Esto, derivado de la decisión de liberar el paso sin pago de peaje, lo que podría duplicar la cantidad de automotores circulando por el tramo, sin la certeza de un mantenimiento adecuado.
Ante tal situación, la CCG y el Cacif indicaron que es imperativo poner en marcha un proceso competitivo riguroso y transparente para una nueva adjudicación de la operación y mantenimiento de la ruta, a una entidad privada con la capacidad técnica y financiera adecuada para ejecutar el proyecto. Y tal gestión debería ponerse en marcha de inmediato, considerando el tiempo que puede durar la adjudicación de una nueva concesión.
Primera opción
Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) comentó al respecto que “lo que la Cámara está planteando es lo que todos en general desean, sobre preservar una buena vía de comunicación, que cumpla su función, que se mantenga en buenas condiciones y que a cambio de eso, haya un pago por el uso, pero hay una dificultad relativa a los tiempos”.
Por lo tanto, no considera posible lanzar un proceso de licitación a corto plazo, para dar esos activos en una concesión. “No es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, en dos o tres meses; hay que hacer una diversidad de estudios técnicos financieros, económicos, legales y abrir un proceso”.
Además, se debe tomar en cuenta la proximidad de las elecciones y un cambio de gobierno, por lo que “el proceso quedaría enmarcado o atrapado en medio de la elección y entre un gobierno que está saliendo y otro que está entrando, lo que complica aún más la situación, por lo que no se ve realmente una posibilidad muy clara de que se pueda hacer”.
Entonces, habría que considerar ciertas valoraciones estratégicas porque se trata de un tema de infraestructura vial, que muy bien puede desarrollarse por medio del esquema de alianzas público-privadas, pues lo que importa es asegurarse de que no se deteriore el activo dándole el mantenimiento respectivo, manteniendo el flujo vehicular bajo las especificaciones para las cuales fue creado el tramo y limitando el uso para ciertos automotores.
Lo más parecido que se ha vivido recientemente con esta figura legal es el proceso por el que se adjudicó la rehabilitación y operación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, con el inconveniente de que la aprobación duró varios años.
Según la cronología, los estudios se realizaron años antes y luego, en el 2016 se lanzaron las bases para la precalificación de oferentes. La licitación fue adjudicada en el 2018 a la empresa mexicana Marhnos que se unió a una empresa guatemalteca en el Consorcio Autopistas de Guatemala, pero el contrato fue aprobado en el Congreso hasta en noviembre del 2021, a la fecha aún no se ha finalizado la reparación de la vía ni entrado en operación con pago de peaje.
Un proyecto de alianzas público privada requiere de 8 fases según el decreto 16-2010 (Ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica):
- Identificación
- Admisibilidad
- Planificación
- Evaluación
- Priorización
- Estructuración
- Licitación
- Ejecución del contrato
Según el manual respectivo, una iniciativa comprende desde la fase de identificación hasta la de evaluación. Mientras que la priorización y la estructuración ya son parte del proyecto. La identificación puede realizarla Anadie y trabajar en asesoría, propuesta y coordinación con una o varias entidades del Estado que tengan el interés o competencia relacionados a la iniciativa; o las entidades estatales, respondiendo a las necesidades de infraestructura y servicios en su ámbito de competencia. Esta fase finaliza con la formulación de la “Perfil del Proyecto”.
Luego de eso, están los siguientes pasos:
- Priorización: Una entidad del Estado solicita el proyecto, luego el Consejo Nacional (Conadie) revisa y prioriza.
- Estructuración y autorizaciones previas: Anadie contrata y elabora los estudios de estructuración; luego se gestionan las autorizaciones respectivas y se realizan acercamientos con las comunidades.
- Licitación: Conadie aprueba el proyecto y se inicia la licitación. Debe llevarse a cabo un proceso de precalificación de los interesados en ofertar (cuando un proyecto lo requiere), parte que puede ser simultánea a la estructuración. Lo siguiente es abrir un proceso de licitación internacional. La adjudicación debe ser conocida y aprobada por el Consejo, antes de trasladar la iniciativa e ley al Congreso, organismo que debe aprobar o improbar el contrato de APP.
- Fase de construcción: Aquí entra la fase de preconstrucción (diseños finales, cierre financiero y permisos); para pasar a la etapa de construcción de la obra.
- Fase de explotación: Incluye la operación, mantenimiento y prestación del servicio y la última etapa (al finalizar el contrato) es la de reversión. Es decir que los bienes retornan al Estado.
La licitación
El diputado Carlos Barreda, explicó que hay varios caminos a seguir luego de que venza el contrato de concesión de la autopista Palín-Escuintla y que este activo pase de nuevo bajo control del Estado, por lo que debe ser entregada en condiciones de disponibilidad en la cual se establecen ciertos indicadores.
