Hace ocho años empezaron los problemas con un movimiento de resistencia al pago por servicio a las distribuidoras en Malacatán, San Marcos, y se empezó a pagar a grupos organizados además de conexiones ilegales, recuerdan integrantes del sector eléctrico.
Datos al 2014 refieren que 292 municipios del país registraban conflictos por generación, distribución, transmisión o facturación de energía eléctrica, y en el 2016 se extendieron a más de 300, refirió Mario Minera, director de Mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Al 2015 se estimaba 1.7 millones de personas sin energía eléctrica.
“Hay 340 municipios en el país y se puede decir que hay muy pocos que no tienen algún tipo de conflicto”, refirió a Prensa Libre el funcionario.
Minera expuso que han observado que nadie se opone a la generación y servicio de energía, pero hay aspectos que causan los conflictos. Entre estos menciona el acceso al agua, falta de información de proyectos y el hecho de que hay comunidades cercanas a centros de generación, principalmente hidroeléctricas, pero que no cuentan con el servicio.
En el caso de la facturación, los reclamos son mayores en la provincia y de familias de segmentos socioeconómicos medio bajo y bajo, y van en dos vías, por el precio del kilovatio hora que se vende al usuario y las altas tasas por alumbrado público. “No es un argumento para acciones ilegales o hurto de energía” pero debería revisarse la composición de los cobros de ambos servicios, agregó Minera.
Uno de los efectos es que para una familia de la provincia hablar de facturas de Q100 a Q300 al mes es alto en relación a sus bajos ingresos, cifras que en las familias de segmentos medio alto y alto no impactan, añadió.
Para el funcionario, no es una solución el hurto de energía que algunas organizaciones han impulsado, pero tampoco cubrir parte del cobro con subsidio o nacionalizar de nuevo la electricidad. Opinó que se deben establecer tarifas y tasas adecuadas y fortalecer al Instituto Nacional de Electrificación para proveer energía a más bajo costo a esos segmentos.
La PDH refiere que en 21 municipios hay conflictos por hidroeléctricas, mientras que la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager) reporta 16 hidroeléctricas afectadas o suspendidas, que significan 452.96 megavatios e inversión de Q10 mil 871 millones.
Las distribuidoras y el sector eléctrico celebran que se diversificó la matriz energética, se amplió la cobertura y bajó la tarifa al usuario.
Carlos Colom, presidente de Ager, comentó que uno de “caldos de cultivo de la conflictiviad es el cobro del alumbrado público, el cual causa descontento” ya que, aunque bajaron precios de energía y el Inde subsidia, el valor por alumbrado en algunos municipios es alto.
En el tema de calidad del servicio aún hay interrupciones “pero ninguna de las dos justifica que se robe la electricidad o se detenga el desarrollo de proyectos”, añadió.
Las líneas de transmisión también son clave para suministro y ampliación, dijo Colom, al referirse a oposición a permisos y pasos de servidumbre en tramos de ampliación de 850 km adjudicada a Transportadora de Energía de Centroamérica.
El documento La privatización del derecho a la energía editado en el 2014 por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), refiere que los dos argumentos para privatizar el servicio fueron incapacidad técnica del Inde para cobranza y prestar servicios óptimos. Además, se prometió bajar el costo de kilovatio hora al consumidor final, mejorar calidad del servicio y ampliar cobertura, pero considera no se ha cumplido.
Codeca es señalada de impulsar resistencia al pago de energía y de conexiones ilegales. Esa organización refiere en el documento citado que del 2012 al 2014 el costo de la lucha por mejorar y abaratar el servicio suma 17 usuarios asesinados, 220 heridos, 97 encarcelados y 7 secuestrados.
