En Quetzaltenango, padres de familia y maestros denunciaron que en los últimos años han aumentado los asaltos e intimidaciones a estudiantes por parte de supuestos pandilleros, especialmente durante la jornada vespertina y nocturna.
Francisco Tirado, director del Instituto Normal para Varones de Occidente (Invo), zona 1 de Xela, dijo que el caso más reciente ocurrió hace unos días, cuando un estudiante fue interceptado por sujetos en un automóvil, quienes lo despojaron de sus pertenencias y al oponerse lo atacaron con arma blanca.
“El 97 por cierto de los estudiantes son del área rural y para llegar a sus viviendas deben abordar dos buses, situación que incrementa el riesgo de sufrir un incidente”, añadió.
Lucia Rodas, madre de familia, comentó: “Temo por la integridad de mis hijos, especialmente por la de 12 años, porque escucho de otras jóvenes que las han violado. Lo único que me queda es encomendarlos a Dios, porque la policía no hace nada y no pueden dejar de estudiar”.
Maribel Afre, directora de la Escuela Mixta Manuel Figueroa, zona 3 de Xela, indicó que aunque cuentan con cámaras de videovigilancia para evitar saqueos temen ser víctimas de los malhechores en los alrededores del establecimiento, por lo que piden a las autoridades policiales implementar patrullajes.
32 mil 500 centros educativos funcionan en el país.
13 planteles denunciaron en el 2016 que eran extorsionados.
600 denuncias fueron recibidas en el 2016 a través de la aplicación electrónica Vozapp.
105 agentes de la PNC vigilan 81 centros educativos situados en áreas rojas del área metropolitana.
“El incremento de los hechos delictivos y las escasas acciones de parte del Gobierno propiciaron que en febrero último los estudiantes de Flores Costa Cuca y Colomba dejaran de asistir a las escuelas”, refirió una maestra, quien prefirió el anonimato.
Carlos Martínez, comunicador de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc), indicó que solicitará a la Policía Nacional Civil (PNC) que tome acciones inmediatas, que incluya patrullajes en los planteles, al ingreso y salida de estudiantes.
Autoridades de la PNC en Xela señalaron que solo brindan seguridad en las escuelas con más incidencia de hechos delictivos en la cabecera, Colomba y Coatepeque, pues se les hace imposible cubrir los dos mil 140 plantes del departamento.
Temor
Fredy Sosa, director de la Escuela Oficial Rural Mixta César Julio Mérida Vásquez, zona 8 de Huehuetenango, manifestó que cuentan con seguridad interna por parte de la comisión de seguridad y disciplina, integrada por maestros, pero no con el resguardo de la PNC en los alrededores del establecimiento.
Gelvin Rivera, encargado de la comisión, expresó: “Nuestra función es garantizar el resguardo de los niños dentro del plantel, lo que nos preocupa es que los menores sean víctimas de los delincuentes fuera del inmueble, pues no hay presencia policial”.
“El incremento de los hechos delictivos y las escasas acciones de parte del Gobierno propiciaron que en febrero último los estudiantes de Flores Costa Cuca y Colomba dejaran de asistir a las escuelas”.
Para Wálter Mérida, director departamental de Educación, la ausencia del programa Escuelas Seguras por parte del Ministerio de Educación (Mineduc) contribuye a que pandilleros ejerzan violencia dentro y fuera de los centros educativos.
“Para evitar que los menores sean víctimas de los delincuentes en los alrededores de los establecimientos tienen contemplada la integración de comisiones de seguridad con maestros, padres de familia y PNC”, dijo.
Cámaras
Andrés Cardona, estudiante del Instituto General Carlos Manuel Arana Osorio, de la cabecera de Retalhuleu, indicó que sus padres le han recomendado no hablar con extraños ni subirse a vehículos desconocidos.
