Sin embargo, se preocuparon cuando al final de la tarde llamaron a su teléfono celuar y este estaba apagado.
Raymundo fue electa recientemente como integrante del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, un comité que se convertiría en partido político.
También era militante de Codeca, y su muerte se suma a la de varios líderes campesinos, lo que ha causado protestas y ha elevado las alarmas a escala internacional.
Varias entidades, como la misma Codeca o la Asociación de Estudiantes Universitarios, así como organizaciones y comités campesinos, emitieron comunicados en los que exigen al Gobierno que se investigue el crimen.
El 18 de julio último, un grupo de 29 congresistas estadounidenses, entre ellos Norma Torres, de origen guatemalteco, envió una carta al embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, en la que expresa preocupación por los reiterados ataques a defensores de derechos humanos y líderes campesinos.
Los representantes señalaron que monitorearán de cerca la actuación de la fiscal General, María Consuelo Porras, mientras investiga quiénes son los responsables de la persecución ilegal en contra de los líderes campesinos.
En mayo último El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también denunció la persecución contra activistas y exigió al Gobierno el esclarecimiento de los crímenes contra ellos.
Además: Guatemala en el ojo de la Oacnudh por ataques a defensores de derechos humanos
Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas, visitó en mayo el país, y denunció la criminalización contra líderes y activistas indígenas, quienes “son acusados penalmente de robo u otros cargos fabricados solo por encabezar protestas contra proyectos hidroeléctricos en sus tierras o contra la expansión de cultivos de aceite de palma que contaminan sus ríos”.
Según reportes, unos siete líderes campesinos o activistas, la mayoría militantes o dirigentes de Codeca, han sido asesinados en los últimos meses en el país.
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