El fiscal presentó sus peticiones de penas después que, el 13 de marzo, el juez Pablo Ruz decidiera enviar a juicio a Bartomeu y Rosell, tras cerrar la instrucción por las supuestas irregularidades fiscales en el traspaso de Neymar.
El magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, consideró que el club, Rosell y Bartomeu pudieron incurrir en tres delitos contra la hacienda pública.
El juez Ruz cifró en 83.3 millones de euros las cantidades pagadas por el traspaso del atacante brasileño en 2013, lo que, según él, “eleva a más de 13 millones de euros el importe de la presunta defraudación” al fisco español.
Según Ruz, los diferentes contratos utilizados en esta compleja operación “venían a encubrir u ocultar lo que en realidad constituían un mayor coste para el FCB” con el fin de “eludir o aminorar de manera subrepticia el pago ante la Hacienda Pública” de los impuestos correspondientes a la operación.
Esta espada de Damocles judicial podría acabar dañando a Bartomeu, candidato a su propia sucesión en las elecciones a la presidencia del club previstas para mediados de este año.
