En tanto el Ministerio de Energía y Minas (MEM), trabaja en una iniciativa de ley para modernización de alumbrado público la cual el Organismo Ejecutivo presentaría al Congreso.
Rudolf Jacobs, presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager) refirió que una de las acciones que el gobierno puede impulsar es convocar que a una mesa a la cual se integre a las municipalidades y a las distribuidoras de energía y contar con el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y del MEM para analizar el caso de cada comuna y establecer un cobro porcentual adecuado en cada una.
“Las municipalidades fijan las tasas, las distribuidoras, pero la CNEE y el MEM puede ser el soporte técnico y acompañamiento de otras entidades” dijo el directivo al mencionar que el cobro de alumbrado público sigue siendo un foco de conflictos no solo contra el sector de electricidad sino a nivel nacional.
Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo la semana pasada que el actual gobierno tiene el reto “de pinchar los globos de conflictividad”, uno de estos es el tema de alumbrado público y robo de energía por lo que es necesario desactivar esa situación que puede tener consecuencias políticas enormes.
Ambos coinciden que es el momento de discutir y plantear soluciones a temas como este tomando en cuenta que el gobierno acaba de asumir y lo ha mencionado como una prioridad.
Jacobs dijo que el gobierno y autoridades pertinentes deben ser más eficaces en el tema de electrificación rural ya que aún hay más de 1 millón 500 mil hogares sin servicio, pero antes se debe resolver la el tema tasa de alumbrado público porque acceder a ese servicio posteriormente pierde el sentido porque los hogares dejan de pagar por las altas tasas de ese rubro.
“Hay una oportunidad de limpiar la mesa, eficientarlo y que se establezcan cobros proporcionales. Por eso es necesario esfuerzo del MEM y de la CNEE” agregó el directivo. Expuso que el reglamento establece que al haber un convenio entre las municipalidades y las distribuidoras, la CNEE podrá autorizar el cobro en la factura de electricidad y que por ello es muy importante que las comunas estén en la mesa.
“La tasa de alumbrado público es el cargo más injusto que se cobra y el principal motivo que impulsa la conflictividad y las conexiones ilegales”, mencionó el presidente de Ager.
Agregó que por eso el objetivo es lograr un esfuerzo conjunto para hacer eficiente el parque de luminarias y cambiar las de mercurio y otras por las tecnologías más modernas para disminuir el consumo, transparentar el cobro y cambiar el formato. Consideró que ese aspecto ayudará a cambiar el formato de cobro y a los usuarios subsanar sus deudas.
Ager cree que la forma debe ser proporcional y no un cargo fijo, y que paguen quienes cuentan con ese servicio público. El cobro en muchos municipios se ha cuestionado ya que supera el costo por el consumo propio en los hogares.
Presentarán iniciativa de ley para modernización de alumbrado público
El ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel, mencionó que están trabajando en una propuesta para el tema.
Ésta se enfocaría en una propuesta de ley de modernización del alumbrado público, la cual el Organismo Ejecutivo presentará al Legislativo.
El funcionario mencionó que en términos generales el cobro de alumbrado público, respecto al total de la factura de energía del usuario, es muy cara en algunos municipios. El problema es que las lámparas instaladas en la mayoría de lugares son ineficientes y de alto consumo.
Ejemplificó que una luminaria de mercurio de 175 watts significa Q150 en costo al mes a la municipalidad, por lo que con el cobro que hace la comuna se tiene que asegurar que le alcance para pagar.
Parte de la propuesta que trabaja el MEM es procurar como Estado la sustitución de las lámparas de alto consumo por las de consumo más eficiente para lograr una disminución en el cobro. Sin embargo el funcionario no brindó detalles acerca del contenido y cuándo se presentará la iniciativa al Congreso.
Cómo se conforma el parque de lámparas de alumbrado público
En el país hay instaladas 562 mil 306 lámparas de alumbrado público en las áreas que cubre Energuate, con 338 mil 149 focos y la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) con 224 mil 157 según datos brindados por la CNEE.
