El Centro de Administración de Justicia (CAJ) de esos municipios se encuentra en Santa Eulalia, de donde fueron trasladados los funcionarios.
La conflictividad se ha derivado del rechazo a proyectos hidroeléctricos y la captura de personas sindicadas de promover disturbios en contra de las empresas.
El traslado también afecta a pobladores de San Miguel Acatán, San Sebastián Coatán y San Rafael La Independencia, que también deben viajar a Santa Eulalia para tramitar asuntos judiciales.
Érick Villatoro, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), indicó que los conflictos han degenerado en disturbios y secuestro de funcionarios del Ministerio Público (MP), Organismo Judicial (OJ), Defensa Pública Penal y PDH, así como integrantes de las fuerzas de seguridad, a quienes se les han violado sus derechos.
El 16 de noviembre del 2011, una turba desarmó y agredió a 12 guardias de una hidroeléctrica en construcción, en Barillas.
Pobladores quemaron maquinaria de una hidroeléctrica, el 12 de marzo del 2012, en ese municipio.
El 1 de mayo de ese año, una turba quemó maquinaria. Ese día el Gobierno declaró estado de Sitio en Barillas.
Maquinaria de una hidroeléctrica fue destruida el 9 de diciembre del 2013 en Santa Eulalia.
El 5 de mayo del 2014, una turba causó daños a un proyecto hidroeléctrico y una constructora, en San Mateo Ixtatán.
