La persona afectada tiene pérdidas económicas desde el 16 de marzo a causa de la crisis por el coronavirus, y tratan de superarlas con varias estrategias para continuar con la entrega de su producto, pero la llamada la paralizó y suspendió labores.
La victima asegura que es “injusto”, porque enfrenta una situación difícil, “no accedí a pagar, ni tengo dinero”, comentó.
Con indignación y temor acudió a las autoridades para denunciar el hecho, agentes de la División Nacional contra el Desarrollo de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) le informaron que el victimario llamó desde la cárcel.
Pero no es la única víctima, porque otros comerciantes también deben lidiar con el coronavirus y las extorsiones.
“Aunque los clientes disminuyen e incluso desaparecen, los extorsionistas no tienen piedad ni del coronavirus”, dijo otra persona afectada y quien se dedica a la venta de alimentos a domicilio.
Los perjudicados no saben cómo los extorsionistas obtuvieron los números de teléfono, aunque, según relatan, desde hace meses ofertan sus servicios en las redes sociales, y a causa del coronavirus intensificaron su uso; además, han promovido sus productos por medio de radios locales.
“La pregunta es la de siempre, cómo pueden seguir con llamadas desde la cárcel, se supone que están presos y sin visitas, o cómo podrían escuchar la radio, por qué tiene celulares y hay señal, deberían tener mayor seguridad, sobre todo en las cárceles de Quetzaltenango, como la Granja Penal Cantel, los comerciantes hacemos de todo para sobrevivir honradamente a pesar de la situación difícil”, dijo uno de los afectados.
Se llamó tres veces a César Quemé, gobernador de Quetzaltenango, pero no respondió; además, se le envió un mensaje de texto para saber qué acciones se tomarán para responder a las extorsiones y dar seguridad a los vendedores, que a pesar de la crisis llevan a cabo distintas iniciativas para laborar, pero tampoco hubo respuesta.
