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Agregó que, por orden de un juez, tres concejales no podrán debatir en la aprobación de proyectos que mejorarían la calidad de vida de los habitantes, porque se podría considerar como un atropello, un agravio o un insulto hacia la jefa edil, y en esas circunstancias se paralizará la administración municipal.
“Después de tres años no hay avances en ningún sentido y hoy cuando más necesitamos de un liderazgo para estimular la economía local y mejores condiciones de vida, el Concejo mantiene un conflicto que no tiene ningún sentido”, enfatizó Quiñónez.
Expuesta a las críticas
Juan Domingo Pérez, integrante del Consejo Cívico de Vecinos, expresó que la falta de seriedad y compromiso condujeron a la jefa edil a denunciar a sus compañeros ante una instancia de justicia y recordó que, como funcionaria, Asencio está expuesta a las críticas públicas, pero más aun a la fiscalización del Concejo.
Pérez añadió que esa acción legal es una estrategia para no enfrentarlos en las reuniones del ente colegiado.
Resaltó que los que deberían ser denunciados son los integrantes del Concejo por no cumplir con sus obligaciones de acuerdo al Código Municipal.
“Los problemas continúan sin ser resueltos, como los drenajes sin plantas de tratamiento, la falta de agua entubada en las comunidades del norte del municipio y el colapso inminente del vertedero El Choconal”, dijo Pérez.
“Es un Concejo inoperante que debería ser denunciado por incumplimiento de deberes”, enfatizó.
Medidas de seguridad
En una nota del 7 de este mes, dirigida al jefe de la Comisaría 74 de Sacatepéquez, el juez de paz penal de Antigua Guatemala solicitó prevenir a los concejales Pedro José Asturias Montenegro, Julio Roberto Roldán Samayoa y Roberto Emilio Orozco Oliva, en virtud de que ese órgano jurisdiccional otorgó medidas de seguridad a favor de la alcaldesa Susana Asencio, por lo hechos denunciados por la jefa edil.
Las medidas a las que se refiere el juzgador en contra de los funcionarios son perturbar e intimidar a la jefa edil y su núcleo familiar a través de llamadas telefónicas, redes sociales y otros medios electrónicos durante seis meses, de lo contrario podrán ser detenidos por la Policía Nacional Civil e iniciar un proceso penal por el delito de desobediencia.
Además, los señalados presentaron este jueves oposición a las medidas dictadas, pero falta que el juez resuelva.
Agresiones innecesarias
La alcaldesa Susana Asencio, explicó que hay un historial de hechos relacionados de agresiones verbales innecesarias e injustificadas, así como de acusaciones sin fundamento y actuaciones que considera que deben detenerse por parte de los denunciados.
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Señaló que además de agredir a su persona, se les hace daño a los avances alcanzados durante su administración, aunque no especificó de qué se tratan esos avances.
“Los concejales tienen poca información cuando toman posturas de acusaciones, como cuando dicen que soy la responsable de la baja ejecución presupuestaria y creo que eso debe cambiar”, argumentó la funcionaria.
Los concejales señalados prefirieron no referirse al tema, porque esperan que resuelva el juez.
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