El mayor porcentaje de luminarias instaladas son de tecnología Led de las cuales hay 223 mil 260 (39.70%), le siguen las 146 mil 699 (26.13%) de mercurio, de sodio son 133 mil 511 (23.74%). Además, ya hay 58 mil 836 ahorrativas (10.46%).
Aunque el número de focos led es más alto, solo consumen en conjunto 12% del total de energía demandada para alumbrado público, mientras que los de mercurio consumen el 37.9%, según los datos de dicha comisión los de sodio representan el 42% de la demanda.
Según la información de CNEE la mayoría de luminarias Led están ubicadas en áreas cubiertas por Deorsa, seguida de Deocsa y de EEGSA.
Cambiar funciones y no solo formas de cobro
El consultor en temas energéticos y ex ministro de energía y minas, Jorge García Chiu, mencionó que cambiar las luminarias sería lo más favorable porque se lograría disminuir el gasto por consumo. Explicó que participó hace años en la unidad a cargo de un plan de eficiencia energética en la CNEE, con la cual se buscaría que el Gobierno fuera el encargado de hacer el cambio de luminarias a nivel nacional por medio de un subsidio. El fine era lograr la baja en los cobros en la factura de energía al usuario.
Sin embargo García opinó que hay un problema de fondo sobre el cual no se ha discutido y que no se trata solo de crear un mecanismo para fijar el cobro por porcentaje.
Explica que el Código Municipal le delegó como una responsabilidad a las municipalidades brindar, administrar y cobrar el servicio de alumbrado público, pero las comunas no tienen la capacidad técnica y tampoco son generadores de energía.
A su criterio se debe dejar sin efecto esa responsabilidad y pasarla a cargo de las distribuidoras, por lo que se tendrá que crear tasas nacionales que deberían ser analizadas, aprobadas y fijadas por la CNEE. Las distribuidoras lo deberán someter a aprobación de esa Comisión cuando se quiera incluir el cobro en la factura de electricidad, como lo establece la Ley General de Electricidad, agregó.
Para ello expuso que se debería modificar el Código Municipal y quitar esa función a las comunas, y crear los mecanismos para las nuevas responsabilidades que quedarían a cargo de las distribuidoras y de la CNEE. Añadió que esas modalidades funcionan en otros países.
El consultor menciona que en los municipios donde no haya grandes usuarios y que las cuotas se vuelvan muy altas para los hogares se deberá analizar algún tipo de subsidio.
La postura de Anam
Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), mencionó que se critica el cobro de alumbrado público, pero se debe tomar en cuenta que las comunas deben contar con los recursos suficientes para pagar por el consumo, pero también para darle mantenimiento a las luminarias. Por lo que, añade, cada municipalidad coloca el costo de alumbrado público que considera necesario.
Ovalle dijo que le interesa participar en una mesa de discusión técnica como la que se propone, pero adelantó que su postura sería en defensa de los alcaldes.
Respecto a las propuestas de la forma de cobro mencionó que existe una forma de establecerlo de manera proporcional a lo que uno consume, sin embargo, opina que “se ve un poco injusto porque el alumbrado público es de todos”, aunque también considera que es injusto que el cobro sea fijo por el mismo monto para todos.
A su criterio no es necesario establecer una ley para normar el cobro y fijar la metodología porque señala que las leyes las sacan los congresistas y no se toma en cuenta las posturas de las municipalidades. Insiste que algunas tienen que hacer cobros altos dependiendo de cuantas luminarias posean.
Además, mencionó que no está de acuerdo con que se fijen tasas límites (de 5%, 10% o 15%) como se ha manejado en ciertas propuestas de ley, ya que podría provocar falta de recursos para el mantenimiento y brindar el servicio adecuado.
Varias comunas ya empezaron hace años los cambios de tecnología de las luminarias, refirió Ovalle. Expuso que en Salcajá, municipio del cual es alcalde, cambio las de mercurio por las de sodio proyecto en el cual se invirtió Q4 millones. La decisión fue no bajar la tasa para que, con el ahorro logrado en el consumo, se recupere la inversión, añadió..
