Juan Zapeta, alcalde indígena, manifestó que la continuidad de la medida fue discutida en dos reuniones anteriores con representantes de las comunidades de Santa Cruz.
“Aplicamos el castigo comunitario no solo a las personas indígenas, también a los mestizos (ladinos) que cometan un delito, también resolvemos varios problemas dentro de las comunidades y coordinamos con el aparato estatal de justicia”, afirmó Zapeta.
Añadió que la justicia comunitaria se practica en casos como “robo de animales, vehículos, violaciones a mujeres, problemas de linderos y otras cosas más”.
La reunión del domingo fue presenciada por representantes, de la fiscal general Thelma Aldana, la Policía nacional Civil de Santa Cruz, el auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Quiché, la municipalidad de Santa Cruz del Quiché, y los alcaldes indígenas de San Pedro Jocopilas, Zacualpa, Chinique y Santa Lucía la Reforma, Totonicapán.
Según los participantes, esa práctica mantiene la tranquilidad en las comunidades.
También el Xuculem
Juan Zapeta advirtió a los delincuentes que ahora también cuentan con la autorización para aplicar el castigo denominado el Xukulem (hincarse en k’iche’), y que consiste en que el sentenciado debe dar tres vueltas al parque La Unión en Santa Cruz del Quiché, de rodillas para después ser azotados.
Zapeta añadió que si los delincuentes reinciden serán desterrados del municipio. “No tenemos que permitir el ingreso de la delincuencia a nuestro municipio, mucho menos las maras, mire cómo está la capital y Chimaltenango”, afirmó.
Reciben decisión con cautela
Rodman Pérez, secretario de Política Criminal del Ministerio Publico, y quien dijo llegar en nombre de la fiscal Thelma Aldana, manifestó que son respetuosos de la organización comunitaria y de las decisiones que se tomen en las asambleas.
No obstante, hizo un llamado para que las dos formas de hacer justicia se coordinen, puesto que recordó una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, según la cual, “cuando una persona es condenada por las autoridades comunitarias ya no puede ser procesada y condenada por la justicia estatal”.
Flavio Ruíz, auxilia de la Procuraduría de los derechos Humanos en Santa Cruz, expuso que respetan la organización y decisiones indígenas pero que bajo ningún punto de vista están de acuerdo cuando se vulneran los derechos humanos de una persona.
“Los azotes violan el derecho humano de una persona y en determinado momento pueden acarrear más problemas”, indicó.
Difícil experiencia
A la reunión asistió Pedro Pablo Urizar López, quien meses atrás fue azotado en el parque La Unión, acusado de robo, dijo que ahora se dedica a la música y a trabajar artesanías.
“Yo consumía drogas y eso me hacía robar porque tenía que comprar el crack y el dinero ya no me alcanzaba, recuerdo que fue doloroso físicamente pero más emocionalmente, porque cuando la gente me miraba en la calle murmuraba y decían ahí va el ladrón”, afirmó Urizar.
Añadió que después de haber experimentado el castigo busca proponer que a los delincuentes sentenciados se les involucre en alguna fundación para aprender algún oficio.
Zapeta no descartó implementar esa medida en el futuro.
Los municipios donde más castigos comunitarios se han dado en lo que va del año son: Santa Cruz del Quiché, Chinique y San Pedro Jocopilas.
