Gerardo Villamar, de la PDH, explicó que durante la supervisión se constató que Quiché no es la excepción en cuanto a los problemas del Sistema Penitenciario (SP) en el país, pues contabilizaron 179 hombres detenidos en el lugar, pero su capacidad es de 80.
Villamar añadió que otro problema grave es la escasez de agua entubada, situación que afecta a reclusos, guardias y personal administrativo.
“También nos percatamos de que el equipo multidisciplinario, encargado de elaborar los informes de trabajo y educación, empleados en los procesos llevados en los tribunales, está incompleto. Eso vulnera el debido proceso de los sindicados”, afirmó Villamar.
“Ratificó la resolución del procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, dirigida al Organismo Judicial, para que se agilice los procedimientos en favor de los detenidos preventivamente”, aseveró Villamar.
Añadió que es necesario que el SP mejore las condiciones de infraestructura para separar a las personas detenidas de forma preventiva y a los condenados.