Los inconformes solicitan al Gobierno que al concluirse los trabajos de restauración, retornen a ese recinto las oficinas de Gobernación Departamental, de la Policía Nacional Civil, que el salón mayor continúe a disposición de la población, y que el Ejecutivo derogue el acuerdo gubernativo 397-2007 y el acuerdo ministerial 249-2008, ya que de lo contrario este lugar podría convertirse en centro comercial.
Exigen un plazo de cuatro meses para llevar a cabo las consultas, aclarar las dudas legales y conocer las propuestas sobre su uso. También aducen que según las normas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en los sitios catalogados como patrimonio no se deberán adjudicar espacios y usos durante los períodos de restauración.
Gladys de Vides, de la Asociación Civil de Sacatepéquez, argumentó que extraoficialmente se conoce que en diciembre próximo será inaugurada la primera fase de la restauración del Palacio y que ya se han otorgado concesiones de espacios a entidades privadas.
Agregó que la protesta está fundamentada en el decreto 60-69, que establece que el cambio de destino de cualquier construcción, valor histórico, artístico y arqueológico, deberá ser notificado al Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala.
Denise Weikard, presidenta de la Asociación Salvemos Antigua, señaló que las amenazas a esta construcción se fundamentan en que la adscripción al Ministerio de Cultura y Deportes no le da potestad para disponer del uso del Palacio, sino que solo otorga derecho para efectuar los trabajos de restauración.
El Ministerio de Cultura y Deportes informó que la primera etapa de restauración del Palacio de los Capitanes Generales está lista, y su responsabilidad es inaugurarla en las próximas semanas y restablecer su utilidad.
