Estados Unidos
La delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Karin Linares, explicó que el objetivo del operativo es verificar que las cantinas estén debidamente autorizadas.
Indicó que también se constató que no se vendiera licor adulterado, a petición de los pobladores de la zona urbana, quienes ven como un mal social el incremento de estos negocios.
Arcadio Morales, inspector de Salud, mencionó que se monitorearon nueve locales, y de estos solo dos están autorizados, ya que el resto está registrado como tiendas de consumo diario, por lo que en los próximos días se iniciarán las gestiones para el cierre de estos lugares.
