Pobladores de esa comunidad habrían protagonizado esta semana la retención del alcalde de Coatepeque, Alfonso García-Junco Hemmerling, liberado la noche de este viernes, después de una intensa jornada de diálogo.
Se sabe que las demandas para liberar al jefe edil incluían que Energuate condone la la deuda de Q21 millones, por ocho años en los que no han pagado el servicio de energía eléctrica y que los próximos 10 años no se pague por el servicio o que la cuota sea impuesta por la comunidad.
Aunque en la zona del conflicto hay comunidades como San Rafael 2, San Vicente Pacayá, aldea Colón, Villa Flores y San Benito Pacayá que firmaron un convenio con Energuate, y donde se tiene previsto la normalización del servicio, de acuerdo con Amezquita solo en esa zona hay unos 2 mil 700 clientes registrados, “pero es muy probable que hayan más conectados de manera ilegal”, indicó.
Pérdidas millonarias
Según cifras de Energuate, la distribuidora registró en 2017, un total de 132 mil 362 clientes que viven en 927 localidades, donde no se permite realizar algunas de las actividades asociadas al cumplimiento del ciclo comercial y del mantenimiento de la red de distribución de electricidad.
“Los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu y Quiché son las áreas donde mayor cantidad de conflictos se han registrado. En varios municipios de dichos departamentos, el robo de energía, el impago de la factura y las conexiones directas son las medidas que rutinariamente se registran, apoyados, en su mayoría por las organizaciones que promueven las acciones en contra de ENERGUATE” señaló.
Amezquita recalcó que los casos más recurrentes son la cultura de impago así como la proliferación de conexiones directas o ilegales que son incitadas por grupos sociales (Codeca, Cuc, FNL, entre otros).
Añadió que las pérdidas no reconocidas en el Valor Agregado de Distribución, asociadas a la conflictividad, se calculan en US$27 millones, mientras el impacto de la incobrabilidad es de unos US$22.4 millones, lo cual representa casi una tercera parte del VAD reconocido en el actual quinquenio (US$123 millones).
Las cifras de la empresa dan cuenta que se dejan de cobrar Q154 millones anuales “debido al conflicto arraigado por grupos que manipulan la red” y que la deuda total es de Q1 mil 445 millones.
Durante 2017, Energuate indicó que logró la recuperación comercial de 44 mil 640 clientes de 214 localidades donde se impedía el trabajo de las brigadas de Energuate, para realizar el ciclo comercial de lectura, facturación y cobro, así como el mantenimiento de la red.
“De 2013 a 2018 se han logrado la firma de más de 106 convenios de pago en mismo nuevo de localidades”, se indicó.
Otros adeudos:
- 84 municipalidades deben Q212 millones por alumbrado público
- 51 municipalidades deben Q21 millones por electricidad de sus bombas de agua
- 170 comunas tienen un adeudo de Q29 millones por servicios en edificios municipales
- A la fecha hay 22 convenios de pago firmados
Costo de la conflictividad
En el marco de la conflictividad social, Energuate enumeró acciones como la omisión del pago de la factura mensual, el robo de energía y conexiones directas, las amenazas por parte de pobladores para impedir el trabajo de la brigadas, la retención del personal de campo de la empresa y la manipulación y accionamiento en redes de distribución eléctrica.
“Dichas acciones se han realizado por parte de pobladores a pesar de las consecuencias jurídicas y personales que estas acciones puedan generar” manifestó el vocero y alertó que la continuidad de las acciones de grupos dedicados al robo de electricidad también impacta a la economía del país.
“En constantes ocasiones, la conflictividad conduce al cierre de carreteras (incluidas las internacionales) como medidas de presión con el consiguiente daño a transportistas, comerciantes y sociedad en general” concluyó.
