Es así como unas 650 personas hoy se enfrentan al desempleo e indican que deberán buscar otras oportunidades en el municipio, otro departamento o el exterior por medio de la migración. Por otro lado, muchos comercios, restaurantes y hoteles señalan que la derrama económica no les llegó casi nunca, así que no ven ningún impacto.
José Tiul, extrabajador minero en El Estor, dijo que que perdió su trabajo por la suspensión de labores y aunque recibió sus prestaciones laborales y un bono cuando rompió lazos con la mina hace unos días, el dinero le alcanzará por un tiempo. Dice que “hay que salir de El Estor para encontrar empleo” porque muchas personas no tienen terrenos para trabajar, como los agricultores.
Con otra visión, Renato Yee, hotelero del municipio, afirma que no le afectará la salida de la mina, ya que no recibía huéspedes relacionados con la empresa porque esta contaba con un área habitacional, conocida como Colonia Rusa, en la que “había un mercado, una tienda donde compraban sus artículos de primera necesidad, club y más facilidades, por lo que no necesitaban salir”.
“Entonces la economía del pueblo (los negocios, restaurantes y hoteles) no se benefició en nada”, expresa.
También están quienes refieren que, además de dar pocos beneficios a la comunidad, la mina afronta señalamientos de daños ambientales, represión y violación a los derechos humanos.
El sector en general
La producción minera ha sido variable en los últimos 10 años. La contribución de esa actividad al Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala pasó de significar 1.6% (unos Q7 mil 372.7 millones) en el 2014, a entre 0.6% y 0.7% en el 2022 (que representaría aproximadamente Q4 mil millones).
Dicha producción fue principalmente sostenida por varios años por la Mina Marlin, ubicada en San Marcos. Sin embargo, 12 años después de la primera explotación de oro y plata y tras agotarse las vetas, concluyó sus operaciones extractivas en mayo del 2017.
En el 2014 empezó su extracción la mina El Escobal (en Santa Rosa) que posee una de las reservas de plata más grandes del mundo, pero en julio del 2017 fue suspendida su operación por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) por no haberse realizado la consulta comunitaria a la población indígena del área de influencia del proyecto.
En consecuencia, la producción minera en el país empezó a caer y no fue sino hasta el 2019 y 2021, cuando se reflejó un leve crecimiento, pero en el 2022 mostró de nuevo una caída, en este caso de -4.6%, según los datos del Banco de Guatemala (Banguat).
Para el 2023 se calculó un incremento productivo de 18.5% en ese sector, lo que no podría cumplirse porque en diciembre pasado suspendió sus operaciones la minera Mayaníquel, que operaba en Alta Verapaz, y en febrero tomaron igual decisión CGN y su afiliada, la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico).
Ello se debió a que las empresas fueron sancionadas por Estados Unidos en noviembre de 2022, por presuntamente sobornar a funcionarios y oficiales.
Ahora, según la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), solo están operando tres licencias: El Sastre 1, El Sastre 2, y Cerro Colorado.
Valery Zurita, directora ejecutiva de Grenat, refiere que observan la suspensión de Mayaniquel como algo realmente muy difícil no solo para el sector, sino que para la economía del área del Polochic, ya que era casi la única fuente de empleos formales.
Además, afirma que el total de aporte al PIB de Mayaniquel y CGN era de Q532.5 millones, equivalente al 14% del PIB del sector minero.
“Y ahora que CGN y Pronico suspendieron operaciones, ya prescindieron del 50% de los colaboradores. Antes ocupaban a unos dos mil trabajadores, es preocupante y se vuelve un riesgo latente porque en el corto plazo puede llegar a afectar a alrededor de 12 mil familias, quienes han sido beneficiadas por el trabajo que generaba esa actividad. Esto, porque hay estudios que refieren que, por cada empleo en la minería, se generan 6 más en otras industrias”, explica Zurita.
No obstante, expone que hay expectativas optimistas sobre la reactivación del sector en los próximos meses, con dos campos que estos se ubican en otras áreas y no en Izabal, así como la posibilidad de la reapertura de El Escobal, en Santa Rosa (a cargo de Panamerican Silver), además que se prevé el próximo inicio de operaciones de la minera Cerro Blanco, en Jutiapa.
La suspensión
CGN y Pronico son subsidiadas por el Grupo Solway, una empresa que, según el gobierno de Estados Unidos, es de capital ruso, aunque los directivos mineros lo niegan.
Fénix ya había sido suspendida de forma provisional en el 2019 por la CC por no haber realizado la consulta comunitaria en el área de influencia. Además, ordenó la reducción del área que cubre la licencia emitida por el MEM de 247.99 kilómetros cuadrados (Kms2) a 6.29 Kms2 porque el resto no contaba con un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según la CC.
Fue hasta en febrero del 2021 cuando el MEM suspendió la licencia. En diciembre de ese año se finalizó la consulta y la minera Fénix previó reactivar operaciones en marzo del 2022.
