El mandatario anunció haber integrado una comisión para analizar el tema, la cual estará compuesta por representantes del Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Comunicaciones.
A más tardar el viernes de esta semana tendrá que emitir las recomendaciones.
El viernes pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) decretó la suspensión provisional del impuesto por considerar que provoca una doble tributación, violando la Constitución.
Agujeros por doquier
La ministra de Finanzas, Antonieta de Bonilla, tampoco se animaba a anticipar medidas. Y es que, según ella, son Q1 mil 800 millones anuales que el Gobierno dejará de percibir tras el fallo de la CC y afectará varios renglones.
Por ejemplo, dijo que hay préstamos del exterior para construir y dar mantenimiento a carreteras que no serían desembolsados sin el complemento de recursos provenientes del IDC.
Adicionalmente, en 2005 otras entidades se resentirían en sus presupuestos. La Universidad de San Carlos dejaría de percibir Q48 millones; el Organismo Judicial Q40 millones; las municipalidades Q57 millones; Covial Q614 millones; el deporte federado y no federado Q30 millones; la Contraloría General de Cuentas Q21 millones, y Q971 millones más que no irían al gasto de inversión del Estado, explicó De Bonilla.
Marco Tulio Reyna, gerente de la Cámara de la Construcción, también lamentó el fallo de la CC.
El ejecutivo estima que de no restituirse el impuesto, cerca de 200 mil familias se verían afectadas porque en el mantenimiento de carreteras, financiado con este impuesto, laboran 40 mil personas por medio de mil 121 empresas.
Callejón sin salida
Hasta ayer, lo único que la ministra del Tesoro anticipaba era presentar a la CC los argumentos que según ella, demuestran que el IDC no riñe con la Carta Magna. La funcionaria sostiene que no había doble tributación como consideró el máximo tribunal constitucional.
Un impuesto adicional la funcionaria lo considera ?muy remoto?.
Luis Carrillo, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), tampoco cree que sea factible en estos momentos un impuesto que restituya al IDC.
?Lo preocupante es que nuestro sistema tributario sea tan vulnerable a acciones del procurador de los Derechos Humanos?, lamentó Carrillo. A la vez, dice que el procurador debería de analizar sus acciones pues en este caso, afecta a más personas que las que favorece.
El impuesto suspendido por la CC era de Q4.70 por galón de gasolina superior, Q4.60 a la gasolina regular y Q1.30 al diesel.
Para las arcas públicas, estos ingresos representan cerca del 8 por ciento del total de la recaudación tributaria.