“Por el temor a que sucedan hechos delictivos por las pocas acciones en seguridad, la mayoría de padres hemos decidido ir a dejar y a traer a nuestros hijos”, afirmó María Rodas, madre.
Enma Marroquín, directora de la Dideduc, indicó que en conjunto con las autoridades de la PNC solicitaron al Ministerio de Gobernación la instalación de cámaras de videovigilancia en los 350 establecimientos que hay en el departamento, pero no aún no han recibido respuesta.
El jefe de operaciones de la comisaría 34 de la PNC, Byron Loayes, refirió que actualmente brindan vigilancia a unos 200 centros educativos agobiados por la delincuencia, y que en los próximos días esperan ampliar la cobertura.
“El plan de Escuelas Seguras no cubre el cien por ciento de establecimientos, pues se enfoca en lugares donde prevalece la delincuencia. Esperamos ampliar la cobertura”.
Resguardo
La Escuela Oficial Urbana Mixta No. 2 de Sanarate, El Progreso, uno de los planteles acechados por extorsionadores, es resguardado por dos agentes de la PNC, quienes instalaron un puesto dentro del plantel.
Adán Estrada, director Departamental de Educación, indicó que los agentes vigilan el lugar desde el pasado 25 de febrero, cuando varios padres de familia denunciaron amenazas de muerte por parte de supuestos pandilleros.
Juan Aguilar, jefe de la PNC en El Progreso, comentó que trabajan en resguardar a los niños en horarios de clases y además se les brinda seguridad perimetral con autopatrullas. “En los próximos días esperamos ampliar la cobertura a otros planteles”, dijo.
Acompañados
En Escuintla, los padres de familia, ante la inseguridad que los aqueja, se ven en la necesidad de acompañar a sus hijos a los centros de estudios para evitar cualquier incidente.
“La delincuencia se les está saliendo de las manos a las autoridades, quienes carecen de acciones y políticas de seguridad, por eso prefiero ir a dejar a mis niños”, refirió Vilma Pérez, madre de familia.
Alfredo Ramos, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Escuintla, comentó que aunque no han recibido denuncias de delitos en los alrededores de establecimientos es necesario que las autoridades atiendan la demanda de la población de brindar seguridad a la comunidad educativa.
Acciones
Óscar Hugo López, ministro de Educación, indicó que gracias a las acciones en favor de la seguridad de los estudiantes y centros educativos, como el programa Escuelas Seguras, la aplicación electrónica Vozapp y la guía de identificación de prevención y abordaje de la violencia, se ha logrado reducir significativamente las extorsiones, riñas, saqueos y asaltos a estudiantes y maestros.
“El año pasado recibimos más de 600 denuncias a través de Vozapp, que fueron trasladadas a las instancias correspondientes, que le dan seguimiento a los casos”, indicó López.
El funcionario agregó: “El plan de Escuelas Seguras no cubre el cien por ciento de los establecimiento, pues solo se enfoca en los lugares donde prevalece la delincuencia. Esperamos ampliar la cobertura”.
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Hechos de violencia
El 12 de febrero último localizaron los cadáveres de dos niños que habían sido secuestrados cuando se dirigían a la escuela de Ajvix, San Juan Sacatepéquez.
El 9 de febrero fue ultimada la maestra Blanca Gudiel, de 38 años, cuando se dirigía a dar clases en la escuela de Arizona, Puerto San José, Escuintla.
El 16 de enero último saquearon la Escuela de preprimaria Carlos Federico Mora, zona 1 de la cabecera de Retalhuleu.
El 18 de julio del 2016, sujetos armados irrumpieron en la Escuela Rural Mixta de la aldea Agua Blanca y asaltaron a unos 75 niños de preprimaria y primaria.
El 5 de agosto del 2015 tres estudiantes de telesecundaria de Jocotán, Chiquimula, resultaron heridos de bala en el plantel.
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* Con información de María José Longo, Mike Castillo, Rolando Miranda, Hugo Oliva y Carlos Pardes
