Es así como al 31 de agosto pasado, la deuda interna ascendía a Q120 mil 433 millones 550 mil; mientras que la externa sumaba aproximadamente Q78 mil 888 millones, para un total de Q199 mil 322 millones 210 mil.
Si esta cifra se divide entre 18 millones de guatemaltecos, la deuda por persona (per cápita) asciende a Q11 mil 73 y ello se debe a que en los últimos diez años, el endeudamiento público se ha incrementado de forma exponencial.
Y como ocurre cada año, el gobierno ya propuso la contratación de nueva deuda pública para financiar el proyecto del Presupuesto para el 2022 por cerca de Q20 mil millones, que se sumarían al saldo mencionado y mantendrá la tendencia de acudir al endeudamiento para cubrir el exceso de gastos, que siempre superan los ingresos tributarios proyectados.
Brasa caliente
A más tardar el 30 de noviembre próximo, los diputados tendrán en sus manos la aprobación del nuevo tramo de deuda pública incluido en la iniciativa del presupuesto de ingresos y gastos del estado por Q103 mil 992 millones, y es un tema que genera desgaste y contrapesos, sobre todo en un año preelectoral.
De los Q103 mil 992 millones que se plantean como presupuesto, Q79 mil 930 millones provendrán de ingresos corrientes como los ingresos tributarios, Q24 mil 360 millones por la colocación de bonos del Tesoro, préstamos con organismos internacionales y otros ingresos, así como Q1 millón 807 de ingresos de capital, que son las fuentes de financiamiento estructuradas en el proyecto.
El dinero que se capte por la emisión de bonos del Tesoro -deuda interna- o por los prestamos -deuda externa- se destinará al gasto público, ya sea para funcionamiento, inversión o, precisamente, para pagar deuda acumulada.
Por lo tanto, se incluyen Q15 mil 312 millones asignados al pago del servicio de la deuda dentro del endeudamiento interno por Q16 mil 963 millones, aparte de préstamos al exterior por Q2 mil 451 millones. En pocas palabras, hay que pagar la factura del endeudamiento público y es muy seguro que ya se incorpore la contratada en el 2020.
Por ley, el Congreso debe aprobar o improbar el presupuesto estatal, incluyendo el nuevo endeudamiento público. Si ocurre lo segundo, queda vigente el presupuesto del año anterior.
La historia reciente
En el 2011, el Congreso autorizó un endeudamiento total por Q12,207 millones; en el 2015, el monto fue de Q12 mil 153 millones; y en el 2018, la cifra subió a Q13 mil 124 millones.
Pero en el 2020, la deuda pública aumentó en más de Q35 mil millones, lo que las autoridades justificaron con el combate de la pandemia, lo que elevó el déficit fiscal –gastos programados que superan los ingresos- al equivalente de 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en la propuesta para 2022 se proyecta un déficit del 2.8%.
En detalle, la ejecución de Operaciones de Crédito Público en 2020, muestra variables importantes que matizaron el ajuste. Por ejemplo, el endeudamiento aprobado el año pasado era de Q14 mil 207 millones, pero por la emergencia sanitaria, este se incrementó en Q30 mil 47 millones, mientras los préstamos aprobados pasaron de Q1 mil 592 millones a Q5 mil 744 millones.
En términos generales, en el 2020 se aprobaron Q21 mil 457 millones -incluyendo las recolocaciones de títulos de vencimiento-, pero los nuevos compromisos cerraron en Q41 mil 449 millones, entre préstamos, nueva deuda y roll over, como financiamiento a las necesidades urgentes.
Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, recalcó que Guatemala, al igual que otros países, tuvo que recurrir al endeudamiento para afrontar la pandemia, pero para el 2022 se está proponiendo menos contratación de deuda para situarse en un déficit fiscal del 2% del PIB.
Mientras tanto, al 29 de septiembre pasado, el pago del servicio de la deuda llevaba una ejecución del 68% por un monto de Q10 mil 36 millones, con una asignación inicial de Q14 mil 611 millones.
¿Por qué nos endeudamos?
Según Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), lo que se ha visto en los últimos años es un estancamiento en los ingresos y se debe recurrir al endeudamiento, pero por el otro lado, los gastos tienden a crecer.
Enfatizó que, en buena parte, el crecimiento del gasto público para funcionamiento se debe a la masa salarial de los trabajadores del sector público, que en el último año se vio influenciada por los efectos de la pandemia y la compra de vacunas para el covid-19.
“En el caso de las remuneraciones, es un tema que permanece y presiona los ejercicios fiscales en el futuro, al igual que en las clases pasivas del Estado; entonces, tenemos ingresos estancados, gastos creciendo por la masa salarial y el otro ingrediente es la inflexibilidad de la normativa que compromete los egresos”, puntualizó.
Aclaró que, desde el punto de vista macroeconómico, el país puede soportar esos shocks de endeudamiento, pero más que el monto de la deuda, uno de los problemas serios es que no se cuenta con una buena calidad del gasto público, y se convierte en el principal reto a superar por el lado de los egresos.
“Uno se puede endeudar para que brinde resultados y hablamos de los estratégicos, y no de los institucionales. Entre esos objetivos están los alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda más integral o de largo plazo que incluya la reducción de la desnutrición infantil, bajar la pobreza extrema y un crecimiento del empleo formal; si se lograran esos resultados, sería un tema de costo-beneficio”, aseveró.
Riesgos latentes
Del 2019 a agosto último, el saldo de la deuda pública se incrementó Q41 mil 996 millones, asociado a los efectos de la pandemia.
Por ejemplo, en 2019 el indicador mostraba Q157 mil 325 millones; en 2020 el saldo cerró en Q189 mil 187 millones; y al 31 de agosto de este año se ubicó en Q199 mil 322 millones, lo que equivale al 30.9% del PIB. Al hacer la relación de la deuda pública contra los ingresos tributarios, esta es de 313%, mientras que respecto a los ingresos totales, es de 295%, según el Ministerio de Finanzas.
En los tres casos, la deuda del país se encuentra en los límites máximos recomendados por las agencias calificadoras de riesgo y los organismos internacionales. Y si el Congreso aprueba la solicitud de la contratación de la deuda pública propuesta para el 2022, el indicador estaría situándose alrededor de los Q220 mil millones, lo que activaría las alertas financieras del país.
