“El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, en inglés) presentó al mundo, en base a información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales”, afirmó el despacho.
Antes del escándalo, el bufete tenía 370 empleados en Panamá y 600 empleados repartidos en decenas de oficinas de todo el mundo, pero desde la masiva filtración fueron progresivamente recortando personal y en los últimos meses funcionaban con menos el 10 por ciento de la plantilla.
“Mossack Fonseca tuvo que iniciar un proceso de reducción de oficinas y personal en todo el mundo. El proceso se ha llevado a cabo en completo orden y cumpliendo las leyes de cada país”, aseguró la compañía.
El bufete insistió en que el negocio de las sociedades extraterritoriales no es “ilícito” y dijo que Panamá es el único país donde las autoridades les han abierto procesos penales “por la provisión de ese servicio”.
Además del caso de los papeles, los dos socios fundadores de la firma, Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, están siendo investigados por el Ministerio panameño por su presunta implicación en el caso de corrupción brasileña Lava Jato.
Los abogados, a quien el Ministerio Público acusa de formar una “organización criminal” que ayudaba a lavar dinero en la trama brasileña, fueron detenidos en febrero del año pasado y pasaron cerca de 4 meses en prisión preventiva.
El escándalo de los papeles de Panamá desató todo un vendaval de críticas contra ese país y su primera consecuencia fue la decisión de Francia de volver a incluir a la nación centroamericana en su lista de paraísos fiscales.
