De momento, los sectores involucrados estudian una iniciativa que de manera sorpresiva fue aprobada por el Congreso el pasado martes, a cuatro meses para que finalice esta legislatura.
La ley expone que a los contribuyentes que califiquen se les aplique el 5% del impuesto al valor agregado (IVA) y se les exonere el pago del impuesto sobre la renta (ISR), por un monto que no exceda en sus actividades y comercialización en el sector por Q3 millones dentro del año fiscal.
También se crea el régimen electrónico de pequeño contribuyente y régimen electrónico especial de contribuyente electrónico.
Bajo este régimen, en todas sus ventas estarán obligados a emitir factura electrónica y estarán afectos a un tipo impositivo del 4% y no del 5%.
Además, para las personas individuales que desarrollen actividades de producción y comercialización de ganado bovino, vacuno, ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas, cría de ganado lechero, cuyo monto de ventas anual no exceda los Q5 millones, podrán solicitar su régimen ante el administrador tributario y pagarán un tipo impositivo del 3% sobre el monto mensual realizado.
Las modificaciones se incluyen a la Ley del impuesto al Valor Agregado y se realizaron por lo menos unas 15 enmiendas, según el proyecto, que empezó a discutirse desde el 2017.
Rechazan propuesta
Aunque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no cuenta con un monto de cuánto podría ser el impacto al fisco por la aprobación de esta ley, Jorge Briz, presidente de la CCG, dijo este miércoles en conferencia de prensa que existe un estimado de unos Q1 mil millones, cantidad que podría dejar de percibir el siguiente Gobierno, por lo que instó al presidente Jimmy Morales vetar esta ley.
Al igual, Eduardo Girón presidente de la CIG, afirmó que es una ley que propicia privilegios a actividades económicas especificas en perjuicio de los contribuyentes, al establecer un régimen especial con una tasa impositiva reducida, que repercutirá en debilitar los ingresos fiscales.
Ambos dirigentes empresariales señalaron que existen vicios de inconstitucionalidad al crear una un sistema “discrecional y discriminatorio” y no descartaron presentar acciones la próxima semana ante la Corte de Constitucionalidad.
En lo que sí coincidieron es en que se debe crear un sistema de simplificación para el pago de impuestos, tarifas accesibles y procesos simples, pero con igualdad de condiciones para todos los tributantes.
A favor
Leonel Castañeda, presidente de la Federación de Ganaderos de Guatemala, comentó que también estudian la ley y mantienen aún dudas sobre cómo quedó el proyecto, en relación con las enmiendas planteadas.
Explicó que el nuevo régimen electrónico beneficia con un 4% cuando la propuesta original era del 3% sobre el monto de las ventas, pero lo plantean hasta el 2021.
“Tenemos aún dudas y estamos estudiando el proyecto. Nos generan inquietudes algunos aspectos de cómo quedó la redacción final”, señaló el dirigente ganadero.
En todo caso, dijo Castañeda, que la ley traerá efectos positivos al sector, ya que por un lado permitirá la formalización de varios ganaderos que en la actualidad están en la informalidad y no tributan, así como la bancarización de sus cuentas.
“Se está ampliando la base tributaria y ello permitirá que las personas que no pagan ahora se formalicen”, aseguró.
En ese sentido, el diputado Marvin Orellana, dijo que apoyó la iniciativa para que se sumen las personas que no están pagando al fisco, sobre todo en el sector agropecuario, para ampliar la base tributaria.
“Hay una regularización en el sector agropecuario para que quienes trabajen en la agricultura puedan tener un régimen del 5% y se brindarán meses de gracia para que regularicen sus problemas y eso vendrá a incrementar la recaudación”, afirmó el parlamentario.
Dijo que, en el caso de los ganaderos, no pueden comprar o vender sus animales por la justificación del dinero y en el caso de los agricultores después de la cosecha no podían bancarizarse, por las facturas.
Ahora tendrán que pagar el 5%, bancarizarse y pagar sus impuestos, recalcó Orellana.
Moral tributaria
Carlos Barreda, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, explicó que en general existe una desigualdad y no todos los sectores económicos cuentan con un tratamiento especial.
“Esta situación va a impactar en la moral tributaria sobre todo a las personas que están cumpliendo con sus obligaciones, al brindarles una amnistía y un régimen especial a otros contribuyentes”, aseveró.
Barrera reconoció que es necesario ampliar la base tributaria en el sector ganadero en el cual hay informalidad y que están fuera del sistema tributario, pero que puede brindar oportunidad para que algunas personas se formalicen, que “por un lado puede haber un impacto negativo y a la vez positivo”.
Tanto Barrera como Briz, alertaron que algunos contribuyentes formales puedan migrar a estos régimenes, haciendo una fracción de sus empresas, reportando los techos de ventas netas, para eludir el pago de los impuestos.
Abel Cruz Calderón, jefe de la SAT, afirmó que esperan conocer la publicación oficial de la ley para hacer los análisis del impacto de la ley.
Briz recordó que la ley no contó con dictamen técnico del Directorio de la SAT, ni del Ministerio de Finanzas y que a su entender, fue un “proyecto precipitado para beneficiar a un determinado sector productivo”.
Amnistía
Para Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), uno de los temas más sensibles de la Ley es la introducción de una amnistía tributaria.
Indicó que el proyecto tiene varias incongruencias.
“Hay violación clara a los principios tributarios y el sistema tiene que ser justo y el Congreso con esta ley no está fortaleciendo la justicia tributaria”, explicó.
Aseguró que esta situación vendría a impactar la carga tributaria, que viene con una tendencia a la baja en los últimos años.
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