El proyecto tiene una inversión estimada de US$125 millones, y es un instrumento para reactivar la economía, generación de empleo y demandar más consumo ante los efectos de la pandemia, expresó René Muñoz, director de asuntos corporativos de Convía.
El directivo reconoció que tendrá trabajo de acercamiento con los diputados para exponer los beneficios que representa este tipo de proyectos.
En octubre del 2019, el contrato no fue conocido en el pleno, por lo que accionó la compañía ante la CC.
La Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, establece que los proyectos deberán ser aprobados por el Congreso.
¿Cuál es la reacción de Convía por la sentencia que emitió la CC?
Le estamos dando seguimiento en estos meses para que todo se realice con orden y transparencia. El fallo de la CC fue basado en derecho y fueron las causas expuestas en la solicitud de amparo que se tomaron en cuenta, que al igual que nosotros la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y la agencia Anadie estuvieron alineados.
Entonces, es bueno que se falló con todo lo de ley, y ahora lo que nos toca es esperar los tiempos prudenciales para ver si hay procesos de revisión o ampliación.
¿Qué procede ahora?
Lo que corresponde es que regresa a tercera lectura, y se repita lo actuado en la sesión del 29 de octubre del 2019, en una forma correcta, ya que para –el contrato– de una alianza público-privada, existe un proceso para aprobar o improbar el proyecto.
Una de las cosas más importantes es que el Congreso se “empape” de como deber ser esta improbación o aprobación que es lo que nosotros buscamos por el beneficio que tiene para el país, principalmente ahora por la reactivación económica.
La CC dio 15 días y podemos entender que el Legislativo tiene sus tiempos, más que ahora que están en períodos extraordinarios y la próxima semana empiezan el ordinario para agendar los jefes de bloque este proyecto.
¿Por qué la importancia que los diputados se “empapen” de conocer esta APP?
En su momento, la agencia Anadie hizo un esfuerzo para que los diputados conocieran como es una alianza público-privado (APP), y con el cambio en este año de una buena parte de los legisladores, estimamos que más del 50% desconoce qué es una APP, específicamente los beneficios del proyecto de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal que es la iniciativa 5506.
Lo importante es hacerle llegar a los diputados todos los detalles del beneficio del proyecto, la ley de APP y cómo debe hacerse esa tercera lectura en lo que se tiene que analizar todos los detalles en función lo que dictaminó la Comisión de Comunicaciones el año pasado.
Luego, conocer cuáles son los pasos para la aprobación de este proyecto, y que deje sentada las bases para que cualquier otro proyecto de APP que venga.
¿Qué ordena la sentencia de la CC?
Que se repita lo actuado en esa tercera sesión y que se cumplan los procesos. Ahora creo importante que hay nuevos diputados que conozcan el detalle y se sientan con plena confianza porque los beneficios de este proyecto para la atracción de inversiones, generación de empleos, la contratación de empresas locales, tengan todos los aspectos para poder hacer una buena votación.
¿Por qué ese perfil de confianza para esta APP?
Cualquier decisión de país hay que tomarla con los elementos que lo integran, las situaciones y verla desde varias aristas. Este proyecto se hizo con transparencia, soportado por agencias internacionales, acompañamiento de Embajadas a la Anadie, todos los aspectos técnicos que en su momento dictó el CIV para hacer el proyecto y cuando se gana la licitación por el consorcio el 27 de junio del 2018, aparte de cumplir los aspectos técnicos se sobrepasa las expectativas que esperaba el Estado, y un proyecto que cumple todos esos aspectos le da más al país.
La inversión de más de US$125 millones -Q962 millones- que estimamos que nosotros vamos a hacer, ayuda a que el Gobierno no se endeude más y es una herramienta muy útil al Estado para atraer inversión extranjera que nos permita tener por ejemplo mejor infraestructura.
¿Cuánto es la proyección de inversión de la obra?
Estimamos en US$125 millones, y hay varios aspectos a tomar en cuenta, ya que no solo es la reconstrucción que hoy conocemos, sino que es una autopista de primer nivel con 41 kilómetros, pero por aparte la construcción de infraestructura, la fabricación de dos puentes, ocho pasos a desnivel, el mercado de frutas, pasarelas, la instalación del sistema integrado de transporte, sistema de básculas, señalización vertical y horizontal, así como la adquisición de terrenos para la realización de los pasos a desnivel.
¿Se cambia la estimación original?
Esto viene del 2012 y 2015 cuando el CIV actualizó estudios de un proyecto que empezó en el 2003, y a través del tiempo hay una variación de las estimaciones, y nosotros como consorcio, hemos dicho que vamos a invertir más para que tenga una vida útil más allá de 25 años.
¿Cuál es la postura de los inversionistas con el proyecto?
Hay satisfacción de que pueda tomar su cauce el proyecto, y es una oportunidad para hacer un cambio de modelo de adquisición de infraestructura que necesita el país.
Con los fondos se continúa con el apoyo de la banca local e internacional y por ese lado hay una disposición de continuar.
Hablando en un plano hipotético, si se conoce el proyecto por el Congreso, ¿cuándo podría iniciar la obra?
Una vez aprobado el contrato por el Congreso, hay varios procesos internos que se tienen que ver con varias instituciones estatales, luego los estudios definitivos de ingeniería, permisos, y si se autoriza, en ocho meses podríamos empezar con el movimiento de tierra, para avanzar y terminar en 2024.
¿Cuál sería el impacto económico?
En los primeros años, tener mil 700 empleos directos e indirectos, contratación de empresas locales, la importación de maquinaria, y los impactos en los primeros años podría ser de US$110 millones.
¿Cómo será el canon?
La tarifa se empezará a conocer cuando este la primera fase en el 2024, y la disponibilidad de la carretera en 100%. El canon una vez terminado la primera fase el Estado va a recibir en los primeros ocho años 4% de ingresos brutos sin IVA y a partir del noveno año será el 41%.
