Estrada agregó que el siguiente paso será la aprobación del crédito de parte de la Junta Monetaria, para que después el Congreso lo ratifique.
Aunque los recursos no están incluidos para el 2017, según el ministro, cuando lleguen podrían sustituir a otras fuentes de financiamiento.
El préstamo del BID se pagará a 20 años plazo, con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés basada en Libor.
Banco Mundial también tiene en trámite un préstamo similar por US$250 millones para apoyo presupuestario.
Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2017 es de Q79 mil 830 millones.
Entre 2007 y 2015 los ingresos públicos totales de Guatemala se redujeron 2.1 puntos porcentuales del PIB, con lo que alcanzaron el nivel más bajo de América Latina.
El BID espera que como resultado del apoyo financiero, se mejore en 5% en el puntaje del Índice de Lavado de Dinero de Guatemala.
El funcionario explicó que el desembolso de los recursos está condicionado a que el Estado cumpla con diversas acciones para ser “elegible”.
Entre los temas que condicionarían el crédito están modernización fiscal, lavado de dinero e institucionalidad.
Estrada recordó que los recursos no tienen un destino específico, pues son para financiar el prespuesto general.
Según explicó, el préstamo se recibirá en dos desembolsos de US$125 millones cada uno, los que se distribuirán en los presupuestos del 2017 y 2018.
“Es positivo tener estos préstamos, pues en este momento nos podemos financiar con tasas atractivas y, además, logramos abrir de nuevo este cupo proveniente de la banca multilateral”, dijo Estrada.
Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, dijo que para aprobar préstamos de este tipo, se debe lograr una mayor y mejor recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Otra premisa, según Flores, es que el gobierno defina si habrá o no reforma fiscal, puesto que “no se puede continuar con el déficit de financiamiento”.
El BID resaltó que el préstamo busca que se promueva el incremento de ingresos tributarios y la prevención del lavado de activos.