Ahora, ante las sanciones que emitió el gobierno estadounidense contra ejecutivos de las empresas, la firma decidió suspender su operación industrial a partir del 28 de febrero del 2023, lo que conllevó la reducción de personal. Y se llegó a un acuerdo mutuo de retiro con los trabajadores, por lo que de las 1 mil 700 personas que aún laboraban en esa compañía, 650 se acogieron a ese acuerdo que establecía el pago de sus prestaciones con indemnización.
Respecto a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las empresas mencionadas, Zurita dijo que “no es un señalamiento al sector minero como tal, por lo que no lo vemos como algo determinante para el futuro y el rumbo del sector. Por supuesto, es algo que afecta a la imagen del país, pero las dos empresas están trabajando con sus equipos legales para afrontar esa situación y resolverlo de la mejor forma posible para poder seguir operando a mediano o largo plazo”.
Producción y regalías
Según el informe anual de minería emitido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) la producción minera en el país del 2014 al 2021 fue de Q23 mil 561.3 millones de lo cual, la mayor parte (Q21 mil 35.78 millones) correspondió a minerales metálicos.
Las empresas deben pagar al Estado el 1% sobre los ingresos brutos, de lo que la mitad se destina al gobierno central (MEM) y la otra parte, a las municipalidades del área de influencia.
En el 2021 la producción minera metálica fue de Q1 mil 390.60 millones y de estos, Q1 mil 326 millones correspondieron a mena con mineral de níquel y ferroníquel. Los reportes del Banguat (citados por la CGAB) refieren que de ferroníquel se exportaron US$365.9 millones en ese año y creció 28.3% llegando a US$469 millones en el 2022.
En tanto, el MEM reporta que los ingresos del Estado por regalías fueron de Q5.8 millones, además de Q8.3 millones por otros rubros provenientes de la minería.
Y en el 2022, las exportaciones de ferroníquel crecieron 28% para llegar a US$469 millones, mientras las regalías pagadas sumaron Q8.9 millones, más otros ingresos por Q5.4 millones.
Durante el primer trimestre del presente año los titulares de licencias de explotación minera deben rendir informe anual por escrito a ese ente, respecto al cierre del 2022.
El caso de El Estor
CGN está a cargo de operar la licencia minera Fénix ubicada en El Estor, en Izabal, y según datos del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), del 2010 al 2021, ese proyecto extrajo 12 millones 234 mil 900.04 toneladas métricas de ferroníquel y mena de hierro con mineral de níquel. En el plazo en mención, pagó Q21.2 millones por regalías.
Se agrega que la mayoría del mineral se ha exportado a Ucrania, aunque en dos ocasiones se envió a Canadá y a Argentina.
El informe también menciona que la compañía tiene otro proyecto ubicado en el municipio de Los Amates, en el mismo departamento el cual, del 2014 al 2021 extrajo 5 millones 715 mil 432.32 toneladas métricas de mena con mineral de níquel y pagó Q14 millones 843 mil 861.82 en regalías. Todo el material se exportó a Ucrania.
Según Guadalupe García, de OIE, en los últimos diez años, de los Q14 mil millones que exportaron las empresas con cuatro licencias mineras en Izabal, solo Q53 millones quedaron para el Estado, lo que representa apenas el 0.37% de los ingresos de las compañías.
“Es poco, considerando todo lo que esto ha implicado en las dinámicas locales. Ha modificado incluso los proyectos de vida de las personas y mucha gente fue encarcelada injustamente, cuyas familias quedaron desintegradas, aparte de personas que han sido perseguidas y acosadas permanentemente por las fuerzas de seguridad”, opina.
En tanto el Informe EITI emitido por Guatemala para los años 2018, 2019 y 2020 con datos reportados por CGN, la empresa pagó en total Q3.2 millones de regalías al municipio de Los Amates, y Q3.01 millones a El Estor.
En el caso del proyecto Fénix, que opera CGN, de 2015 a 2021, dejó Q7.6 millones de regalías, sin embargo, si se divide entre el promedio de los habitantes del municipio durante el mismo período, el dato es de Q13.89 por persona al año, según estimaciones basadas en datos de OIE.
Ricardo Rodríguez, analista de la firma consultora Central American Business Intelligence (Cabi), expone que es un impacto que va directo a las municipalidades porque la Ley de Minería establece que del 1% obligatorio, el 0.5% debe ir para esas entidades locales. Sin embargo, al consultarle al impacto de esos recursos en el desarrollo de las comunidades, indicó que las municipalidades utilizan el dinero en proyectos específicos, que dependen de la política pública de cada autoridad local.
Pero en un estudio efectuado por la firma en el 2022, se indica que el impacto económico de la actividad puede medirse desde distintas perspectivas: aporte al PIB, los empleos y salarios, inversión extranjera directa (IED) y aporte a la recaudación fiscal.
