Por ejemplo, una de las acciones es estudiar y hacer una caracterización de las formas típicas de los flujos de dinero que utilizan ciertos grupos, específicamente de las maras o pandillas y de los traficantes de personas.
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El ministro de Gobernación Enrique Degenhart declaró que este encuentro de las UIFS es parte del seguimiento luego de la reunión ministerial que se desarrolló en Guatemala el jueves 12 de diciembre, donde participó el Secretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad F. Wolf, para debatir el avance de la política migratoria.
“A nivel regional se está buscando ir detrás de los recursos ilícitos generados por estas estructuras de tráfico de personas y será un esfuerzo regional, que no solo lo llevan los ministerios de Gobernación, si no un trabajo interinstitucional como los Ministerios Públicos y las Superintendencias de Bancos y es una tarea que en la conversación con el secretario Wolf se desarrollará de una manera coordinada”, enfatizó Degenhart a Prensa Libre el fin de semana.
En la reunión en Guatemala se acordó la instalación de una unidad especializada para el combate generado por el tráfico de migrantes y con el apoyo de Estados Unidos para la coordinación, equipo y capacitación.
Coordinación entre países
Saulo de León, jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), informó que se crearán las herramientas en las UIFS para poder contrarrestar y determinar de mejor manera la forma en que actúan estas organizaciones criminales a través del sistema financiero y económico.
Declaró que el principal resultado de esta reunión fue una coordinación de los tres países, intercambiar información de lo que se está desarrollando para combatir conjuntamente los flagelos.
Precisó que son operaciones de inteligencia para generar información que les pueda servir a las fuerzas de orden, Ministerios Públicos y Policía, para adoptar las acciones coercitivas pertinentes, tal como lo detalló el ministro Degenhart.
Operación en ocho meses
Para el caso de Guatemala, según Degenhart, el programa le tocará ponerlo en marcha a las autoridades que asuman en enero y no habrá tiempo para concluir el trabajo en su gestión.
“Es un tema de seguridad nacional local y regional que se estaría empujando en su implementación el año entrante”, reiteró el funcionario, al ser consultado sobre la vigencia de parte operativa.
Por su parte De León enfatizó que generar y diseñar esas acciones que involucran a las fuerzas del orden llevaría entre seis y ocho meses para contar con las labores concretas, ya que primero se deberá contar con un marco interno y luego un producto general (integral) para la ejecución de las estrategias con los países.
Mencionó que es básica la participación del MP y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil, en lo referente a las extorsiones en el país.
Golpes financieros
Las acciones que se buscan desarrollar tienen un objetivo de brindar golpes financieros a estas estructuras transnacionales, que tienen como interés los recursos económicos.
“Ellos (integrantes de las estructuras) van buscando generar dinero con operaciones ilícitas. Por un lado, se está haciendo el trabajo de desmotivar la demanda de los servicios de tráfico de personas (coyotes) a través de brindarle oportunidad a los guatemaltecos de ir a trabajar de forma legal a los Estados Unidos”, aseguró Degenhart, quien calificó que los migrantes son vistos por mercancías por estas organizaciones.
Por otro lado, expresó que se combatirá la oferta de los servicios de los traficantes de personas y que hay avances en el trabajo de investigación criminal a nivel regional con la participación de las agencias de Estados Unidos, para desarticular las capacidades operativas de estos grupos.
“Hay un trabajo balanceado y coordinado que son ejes necesarios para poder debilitar las actividades ilícitas y no solo es atacar la parte financiera ilícita; ni solo combatir la oferta de los servicios; ni investigando y combatir penalmente a los operadores, ni tampoco quitar la demanda del servicio, si no brindarle otro tipo de solución a los guatemaltecos para que no tengan que migrar”, reiteró el funcionario.
El intendente de la IVE agregó que también se busca establecer un marco en el cual las personas y sus familias puedan sentirse seguras, activar mecanismos de coerción y de penalización a las maras que afectan a determinadas ciudades, territorios, pueblos y municipios, golpeados por altos índices de violencia y, de alguna manera, contribuir a minimizar la migración hacia otro país.
Recordó que se sigue la lógica común de atacar a la delincuencia desde la perspectiva financiera.
“El 90% de los delitos se cometen con un fin económico; entonces, en la medida en que se corte ese beneficio que tienen los criminales, en esa medida se contrarresta el interés de ellos de seguir delinquiendo”, declaró De León Durán.
Medida acertada
Para el economista Juan Alberto González Jacobo, especializado en temas de integración Centroamérica, las medidas a desarrollar son acertadas, ya que esta clase de actividades ilícitas son muy sólidas y existe una serie de organizaciones del crimen organizado que operan sobre la base de los delitos de extorsión, trata de personas, narcotráfico y tráfico de armas.
Declaró que las entidades financieras son susceptibles a bancarizar fondos provenientes de actividades ilícitas, por lo que es una decisión oportuna con las UIFS.
“Deben cubrir una ampliación de delitos porqué las bandas lo que hacen es mudarse y con mayores controles pueden impulsar qué parte de esos recursos ilícitos se puede transferir al área informal, donde se manejaría fuertes cantidades en dinero en efectivo y otra parte hacia el blanqueo”, aseguró el experto.
Dijo que, en la lógica económica, en todas las áreas del crimen organizado cuando alcanzan cierta magnitud, necesitan ingresar el dinero al sistema formal y las medidas que se van a implementar son una forma de contener a estas estructuras, pero tampoco van a desaparecer y se mantendrán a un nivel sin necesidad de usar los canales legales.
González Jacobo puntualizó que en parte se podría combatir el fenómeno de la migración, pero el flagelo no se va a detener mientras la población viva en condiciones de sobrevivencia y la carencia de oportunidades sobre todo económicas y laborales y donde exista concentración de riqueza y desigualdad.
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“No se van a detener las migraciones y hace falta reconfiguración productiva para que la redistribución sea efectiva, existan mayores oportunidades, un ambiente más seguro y de esa forma que la población tenga menos entusiasmo por viajar y enfrentarse a los riesgos de la migración”, agregó el economista.
En el caso de las extorsiones, en Guatemala todavía es un tema en ascenso, pero que todavía no es importante como en El Salvador y Honduras. Estas estructuras ya alcanzaron el nivel de crimen organizado que utilizan el chantaje como forma de enriquecimiento.
“El crimen organizado es un negociante oscuro que se diversifica con extorsiones, tráfico de armas, drogas y personas, de tal forma que se pueden debilitar en determinadas áreas, pero no en otras”, concluyó el analista.
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