Aura Mendoza, secretaria técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), afirmó que la violencia contra las menores es alarmante. “Lamentablemente el Estado no responde, no garantiza los derechos de la niña, no garantiza la salud y vemos que los procesos legales se quedan estancados y en la impunidad”, resaltó.
Es importante promover que se haga justicia para las menores y que reciban todos los beneficios que el Estado está obligado a brindarles, pues el llevar un embarazo a temprana edad “transforma por completo su plan de vida”. Una de las consecuencias es “dejar los estudios para que niñas cuiden niños”, señaló Mendoza.
Impunidad
La funcionaria explicó que cuando un caso se detecta, ya sea en la escuela o en los servicios de salud, se presenta la denuncia y se le da acompañamiento a la menor; sin embargo, al llegar el proceso al Ministerio Público (MP) se estanca, lo que permite tener niveles altos de impunidad, pues no hay acceso a la justicia en favor de las víctimas de agresión sexual.
“La familia necesita que se haga justicia, creemos que nos falta mucho en el sector justicia para brindar atención a esas niñas”, dijo Mendoza.
En números
Datos del Osar detallan que en el 2018 en Huehuetenango se registraron 132 niñas menores de 14 años embarazadas. Catorce fueron en La Democracia; 13, en Barillas; 12, en Nentón y en el resto de municipios, entre uno y cinco casos.
Según el reporte, 69 de estas menores tiene pareja, es decir que fueron obligadas a sostener una relación marital con un hombre, pese a que la ley establece que es un delito; 63 menores quedaron embarazadas luego de haber sido abusadas.
En lo que va del presente año se reportan al menos 90 embarazos en menores de 14 años —12 casos en Barillas; ocho en Colotenango; siete en Soloma, la misma cifra en La Democracia y Todos Santos Cuchumatán, y seis en Nentón—, así como 56 niñas con pareja y 34 sin pareja.
El Osar informó que en el 2019, a escala nacional han quedado embarazadas dos mil 837 niñas de 10 a 14 años; entre 15 y 19 años superan los 63 mil 270 casos. Huehuetenango ocupa el primer lugar, con ocho mil 856 casos, seguido de Alta Verapaz, siete mil 862; Guatemala, con cinco mil 771; San Marcos, cinco mil 476; Petén, cuatro mil 991; y Quiché, cuatro mil 794.
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Subregistro
Érick Villatoro, auxiliar de la PDH, manifestó que lo más preocupante “son los casos que no se conocen y que quedan en impunidad, pues los que se denuncian caminan a paso lento y se abriga la esperanza de que en algún momento habrá justicia, lo que no ocurren con el subregistro”.
Agregó que el acceso a la justicia ha mejorado con la creación de fiscalías o juzgados especializados; sin embargo, la carrera es la carga procesal que causa mora judicial. “Estos casos no tienen la atención debida y se quedan en el olvido”, detalló.
Según Villatoro, no basta solo con denunciar el caso, sino que debe haber seguimiento del proceso, con los asesores jurídicos del Ministerio de Salud. “Lo desafortunado es que los victimarios son familiares, por lo que se limita y las funciones de esta cartera es de salud no judicial”, explicó.
“Continúan los ciclos machistas donde se vulneran los derechos de las niñas”, por lo que es importante “unir esfuerzos entre sectores para brindar asistencia legal a las menores”, añadió Villatoro.
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Gandy Velásquez, de la Red de Jóvenes, señaló que por más denuncias que se presentan por las agresiones contra menores, no hay reacción de las autoridades judiciales, desde el MP hasta los jueces.
“Estancan cada uno de los casos. Somos el primer departamento con niñas madres y a pesar de eso no hay sentencias, en lo administrativo no hay planes para reducir esos indicadores negativos”, afirmó.
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