La magnitud de esa inversión, reconoció, ha levantado incertidumbre en el sector, en especial después de que hace semanas el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconociera públicamente que la deuda no se podrá pagar en las condiciones pactadas actualmente.
Rodríguez Collazo destacó que en esa inversión de 1,500 millones de dólares se incluyen títulos de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) , la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) , entre otras corporaciones públicas.
El directivo dijo que esas inversiones reflejan actualmente una baja de su valor de entre un 30 % y 40 %, aunque matizó que no supone una amenaza inmediata para las cooperativas al no necesitar vender esos títulos a corto plazo, ya que disfrutan de gran liquidez financiera.
“Estamos trabajando en conjunto con el sector cooperativista en un plan de acción para identificar qué estrategias implementar para compensar posibles pérdidas como resultado de la crisis fiscal”
“Estamos trabajando en conjunto con el sector cooperativista en un plan de acción para identificar qué estrategias implementar para compensar posibles pérdidas como resultado de la crisis fiscal” , destacó Rodríguez Collazo.
El directivo indicó que el plan, que está previsto que sea presentado el próximo 4 de agosto, es elaborado por diversos representantes del sector cooperativo.
Dijo que a pesar de la preocupación, las cooperativas han realizado ajustes desde el pasado año para mitigar la crisis, algo que se evidencia en el continuo crecimiento que ha reflejado el sector.
Al 31 de marzo de 2015, últimos datos disponibles, las cooperativas contaban con un total de 954.531 socios, 8.651 millones de dólares en activos, un total de 4,588 millones de dólares en préstamos y un 5,876 millones de dólares en depósitos, todos valores sustancialmente más elevados que en 2014.
“Durante las pasadas semanas hemos estudiando más de cerca los diversos panoramas y evaluado las carteras de inversiones de las cooperativas del país llevando a cabo simulaciones que analicen diversos escenarios ante una posible moratoria en los pagos que al Gobierno de Puerto Rico le corresponde hacer a los bonistas” , sostuvo el directivo.
Las palabras del directivo coinciden con la divulgación de que debido a los problemas financieros el Gobierno redujo a menos de la mitad su aportación presupuestaria para el pago de Navidad que los empleados municipales recibirán en diciembre.
El Gobierno aportó el pasado ejercicio 24.5 millones de dólares para esa partida, que este año se reduce a 12 millones de dólares.
Por otro lado, medios locales difunden hoy un informe encargado por acreedores del Gobierno de Puerto Rico en el que se señala que en vez de una reestructuración para solucionar el problema de la deuda se debe optar por recortar servicios a los ciudadanos.
El déficit podría eliminarse en el horizonte de 2017 si se hacen recortes en servicios y se mejora la captación de los impuestos, según el informe.
Puerto Rico sufre desde hace cerca de 8 años una profunda crisis económica y arrastra una deuda cercana a los 73,000 millones de dólares.