Según Mardoqueo Córdova, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la aldea Las Minas, en la destrucción del cerro están implicados campesinos de Quiché y Baja Verapaz que tienen grandes extensiones de tierra en el Tuncaj. “Para ajuste de penas, agentes de la Policía Nacional Civil en raras ocasiones aparecen por el lugar y delegados del Inab no controlan que se cumplan las regulaciones de las licencias de tala”, dijo.
Juan Pablo Padilla, presidente del Cocode de aldea Los Altos, expresó: “Las autoridades de Baja Verapaz deberían controlar a los de madereros que están acabando con nuestra reserva de agua, pues son originarios de esta región”.
Marvin Estrada, jefe edil de Pachalum, aseguró que la deforestación en el Tuncaj es demasiado grande e incontrolada, por lo que se ha reunido con el alcalde de Granados, Baja Verapaz, Pablo Alvarado, y con el gobernador de ese departamento, Rafael Mayén, a fin de trabajar en forma conjunta y evitar que miles de habitantes sean perjudicados.
“La única solución para este problema es que el cerro en donde se ubican nuestros nacimientos de agua sea declarado área protegida, y de esa cuenta el Consejo Nacional de Áreas Protegidas aplicaría la ley a los infractores”, manifestó Estrada.
Alvarado expuso que la tercera parte de los habitantes de su municipio —15 mil personas— cuentan con servicio de agua que proviene del Tuncaj, y que el aprovechamiento forestal no está siendo regulado por el Inab, además de que la escasez de agua es evidente en los poblados.
Guillermo Monterroso, director del Inab en Quetzaltenango, manifestó que existe un alto número de gente que corta árboles de manera ilícita. “Aunque los guardabosques luchan para erradicar este mal, que tanto daño hace a las zonas boscosas, la secuelas de la tala no solo ocasionan escasez de agua, sino también causa reducción de lluvia y que la contaminación ambiental aumente, porque los árboles purifican el aire”, afirmó.
De acuerdo con el gobernador de Huehuetenango, Juan Solórzano Rodríguez, muchos municipios afrontan la falta de este servicio vital, porque los abastecimientos no se dan abasto para la demanda de las poblaciones, situación originada por quienes depredan árboles.
El funcionario indicó que un ejemplo de esta realidad es la ciudad de Huehuetenango, cuyas autoridades locales reciben múltiples quejas por la irregularidad en el servicio de agua domiciliar.
El alcalde de Huehuetenango, Augusto Gómez, considera que uno de los problemas que afrontan es la reducción del nivel de agua en las fuentes, como consecuencia de la deforestación desmedida, sin que ninguna autoridad la frene.
En Chimaltenango
Los bosques comunales de San Andrés Itzapa y San José Poaquil, Chimaltenango, están siendo depredados por quienes comercializan la madera, con lo cual dañan no solo a la flora y la fauna, sino a los vecinos, ya que se secan las fuentes de agua.
José Antonio Cun, de las autoridades indígenas de San José Poaquil, relató que para darle una solución a la escasez de agua construyeron tres pozos mecánicos, que no se dan abasto.
Sergio Aguilar, director del Inab en Totonicapán, indicó que en esa cabecera la mayoría de amas de casa cocina con leña que se obtiene en Santa María Chiquimula, Santa Lucía La Reforma y Momostenago.
El alcalde Miguel Chavaloc explicó: “Se cuenta con varios programas para la protección de los bosques, los que se trabajan en conjunto con las autoridades comunales de los 48 cantones, para mantener vigilancia y evitar que taladores sin licencia operen en ese departamento”.
