El 24 de enero del 2018, la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó la forma en que la constructora brasileña Odebrecht entregó sobornos a Sinibaldi, Baldizón y al empresario Carlos Arturo Batres Gil para obtener el contrato de ampliación de la carretera CA-2 Occidente.
El entramado de corrupción, según el Ministerio Público (MP), comenzó en el 2012, cuando Sinibaldi aprovechó su cargo en la cartera para reunirse con personeros de la Empresa Norberto Odebrechet.
Cinco años después del caso que generó un escándalo en 12 países latinoamericanos, en Guatemala da un giro y se mejoran las condiciones para los señalados.
Los últimos fallos judiciales parecen dar la razón a quienes consideraron que con el cierre de la Cicig y posteriores remociones en el MP de fiscales que investigaban casos de corrupción, los procesos podrían registrar variantes.
Sobreseimiento
Las imputaciones por lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso Odebrecht quedaron sin efecto para Sinibaldi, después de que el juez Juan José Jiménez Texaj ordenara el cierre del caso. Sin embargo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) sostiene que cuenta con medios de prueba suficientes y presentó una apelación ante el dictamen que absolvió al exministro del caso.
Transcurrieron siete años desde el 11 de julio del 2016, cuando Sinibaldi, señalado en varios casos de corrupción, fue declarado prófugo de la justicia. No fue sino hasta el 20 de agosto del 2020 —con el país cerrado por las restricciones por la pandemia— que se entregó a la justicia.
Si bien se libró en el caso Odebrecht, Sinibaldi, quien en el 2015 era precandidato presidencial con el Partido Patriota, continúa en prisión preventiva por el caso Transurbano, en los casos Cooptación del Estado, Construcción y Corrupción goza de medida sustitutiva.
Libertad pagada
El fallo judicial que favoreció a Sinibaldi se dio solo 15 días después de que el Juzgado de Mayor Riesgo D decidiera mantener el arresto domiciliario a Baldizón, un político que según la investigación de la Cicig se ganó la confianza de los ejecutivos de Odebrecht al afirmar que ganaría las elecciones presidenciales del 2015, que daría la victoria a Jimmy Morales.
Para los comicios generales del 25 de junio Baldizón quiso participar como candidato al Congreso, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó al Tribunal Supremo Electoral negarle la inscripción.
El 11 de enero, el político pagó Q800 mil de caución en el caso Odebrecht y Q1 millón por el denominado Transurbano, por lo que mantiene arresto domiciliario después de permanecer en prisión en la cárcel de Mariscal Zabala.
Por la causa de Odebrecht también enfrenta proceso el empresario Batres Gil, quien el 31 de enero fue enviado a juicio por la entonces jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.
El empresario fue imputado por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho activo. No obstante, con la renuncia de Aifán, que salió del país al aducir persecución judicial, el proceso se estancó y se desconoce el motivo por el cual no ha llegado a juicio, pues fue declarado bajo reserva.
De igual forma, Diego Chacón Yurrita y Pablo Mauricio Yanes Guerra fueron enviados a debate oral por este caso. A este último se le acusa de ayudar a Sinibaldi a cobrar las comisiones ilícitas. Es hermano del exdiputado Mario Gerardo Yanes Guerra.
Por su parte, Chacón Yurrita habría ocultado el origen del dinero ilícito entregado por la constructora brasileña para financiar la campaña electoral de Baldizón en el 2015.
Estaba previsto que el juicio iniciara en abril último. En su momento, la entonces fiscal general Thelma Aldana dijo que Sinibaldi obtuvo US$19.7 millones —unos Q146 millones—, de los cuales Batres Gil y Baldizón habrían recibido US$4.9 millones y US$3 millones, respectivamente.
Anulan sentencia
No obstante, el caso Odebrecht logró sentencias condenatorias, aunque no quedaron en firme.
En abril de este año la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló la condena dictada a tres allegados a Sinibaldi, al considerar que hubo vicios durante el juicio efectuado por el Tribunal de Mayor Riesgo A, en julio del 2019, por lo que ordenó la repetición del debate.
Juan Molina Coronado y Jorge Antillón Klüssmann habían sido condenados a 14 años de prisión y Juan Ignacio Florido a seis. El MP los acusó de lavado de dinero.
El origen
Odebrecht tenía negocios en más de 12 países, entre ellos Guatemala, México, Venezuela y el propio Brasil, en los que hizo pagos corruptos por alrededor de US$439 millones —Q3 mil 292.5 millones—, con los cuales se garantizaba los proyectos que desarrollaban en los diferentes lugares.
El contrato con Guatemala se firmó el 13 de diciembre del 2012 y era para ampliar a cuatro carriles la carretera CA-2 Occidente, de Cocales, Escuintla, a Tecún Umán, San Marcos, frontera con México, por la que cobraría US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.
Los testigos
El 8 de septiembre del 2017 los ciudadanos brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, exdirectivos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, rindieron declaración en anticipo de prueba, en la que dieron detalles, montos y nombres de exfuncionarios vinculados. Los testimonios se rindieron en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Aifán.
El decreto 29-2012 del Congreso, que fue creado para rehabilitar rutas principales del país y la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente permitió el ingreso de los fondos de la constructora brasileña.
El mismo fue rubricao por el entonces presidente del Organismo Legislativo, Gudy Rivera, condenado en el 2016, después de haber sido hallado culpable de intentar sobornar a la exmagistrada Claudia Escobar para que favoreciera con una resolución a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
También lo firmó el entonces diputado Estuardo Ernesto Gáldamez, sindicado de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada por anomalías en la construcción del hospital de Ixcán, Quiché.
Asimismo, el entonces parlamentario Christian Jacques Boussinot Nuila, señalado de extorsión, abuso de autoridad, peculado por sustracción y peculado por uso, por el caso denominado Plazas fantasma. El decreto fue avalado por el entonces presidente Otto Pérez Molina.
Posible demanda
En marzo del 2022 Odebrecht buscó una conciliación con el Estado de Guatemala para el pago de obras inconclusas de la CA-2 Occidente. La empresa presentó un memorial al respecto, pero la Procuraduría General de la Nación (PGN) se rehusó a negociar.
La intención de la firma internacional es que Guatemala procediera a una liquidación “apegada al contrato principal” del proyecto Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente, del tramo de Cocales–Tecún Umán, de 140 km, y que se le pagaran los trabajos efectuados en el tramo carretero.
Guatemala evacuó la audiencia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, aunque la posición de la PGN fue una “negativa rotunda” de llegar a una conciliación con Odebrecht.
Al no haber conciliación, la empresa CNO. S.A. antes Odebrecht, puede presentar la solicitud formal de arbitraje que después da paso a una demanda en contra del Estado de Guatemala, por lo que se estima que en un año más podría haber un laudo arbitral.
Casos varados
A criterio de Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, desde el 2018, cuando asumió la fiscal general Consuelo Porras, se “debilitaron” todos los casos de alto impacto que fueron presentados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
“Esos casos, que marcaron un nuevo inicio en la administración de justicia, se quedaron varados y el sistema de Mayor Riesgo que los conocía entró en un declive”, dijo.
Agregó que el caso denominado Odebrecht es la muestra de que se restauraron los patrones de impunidad.
“Los jueces que sustituyeron a los de Mayor Riesgo son los que van sepultar los casos emblemáticos de corrupción”, opinó.