Un programa de cambio de tecnología de luminarias a nivel general podría ser adecuado, pero se debe tomar en cuenta que los costos de esos focos son más altos que los que se han usado tradicionalmente, explicó al presidente de Anam.
En algunos casos han optado por concesionar el servicio como se ha hecho en Villa Nueva, recordó Ovalle.
Otro problema que están enfrentando las comunas es que no existe una planta de desechos para los focos de mercurio, expuso el presidente de Anam.
¿En qué fase quedó la propuesta de ley?
En el Congreso de la República han existido unas seis iniciativas con el fin de normar el cobro de alumbrado público.
Entre estas la identificada con el número 4781, Ley del Arbitrio del Alumbrado Público Municipal, la cuya es impulsada por el diputado Carlos Barreda, actual jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza.
El proyecto, que fue presentado en el 2013, quedó aprobado en tercera lectura en el Congreso pero está pendiente de la discusión por artículos y redacción final pero aún no ha sido programada en agenda para las sesiones plenarias por los parlamentarios.
El objetivo de esta iniciativa es establecer un arbitrio del alumbrado público basado en un cálculo por municipio, además eliminar la discrecionalidad de los alcaldes para establecer el porcentaje de cobro por el servicio de alumbrado público municipal. Además, determinar con claridad el procedimiento de recaudación y distribución del arbitrio (del cual 5% sería para mantenimiento y 5 % para expansión) y fijar un proceso de renovación de luminarias (para 3 años) y eficiencia energética con el fin de reducir el consumo y la facturación.
Por aparte en la comisión de Energía del Congreso, del 2016 al 2018 se analizaron varias propuestas. Posteriormente se creó una mesa técnica a la cual se le pidió unificar y preparar otra propuesta.
El presidente de CNEE Rodrigo Fernández explicó se trabajó una propuesta conjunta coordinada por el MEM, que involucró a la Dirección General de Energía, CNEE, representantes de las bancadas del Congreso y de la Anam.
En ese proceso se efectuaron 29 reuniones de la mesa técnicas en las que se trabajaron criterios de aplicación, incluyendo la definición de qué se debía de entender por Alumbrado Público, además se discutió una fórmula de aplicación “que pudiera ser lo suficientemente flexible para poder ser aplicada a todas las municipalidades, a cada una con sus propias características”.
La propuesta se terminó y se trabajó hasta la fase de articulado, pero según Fernández, a último momento la Anam se opuso a la fórmula diseñada.
El actual presidente de CNEE era viceministro de Energía cuando se efectuaron esas discusiones.
Fernández agregó que la Anam buscaba que se aplicara un factor, que a criterio de la mesa técnica no cabía en la fórmula que proponían porque se consideró que permitía discrecionalidad que comprometía la aplicación de esa fórmula. Por ello el MEM envió a la presidencia del Congreso en el 2019 la propuesta consensuada sin esa propuesta de la Anam.
A criterio de Fernández es necesaria “una ley que delimite de forma adecuada el tema del alumbrado público sobre todo en su conceptualización, y que su formulación permita una aplicación a l generalidad de las municipalidades, cuidando al consumidor final”.
¿Quién debe controlar?
En el 2019 surgió una polémica entre la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la CNEE respecto de qué ente tiene facultades para verificar las tasas de alumbrado público. Los representantes de las entidades expusieron criterios encontrados al respecto.
En una citación en el Congreso de la República, la CNEE explicó que no tiene facultad para calcular, aprobar o improbar esa tasa municipal, sin embargo, la Contraloría es de la opinión de que dicha entidad sí puede y debe hacerlo. En esa reunión de mayo del 2019, el ente contralor cuestionó a dicha Comisión por inacción en esos casos.
En esa ocasión diputados explicaron que en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida en el 2016 por esta corte conmina a la CNEE “a efectuar control y supervisión sobre la distribución y el cobro de alumbrado público que se realiza a los pobladores de los 48 cantones que integran el municipio de Totonicapán” y que eso es de aplicación general.
