Agregó que, de aprobarlos el Congreso, los fondos serán empleados para reemplazar la deuda programada en bonos del Tesoro y pasarían a formar parte del presupuesto del 2017.
El funcionario subrayó que los préstamos no cambiarían “ni el techo ni el monto de deuda”, pues se consideraría estrictamente como sustitución de la fuente de recursos.
Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza y miembro de la Comisión de Finanzas, advirtió de que “se debe tener claro que no se aprobará un cheque en blanco”.
Según explicó, en la comisión se analizarán los destinos, así como la claúsula de transparencia que permitan el desembolso de los recursos.
Igual tratamiento tendrá el préstamo de US$250 millones que directorio del BID aprobó el año pasado y del que la JM no ha fijado postura.
Mynor Cabrera, de la Fundación Economía para el Desarrollo, opinó que es positivo que haya destinos específicos para recursos de este tipo, aunque debería dejarse un margen de maniobra para que el gobierno los dirija adonde más se requieran.
Agregó que lo ideal es que se empleen en gastos de capital o en inversión social, como infraestructura.
Cabrera insistió en que el gobierno ya debe tener claras las prioridades del Estado y emplee los recursos en forma “racional”.
