Banrural demandó a esta comuna el 21 de septiembre último en el Juzgado de Primera Instancia de lo Económico Coactivo de Jalapa, el cual embargó las cuentas, debido a que el Concejo y la actual alcaldesa, Amarilis de León, quien asumió el cargo luego de que Salzá Tay fuera llevado a prisión, aducen no haber autorizado el préstamo, y por ello no acepta el pago de la deuda, porque fue adquirida de manera ilegal.

Según los documentos del embargo, Banrural basa su demanda en el incumplimiento de pago, y pide que la Municipalidad de Santo Domingo Suchitepéquez levante la medida cautelar que impide al Instituto de Fomento Municipal (Infom) continuar con los pagos, de conformidad con el convenio de intermediación financiera. Para tal efecto, tramita las gestiones que corresponden en el órgano jurisdiccional respectivo.

Además, el banco exige que se paguen los intereses y los gastos generados por el proceso de ejecución promovido, y que el pago de las cuotas a capital que se encuentran en mora se redistribuyan en el plazo de obligación, pues una vez regularizado el crédito, el banco se compromete de inmediato a gestionar el levantamiento de los embargos, una vez que la actual corporación se comprometa a pagar.

Servicios esenciales

Según la comuna de Santo Domingo Suchitepéquez, en esta se desconocía el proceso que desarrollaba Banrural, y se dio cuenta luego de que el 14 de octubre último no pudo retirar el aporte del situado constitucional para pagar las facturas pendientes del servicio de energía eléctrica, por lo que el suministro podría ser suspendido.

Aunado a este problema, dos bombas eléctricas para la ampliación del servicio de agua domiciliar serán recogidas por los proveedores, lo cual causará que gran parte de la población se quede sin el vital líquido.

Además, se adeudan tres meses de sueldo a los empleados municipales, quienes resignados frente al problema esperan a que se resuelva pronto, para no pasar un mal fin de año.

La alcaldesa, Amarilis de León, dijo que el banco está reclamando Q47 millones, de un préstamo de Q5 millones 203 mil 293, con el argumento de que se adeuda mora, intereses y depreciación de vehículos, lo cual no es aceptado por la corporación, porque en ningún momento autorizaron en aquel entonces al alcalde titular para que se hicieran los trámites para adquirir ese efectivo.

“Todas las operaciones están detenidas por el embargo, y nosotros no podemos hacer nada”, refirió la funcionaria.

“Hemos hablado con ellos —el banco—, pero no escuchan ningún tipo de razón y ahora reclaman que se les pague, cuando saben perfectamente que el señor Marco Salzá falsificó actas y firmas en las que aparentemente el Concejo le daba el aval para el préstamo”, dijo De León.

Añadió: “Ellos quieren que aceptemos el pago del préstamo, pero no lo podemos hacer, porque de ser así tendríamos que dar cuentas de qué hicimos con ese dinero”.

Refirió que ellos como municipalidad están accionando para que se anule la escritura que autorizó el préstamo ilegal y se levante el embargo, lo cual fue demostrado en el Ministerio Público, y que no existe ningún acta en la que el Concejo haya autorizado esos trámites.

Ángel Damacio González, del sindicato de trabajadores de la comuna, dijo que esa situación les está perjudicando a todos, porque la comuna no les paga sus sueldos. “Como organización exigimos que el banco accione en contra del exalcalde Salzá Tay”, indicó.