Un día antes, el Ejército incursionó en el área y según el caso ilustrativo número 18 del informe Guatemala, memoria del silencio, elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), los militares reprendieron a la población y arrasaron con varias de las comunidades, debido a que en la zona existían tres campamentos del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).
Es el último grupo de refugiados del conflicto armado interno, —1960 a 1996— y desde el 2013 comenzaron el proceso para retornar al país, aunque afrontan inconvenientes porque el Fondo de Tierras (Fontierras) entregó sus terrenos a campesinos que se asentaron en Yalcastán Buena Vista y Yalcastán La Ciénega.
El Gobierno les ofreció comprar una finca en Chiquipur, Chisec, Alta Verapaz, aunque esa promesa no se ha cumplido.
Viven en abandono
Prensa Libre visitó las comunidades de guatemaltecos en La Trinidad y constató el abandono y la pobreza en la que viven unas 540 personas, pues sobreviven del trabajo que efectúan para mexicanos, que por un día laboral les pagan 70 pesos (Q29.48).
“La vida que llevamos da pena. No sé si al Gobierno de Guatemala no le da vergüenza —por el abandono—”, lamenta Pascual Tórrez Tórrez, quien añadió que las autoridades mexicanas tienen programas de ayuda, pero solo para sus ciudadanos.
Juana Tórrez Martín, de 60 años, cuenta que todos los días se levanta a las 5 horas a preparar la comida para salir al campo junto a su esposo.
“Lo poco que podemos hacer (trabajo de campo), es muy mal pagado”, señaló.
Diego Tórrez Tórrez, otro refugiado, dijo que está cansado de alquilar terreno para la siembra de maíz, pues cada año debe pagar dos mil pesos (Q842.18).
Los campesinos cuentan que rentar una hectárea de tierra cuesta mil pesos (unos Q421) y deben pagar 800 pesos (Q336.87) por tres varas de leña (aproximadamente dos metros cúbicos).
Además, el empleo es escaso y las fincas vecinas, cuando saben que son guatemaltecos los “explotan” y algunos solo les pagan 50 pesos (unos Q21).
“La falta de documentos hace que se aprovechen de nosotros al pagar menos y nos discriminan porque no somos de aquí”, señaló Pascual Tórrez.
Por ello, sus casas son covachas y sus muebles son tablas o troncos. No tienen acceso a drenajes, el agua es limitada y por vivir en zona rural desconocen sobre el internet y tampoco cuentan con servicio de salud estatal.
Recuerdos de terror
Juana Jorge Gómez, de 63 años, no pudo contener las lágrimas al recordar que sus siembras, sus animales y pertenencias fueron quemadas por el Ejército, horas después de haber escapado a México.
años hace que guatemaltecos salieron de Nentón y se refugiaron en Chiapas, México
Según la CEH, este caso es ilustrativo de la aplicación, en Huehuetenango, de las denominadas operaciones de “tierra arrasada”, concebidas para el aniquilamiento de civiles que apoyaban a la guerrilla.
Adolfo Tadeo García relató que sus sueños están muertos, pues no encuentra alternativa para superarse en una tierra lejana, sin oportunidades para quienes se refugiaron con el fin de salvar sus vida.
Tadeo explicó que son tres generaciones de refugiados y están cansados de la pobreza en la que viven. Sueñan con regresar a Guatemala, tener la finca que se les ofreció para comenzar a desarrollarse en algo propio y dejar de depender de jornales de hambre.
Piden certeza
Acerca del ofrecimiento de tierra que hizo el Gobierno, Fontierras informó que esa entidad hizo el estudio de la finca, que tiene un costo de Q19 millones; sin embargo, la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR) asumió la responsabilidad de la compra, aunque no cuenta con fondos.
Sebastián Tórrez Tórrez, presidente de la Asociación Yalcastán para el Desarrollo Guatemalteco (Aydeg), informó que luego de un proceso de negociación con la Secretaría de Asuntos Agrarios, Fontierras y el CNR aceptaron la compra de una finca a cambio de sus tierras, para evitar un nuevo enfrentamiento con la población que tiene ocupadas sus propiedades.
Recordó que el entonces presidente Otto Pérez Molina, ahora preso y señalado de corrupción, les dijo que había fondos para comprar la finca; sin embargo, tres días antes de que se efectuara el pago, presentó su renuncia.
Con la compra se solucionarían dos problemas, los refugiados podrían regresar a Guatemala y los campesinos de Buena Vista y La Ciénega tendrían certeza jurídica sobre las tierras que “invadieron”.
“Es obligación del Estado —proporcionar las tierras—. No queremos conflictos, pero la gente quiere retomar sus tierras y si el presidente no responde será su culpa lo que pueda ocurrir”, advirtió Tórrez.