Aclaró que, al entregar la ruta, la cinta asfáltica debe contener las características que permitan que por lo menos se garanticen dos años de funcionamiento óptimo, sin mantenimiento. Y la otra opción, es que se pueda mantener una concesión o una alianza público-privada (APP), que también podría conllevar concesión, aunque ambas figuras debe obligatoriamente pasar por el Congreso para que este las apruebe o no.
En estas dos opciones debe convocarse a una licitación internacional o local, para que varias empresas presenten ofertas dependiendo del esquema, de forma que el Gobierno nuevamente pone la carretera y la empresa que llegue a la administración, podría requerir otras obras o inversiones.
Citó como ejemplo que se puede rehabilitar la antigua carretera de Palín a Escuintla conocida como la “Quetzal de piedra”, se establece el tiempo de concesión, el pago de peaje y las nuevas condiciones, pero se necesita una licitación.
Según la Ley de Contrataciones del Estado (57-92), el procedimiento de una licitación pública también conlleva varios pasos, considerando que la precalificación de oferentes es opcional o cuando el tema así lo requiera, pero las bases de licitación deben establecer las condiciones de los oferentes, entre otras condiciones específicas:
- Elaborar bases de licitación.
- Las especificaciones generales y las técnicas.
- Establecer disposiciones especiales.
- Se requieren planos de construcción, cuando se trate de obras.
- En las bases se deben especificar los criterios que debe seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas, indicación de los requisitos que se consideren fundamentales, el modelo de oferta y proyecto de contrato.
En las licitaciones que no son de alianzas público-privadas (APP) no se requiere participación de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) ni aprobación del Consejo de Anadie, conformado por varios sectores. Pero se requiere que sea conocida por el Congreso para su aprobación o improbación cuando se trata de figuras como la concesión.
La tercera opción
Barrera manifestó que además de las dos figuras anteriores, existe un tercer camino, que son los denominados contratos por disponibilidad, que consisten en contratos de mantenimiento por disponibilidad, y no se cobra el peaje a los usuarios.
“Como hay preocupación de varios sectores respecto a la duración de un nuevo proceso para aprobar un contrato de mantenimiento, una empresa puede brindar el mantenimiento por ese período, se garantizan las condiciones del tramo y se hace un pago que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual a la compañía. Pero la carretera es sin cuota o pago de peaje”, explicó.
Esta figura puede ser utilizada por la Dirección General de Caminos o la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y a juicio del legislador, es lo más viable, en el sentido de que no debe ser conocido por el Congreso, no hay cobro por la circulación y se garantiza la conservación de la vía.
Así es como las autoridades de muchos países, según Barreda, han solucionado este tipo de problemas.
Amcham opina
De igual forma que otras entidades empresariales, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham Guatemala) se pronunció por la finalización del contrato con Marhnos y solicita que se garantice la calidad y seguridad de la infraestructura vial, ya que es una carretera de vital importancia para el desarrollo económico del país.
Coincide con lo sugerido por el Cacif y la Cámara de la Construcción de iniciar “un proceso competitivo, transparente y legal para adjudicar la conservación, operación y mantenimiento de la autopista Palín-Escuintla a una entidad privada con la capacidad técnica y financiera idónea”, por lo que es necesario contar con un marco jurídico único y ordenado para mayor certeza, como el que se crearía por medio de la Ley General de Infraestructura Vial, ya que en la actualidad, las normas sobre esa materia están desactualizadas y dispersas en varios instrumentos.
Otra recomendación es establecer la obligación de contar con un Plan Nacional de Infraestructura a largo plazo, para permitir una eficaz fiscalización y el seguimiento al desarrollo de los proyectos tanto para la ejecución, como para la detección de situaciones que puedan poner este factor en riesgo. Ese plan ayudaría a reducir el margen de discrecionalidad para la toma de decisiones de naturaleza política, ya que sería vinculante.
“No vemos solución”
Wilson Ordóñez, representante del “Movimiento libre de peaje” en la autopista en Palín, informó que también han analizado los posibles escenarios, y lo primero es que el Estado decidió abrir la ruta sin pago de peaje, pero eso no soluciona el problema que ha surgido en el municipio y es el congestionamiento que se forma en el centro de Palín, por los vehículos que no quieren pagar peaje y quieren llegar o salir de Escuintla.
“Las soluciones planteadas hasta el momento, no responden a lo que el municipio de Palín necesita, pues no se soluciona el tema del tráfico pesado, mientras que la iniciativa privada insiste en que se mantenga el modelo que se implementó durante estos 25 años”.
E indica que, los vecinos no están de acuerdo con una nueva concesión, por lo que exigen una consulta comunitaria en Palín y Escuintla.