Esta última incluye pagos por licencias y canon municipales, además de impuestos como el IUSI, ISR, IVA y otros. El informe de EITI cita que, en el 2020, CGN pagó Q31.7 millones en impuestos que van al gobierno central, Q222 mil en arbitrios municipales (de cuatro municipios y el mayor monto fue para El Estor), además del canon de superficie y IUSI por Q2.9 millones.
En tanto, el estudio de Cabi, que se refiere a la huella económica de la actividad, expone que se relaciona con otros sectores de la economía, así con como el dinamismo económico generado por el consumo derivado del pago de salarios y la reinversión de utilidades.
Robin Sicaján, de la Asociación Estoreña de Desarollo Integral, menciona que las regalías llegan al municipio, pero como conforman un fondo que no lleva partida o un destino específico para inversión, muchas veces se usan para pagar salarios a funcionarios de la municipalidad y no se nota un impacto en la comunidad. Al respecto, se intentó contactar Joel Lorenzo, alcalde de El Estor, pero no respondió.
Reacciones divergentes
Según la compañía suspendida, al menos el 60% de los empleados eran residentes de El Estor. Por ello, aparte de lo comenta José Tiul respecto a buscar empleo en otro municipio o departamento, hay quienes incluso piensan en emigrar a otro país.
“Esa era la única fuente de trabajo. Si no, nos toca emigrar a otro lado. La verdad, está difícil dejar a la familia, pero si toca hacerlo, qué más queda”, comenta Edwin Xii, extrabajador minero.
Escuchar este tipo de soluciones es cada vez más frecuente en El Estor y aunque no existen registros oficiales de cuántas personas emigran del municipio cada año, sí hay de los deportados desde Estados Unidos. De 2016 a 2022, el aumento anual promedio de deportados fue del 55%.
Los trabajadores del sector de servicios, como los restauranteros, los hoteleros y otros comercios, son indiferentes a la mina. El hotelero Renato Yee insiste en que no hay derrama económica a negocios de la comunidad, debido a que los empleados compraban todo en la colonia propia de la minera. Se trata de un terreno privado de 350 metros cuadrados que CGN y Pronico ofrecen a los empleados y los visitantes que viajan a El Estor para colaborar con la mina, según la oficina de prensa de las compañías, que afirma que 22 de las 29 personas que trabajan en el lugar son estoreñas.
Una propietaria de un comedor, que prefiere no dar su nombre, coincide con Yee al indicar que la presencia de la mina “no ha sido de beneficiosa porque monopolizaron los negocios allá”. “No dejaron ningún derrame de economía para el pueblo”, asegura.
En tanto, el agricultor Edín Izaguirre afirma: “El consumo de los granos básicos que nosotros cultivamos acá es suficiente para el consumo local. No veo de qué manera vaya a afectar el que la compañía tenga operaciones o no”.
Sobre ese sentir, Guadalupe García, de OIE, dice que también se debe a que la actividad extractiva no conecta con las lógicas locales económicas, ni hace que sean más fuertes, ya que suele requerir ciertos servicios muy específicos para satisfacer las necesidades de la mina, como cemento, explosivos, transporte y seguridad. Añadió que no necesariamente son locales los principales proveedores que tienen servicios conectados con la mina.
Los expendios de bebidas alcohólicas son uno de los pocos negocios que dicen verse beneficiados con las operaciones mineras y afirman que están siendo afectados con la suspensión de CGN y Pronico. David Zúñiga, administrador de un bar, comentó que en un día “bueno”, como viernes, sábado o domingo, se vendían unos Q1 mil 500. Dijo que, en ocasiones, se llegaba a esa cantidad en tres días o en uno solo, pero ahora se vende, con ganancia neta, alrededor de Q300.
El estudio de CABI sostiene en contraposición que la facturación total del sector implica una fuerte relación con una gran cantidad de otras actividades económicas en el país, además de que el pago de salarios genera un consumo adicional en el país, así como las utilidades empresariales y reinversiones.
“En total, la huella económica del sector llegó a representar más de 4% del PIB y cerca de Q20 mil millones; actualmente representa la mitad de eso”, refiere ese informe con datos del 2021.
Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales (organización que presentó diversos recursos legales contra la minera) opina que con la sanción de Estados Unidos, se está haciendo justicia, luego de batallar con denuncias en Guatemala.
“Creo que no podemos decir que se debe celebrar porque hemos ganado. Es algo importante reconocer cuando hay voluntad de hacer las cosas. Pase lo que pase, Dios nunca se olvida de hacer justicia. Creo que hoy se hizo justicia”, considera el pescador.
Nota del editor: Con fecha 14 de marzo de 2023, esta nota fue editada, debido a la falta de precisión en algunos datos que ya fueron corregidos.
¿Cómo tener un negocio rentable en tiempos de inflación? Regístrese a la masterclass virtual exclusiva para suscriptores este 15 de marzo a las 18:00 horas
