Los empresarios pidieron al Ministerio Público actuar en contra de la corrupción y pidieron que todos los involucrados en esos casos sean investigados y que se aplique la extinción de sus bienes.
“Cualquier empresario que esté involucrado en actos de corrupción es un delincuente”, afirmó Briz.
"Esperamos acciones inmediatas del MP para que se recuperen los bienes", @prensa_libre @Economia_pl
— Guillermo I. Ramírez (@giramirez_ee) May 28, 2015
Aunque no piden la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina. Señalan que “AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, que antes que deje el cargo, tiene la responsabilidad de asegurar la restitución efectiva de los recursos públicos que hayan sido sustraídos del Estado”.
Ayer fueron enviados a prisión preventiva 17 señalados de participar en la contratación fraudulenta de medicina para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Además el pasado 16 de abril, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) reveló una red de defraudación aduanera que involucró al secretario privado de la ex vicepresidente, Roxana Baldetti.
Briz: "Toda sanción sin restitución es impunidad", @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/nqJgN9ZxVK
— Guillermo I. Ramírez (@giramirez_ee) May 28, 2015
El pasado 26 de mayo, el Juzgado Sexto Penal ordenó la captura de la Junta Directiva del IGSS, la junta licitadora que contrató a la Droguería Pisa y los directivos de la empresa.
Capturados
Rudy Esquivel, vocero del SP, informó que Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del IGSS; Julio Suárez, presidente del Banco de Guatemala; Jesús Oliva, Erwin Castañeda y Max Quirín ingresaron a la cárcel de la base militar Mariscal Zavala.
También Otto Molina, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Aída Stalling; el médico Arturo Castellanos, Ramiro Lorenzana, Édgar de la Peña y Álvaro Dubón, subgerente administrativo del IGSS.
Herberth García-Granados Reyes fue enviado a la prisión del cuartel militar Matamoros.
Julia Lotán, Carmen Gil, Delia Castañón, Mayra Gómez, Doris González y Alba Maldonado fueron trasladadas a la cárcel para mujeres Santa Teresa.