Mientras que la CDAG, Q8 millones 145 mil en 38 contrataciones de 129 que están en ese rubro. Las 38 plazas tienen contratos que sobrepasan los Q100 mil al año y se desempeñan como profesionales o técnicos.
Los documentos revelan que de los 63 trabajadores, 11 cobran en el renglón 029 en ambas entidades. Práctica que utilizan desde el 2014 cuando los comités ejecutivos de las dos entidades fueron juramentadas. Este grupo llegará a cobrar Q16 millones 407 mil por sus servicios —de 2014 a diciembre de este año—.
A principios del año las instituciones fueron señaladas por Acción Ciudadana, por mantener la práctica de duplicidad de funciones.
“Estos son gastos que el Comité Olímpico y la Confederación nunca han querido aclarar. No puedo creer que no existan otras 11 o 12 personas en el país para que contraten a los mismos”, expresó Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala (EG).
Álvaro Raúl Reynoso es uno de los que más ha cobrado en asesorías en ambas instituciones. Q1 millón 890 mil por servicios técnicos en el área de alineación de proyectos y procesos institucionales al Comité Ejecutivo, en el 2014, 2016 y 2017 en el COG y del 2014 al 2017 en la CDAG.
También en el Tedefe
La abogada Elvia Delfina González ha percibido Q1 millón 434 mil por servicios profesionales legales en la CDAG en el 2016 y 2017, y en el COG del 2014 al 2017.
González también ostenta el cargo de Vocal Suplente en el Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe), designada por la Asamblea de la CDAG.
“Es ilegal esto que sucede. Una persona no puede tener dos plazas pagadas con recursos públicos. Las dos instituciones están capturadas por los mismos grupos y por eso se dan esos temas de doble pago”, manifestó Manfredo Marroquín analista de Acción Ciudadana (AC).
El abogado y criminólogo Joel Torres señala que el artículo 112 de la Constitución Política de la República prohibe que una persona trabaje para dos instituciones del Estado. “Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales”, indica parte del capítulo.
“Lo que realmente deben hacer es atenerse a la prohibición constitucional. Es una ley muy general y se aplica a todos los renglones. Estas dos instituciones son del Estado”, indicó Torres.
El Comité Olímpico tiene una asignación presupuestaria de Q91 millones y la Confederación de Q366 millones para velar por el desarrollo del deporte guatemalteco. En anteriores ocasiones ya habían sido señalados por el gasto de los dirigentes durante los Juegos Olímpicos de Río 2017.
Así justifican el gasto
La CDAG y el COG por medio de su departamento de prensa explicaron que el personal que labora para ambas instituciones bajo el renglón 029 realizan actividades técnicas y que están en completa libertad y legalidad de trabajar en las instituciones.
Para la CDAG las personas que prestan sus servicios no tienen relación de dependencia con la entidad, por lo tanto tienen la libertad de prestar sus servicios técnicos o profesionales en las instituciones que consideren convenientes, ya que no existe prohibición legal.
Los dos entes justificaron que la contratación de profesionales y técnicos se hace con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas trazadas para el desarrollo del deporte federado guatemalteco.
“El Comité Olímpico Guatemalteco realiza contratación de personal de servicios técnicos renglón 029 para contribuir a alcanzar los objetivos que le establece la Carta Olímpica y la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte”, señaló el COG.
La entidad del deporte olímpico invertirá este año Q444 mil en dos asesores en Comunicación. Uno para servicios técnicos en la dirección de academia Olímpica Guatemalteca y el otro para servicios técnicos en la subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo, a pesar de contar con un departamento de prensa que cuenta con siete personas a su disposición. La Contratoría General de Cuentas analiza las auditorias para ambas entidades pues ya han sido señalas por la opacidad en el gasto.
