En esa oportunidad ,Cruz dio a conocer que para disminuir la presa acumulada a los ejercicios 2013, 2014 y 2015, se autorizó el pago de Q895 millones, los cuales ya están cargados en las cuentas del Banco de Guatemala para hacer el pago a los solicitantes.
Explicó que varios empresarios desistieron en hacer el reclamo por un monto que asciende a Q270 millones aproximadamente.
En agosto del 2017 el entonces superintendente, Juan Francisco Solórzano Foppa, explicó que se estaba implementando un plan para agilizar la devolución del crédito fiscal pero aseguró que no renunciarían a los procesos que están en investigación luego de haberse descubierto una red en la SAT que gestionaban la devolución a cambio de comisión.
Solórzano Foppa había “congelado” las devoluciones en el 2016 al descubrirse un fraude con una de las empresas que pedían la devolución, según reportó Prensa Libre en esa oportunidad.
Según el superintendente de la @SATGT la @Contraloria_gt en lo que va del año ha interpuesto 70 denuncias a los auditores. Se conversó con la fiscal Consuelo Porras que las denuncias no tiene respaldo, asegura Cruz Calderón. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/NzPHBsyve8
— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) June 20, 2018
Argumentó en esa ocasión que había desorden en calificaciones para las entregas.
El crédito fiscal es un derecho de compensación por importar y adquirir bienes y usar servicios que se vinculen con la actividad económica, por el pago del impuesto al valor agregado que efectúan.
Los 5 sectores que fiscalizará la SAT
Los servicios de líneas aéreas, agroindustria, constructoras, entidades exentas e instituciones financieras serán los sectores productivos que durante este año serán fiscalizados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Abel Cruz Calderón, jefe del ente recaudador, explicó que los programas de control para este año apuntalan a realizar las verificaciones en los contribuyentes dentro de estas actividades.
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“Nuestros esfuerzos para este año, es en la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes jurídicos e individuales de estos sectores. No es que tengamos algo contra ellos, si no que las variables de riesgo apuntalan hacia estas actividades”, declaró el superintendente en una reunión con socios de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americano (AmCham), donde presentó sus planes de trabajo para los próximos cinco años.
El funcionario, explicó que a futuro se proyecta una fiscalización automatizada, es decir que los propios sistemas de riesgo señalen si algún contribuyente está incumpliendo con sus obligaciones.
El objetivo es identificar a los tributantes que el “sistema identifique con mayor riesgo”, y no realizar auditorías, solo porque hay que hacerlas.
Planes para manejo del crédito fiscal
“Queremos ser un facilitador, lograr una mejor coordinación y atender a los buenos contribuyentes”, afirmó.
El sistema de riesgo involucra agilizar la devolución del crédito fiscal a los contribuyentes que reclaman el beneficio, por medio de instrumentos automatizados, sobre todo en los controles por medio de la Factura Electrónica.
“El contribuyente que quiera la devolución de su crédito en los 30 días que establece la normativa, ahora deberá de obligar a sus proveedores que utilice las facturas electrónicas y así obligará a formalizarse y para nosotros eso representará mayor control. En el pasado incluían facturas falsas o que no respondían a alguna actividad para reclamar la devolución”, citó como ejemplo.
Cruz Calderón que ya empezaron con las auditorias para la devolución de ese derecho del ejercicio 2016 e iniciarán con los análisis de los reclamos del primer trimestre del año pasado, como parte del programa de emergencia para agilizar las entregas. Del ejercicio del 2013 al 2015, se entregaron unos Q900 millones que era el monto pendiente.
Evasión fiscal
Además, anunció que realizarán el primer estudio para medir la evasión del impuesto sobre la renta (ISR), mientras la medición de la evasión del impuesto sobre el valor agregado (IVA) indica que se mantiene entre el 37%.
“Si logramos reducir en un 10% ese indicador la recaudación puede incrementarse en 1.2% del IVA, sin necesidad de una reforma fiscal”, añadió.
Otras acciones que mencionó el superintendente, fueron la agilización de los procesos en el servicio aduanero para despacho de las mercancías, la depuración del Registro Fiscal de Vehículos, la modernización del Registro Tributario Unificado (RTU) y los controles en la cadena de comercialización de los contribuyentes con mayor riesgo.
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