La más reciente caravana de migrantes desde Honduras confirma que el tema ejerce presión a los países del Triángulo Norte, por lo que expertos consideran que, con el cambio de presidente en Estados Unidos, y con la llegada de Joe Biden, se tendrá que trabajar en nuevos instrumentos.
En diciembre del 2020, Guatemala firmó el memorándum para acceder a fondos con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en la iniciativa América Crece en 2021.
El fondo permite acceder hasta US$1 mil millones (unos Q7 mil 700 millones) para las empresas en proyectos de inversión estratégica que tengan impacto en crear fuentes de trabajo.
Los programas de cooperación de Estados Unidos podrían tener cambios con una nueva administración de gobierno, según la percepción de los consultados.
Obstáculos
Ocho de cada 10 solicitudes que se han presentado en la iniciativa América Crece para acceder al financiamiento con el DFC no han pasado el primer filtro, aseveró Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham).
El ejecutivo confirmó que el año pasado solo se aprobó un financiamiento por US$200 millones, y en la actualidad están en gestión -que lograron pasar el segundo filtro- dos proyectos relacionados con construcción de vivienda y energía. Según el directivo, es probable que se logre acceder a un cupo de US$500 millones en la referida iniciativa.
“Estos programas tienen una barra alta. Muchos prospectos no logran pasar los primeros filtros basados en antigüedad del proyecto, en que no hay suficiente información financiera del desarrollo, o en que muchas solicitudes se quedaron en el primer filtro para poder ser financiadas”, precisó.
“El ejecutivo de EE. UU. se fijará más en estos países. (Ahora) es cuando se tiene que hacer lo propio a lo interno y ser más efectivos en los programas de cooperación para aprovechar esas herramientas de mejor forma”, aseveró.
Más flexibilidad
Carrasco reconoció que fueron muy pocos los proyectos seleccionados para poder financiar en 2020, pero que esperan este año, con llegada de la Administración Biden, más ejecución y visibilidad de los proyectos. Eso sí, dijo que habría que adaptar los financiamientos a la realidad local.
Según el presidente de AmCham, los criterios de evaluación son de estándares de países de economías desarrolladas.
En los expedientes recibidos hay algunos que no cuentan con un récord financiero, o que el plan de negocios es muy sofisticado para el mercado nacional.
Además, preparar toda esa información financiera, especialmente para muchas medianas empresas, le representa un alto costo, elaborar esos informes, y se vuelve muy difícil acceder a estos recursos, indicó.
En todo caso, apuntó que se deben flexibilizar los requisitos para calificar, ya que la idea es financiar proyectos que la banca local no está atendiendo por motivos de riesgos, informales o problemas garantías.
Carrasco enfatizó en que debe existir un trabajo político, social y económico por parte de los países del Triángulo Norte de Centroamérica para solucionar los problemas, y se esperaría una relación más estrecha con Estados Unidos.
Atraer inversionistas
Para Rolando Paiz Klanderud, comisionado del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), la caravana de migrantes está poniendo más presión a los países, y el camino más directo es convencer a las empresas estadounidenses de que inviertan en Guatemala.
Precisó que más que financiamiento o capital, la idea es generar empleo en Guatemala para todas las empresas americanas que están buscando mover sus cadenas de suministros de Asia a países más cercanos. “Esto abre posibilidades en la industria de medicamentos, equipos o dispositivos médicos, ensamblaje de electrónicos, centros de llamadas”, dijo.
“La idea es lograr que se establezcan estas compañías que están buscando a la región para fortalecer su cadena de suministro”, puntualizó.
Paiz Klanderud añadió que también puede haber incentivos para las empresas de EE. UU., para invertir en países del Triángulo Norte de Centroamérica, y establecer sus operaciones de manufactura.
“Hay presión”
“La presión es poder hacer las cosas mejor para poder generar oportunidades de trabajo. Ahora hay una altísima ventana de oportunidad para atraer empresas americanas y sus cadenas de suministros y como autoridades debemos trabajar de una manera acelerada para poder aprovecharla y que no se vaya a cerrar porque esto no se mantendrá abierto y otros países las van a aprovechar”, subrayó.
Habló de un reto que es de vieja data en el país: dar certeza jurídica a los inversionistas, mantener las reglas del juego.
También destacó la necesidad de contar con que los jóvenes se capaciten en hablar el idioma inglés, ya que hay una industria que ya está instalada, y hay otros interesados en invertir; agilizar los trámites y permisos en las entidades lo más rápido posible; que el Congreso apruebe la iniciativa de Ley de Zonas Francas; el Convenio 175 y la reglamentación del Convenio 169 de la OIT.
Reenfoque y compromisos
El internacionalista Roberto Santiago Servent, consideró que es muy probable que con la llegada de Biden se afine la iniciativa América Crece, y que durará por los menos 12 meses para que la nueva administración que llegue “ordene” la Casa Blanca.
Afirmó que la iniciativa podría estar “mal enfocada”, pero podría corregirse y llegar a las medianas empresas, y salirlas a buscar socios, sobre todo en áreas del occidente guatemalteco.
Expuso que la migración tiene cuatro aristas: el que sale por violencia, por extorsión, por desintegración y por reencuentro familiar, y que quien migra tiene una necesidad económica, así que la iniciativa sí puede funcionar con este último fin.
Jahir Dabroy, analista en temas migratorios de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), remarcó que en los próximos 180 días se tendrán que establecer varios marcos de cooperación junto al impacto y la transformación de la realidad de la ejecución en el tema de la migración en los países del Triángulo Norte.
Sobre esas condiciones, Dabroy manifestó que se deben generar las condiciones de inversión para el sector privado y mejorar el recurso humano y capital social.
“Hay condiciones de inversión para establecerse las reglas respecto de derecho, temas de corrupción y acciones a mediano plazo en el tema formativo”, agregó.
