió el 13 de julio, cuando le otorgó un amparo provisional a Semilla. La CC dijo que se debía acatar lo resuelto por el TSE y este órgano electoral oficializó los resultados. En ningún momento hay flagrancia porque el Registro de Ciudadanos no pudo cumplir esa orden judicial porque está imposibilitado para hacerlo, y solo cumplió una orden de la CC”, afirma.

“Son acciones ilegales”

El director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, consideró que el nuevo allanamiento en las oficinas Tribunal Supremo Electoral (TSE) corresponde a un acoso hacia el ente electoral.

“Es un acoso judicial que raya en lo ilegal, porque son acciones que realmente son de dudosa legalidad”, refirió Manfredo.

A su decir, el Ministerio Público (MP) busca entorpecer el proceso electoral para su propio beneficio.

“Buscan entorpecer el ambiente electoral y crear un ambiente de caos y zozobra porque eso seguramente les ayuda en sus fines políticos al MP y a sus aliados”, añadió.

En cuanto a que giró una orden de captura contra la directora del registro en funciones, Eleonora Castillo, quien posee inmunidad por el cargo que ostenta, comentó que es una acción ilegal.

“Son acciones abiertamente ilegales, recordemos que son muy respetuosos de la inmunidad con personas vinculadas a grandes casos de corrupción, ahí no le tocan ningún pelo a ninguna persona y cuando se trata de un caso donde ellos tienen interés de persecución política como este pues actúan como se les da la gana”, condenó el director.

De la misma manera, refirió que Acción Ciudadana presentó una exhibición personal a favor de Castillo y que la situación en el ámbito electoral son “muy peligrosas para el país”.

Avala allanamientos

Por su parte, el abogado Fernando Linares Beltranena defendió las acciones del MP argumentando que “es una medida buscando evidencia para detener que se continúen los daños negativos del delito”.

Bajo su mirada, el Registro de Ciudadanos y el TSE no acató la orden de juez Séptimo, por lo que se requiere más evidencia y que continúe la investigación contra Semilla.

Sobre la orden de captura, Linares Beltranena justificó que el Registro de Ciudadanos está cayendo en un delito continuado flagrante por lo cal se justifica la decisión del juez a petición del MP.

“Al ser flagrante procede incluso la captura para detener los efecto negativos del delito” aseguró.

Y ejemplificó que si a un magistrado la Policía Nacional Civil (PNC) lo atrapa asaltando un banco, será detenido a pesar de la inmunidad que posee porque fue encontrado mientras cometía el delito.