Del 17 de marzo al 7 de julio último –es decir, en 112 días–, la IGT lleva un registro de 15 mil 296 denuncias. Eso significa que, en promedio, esa dependencia adscrita al Ministerio de Trabajo (Mintrab) está recibiendo 137 denuncias diarias.
Hace aproximadamente mes y medio, el Mintrab había recibido 3 mil 968 denuncias por despidos a partir del 17 de marzo, cuando fue decretada la suspensión de labores por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, hasta este 2 de junio. Eso quiere decir que, aproximadamente 25 días hábiles después se habían presentado 11 mil 328, casi cuatro veces más que las registradas al 2 de junio.
Principales causas
La viceministra María Isabel Salazar, –encargada del área de administración de trabajo–, confirmó que existe un pico de denuncias asociadas a los efectos del coronavirus en las empresas.
A los expedientes, expuso la funcionaria, se les está brindando el tratamiento operativo, así como el proceso de depuración, pero que hasta la fecha hay más de 15 mil denuncias planteadas por los trabajadores.
Las principales denuncias se centran en el incumplimiento del pago de salario mensual, despido, suspensión de contratos sin autorización o convenio, incumplimiento de las medidas de salud y seguridad ocupacional y la falta de transporte.
Recordó que se activan los derechos de los trabajadores a la terminación de la relación laboral, y cuenta con derechos y prestaciones irrenunciables.
El otro porcentaje de denuncias se asocia a la implementación de normas de seguridad ocupacional, y en conjunto con el viceministerio de Prevención Social, están realizando las verificaciones y cumplir con el reglamento para la prevención y control de brotes de SARS COV 2 en los centros de trabajo.
Subregistros
Para el sindicalista Rigoberto Dueñas, las cifras que presenta el Mintrab pueden “quedarse cortas ante la realidad que está pasando los trabajadores afectados”.
“Esto es poco; porque hay trabajadores que no pueden manejar los sistemas de denuncias por internet, hay obreros y personas en el campo que no pueden operar los sistemas electrónicos, ya que las denuncias se están recibiendo por medio de una página web”, expresó Dueñas.
Consideró que puede haber más denuncias que no han podido llegar a la IGT por la falta del conocimiento, y para ellos es más fácil acudir personalmente para que se levanten las actas y facilita al trabajador.
Dueñas aseguró que conoce casos en los cuales los empleadores hacen los despidos y no liquidan a sus trabajadores por la falta de recursos económicos, pero no es una justificación.
“Hay lógica desde el punto de vista del estado de Calamidad, pero esto es aprovechado por algunos empleadores de deshacerse de algunos trabajadores y no pagar sus pasivos laborales aduciendo la crisis financiera en sus empresas”, subrayó Dueñas.
Otras complicaciones, según el sindicalista, apuntan a la modificación de los contratos de trabajo, que son consecuencias colaterales de la pandemia.
Golpe directo
Guido Ricci, integrante de la comisión laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), afirmó que esta crisis vino a golpear a todos los empleadores, a unos más que otros, y son muy pocos los que no han visto impactadas sus operaciones.
En otros casos las empresas han tenido que reducir sus planillas y hacer uso del programa del Fondo de Protección del Empleo, que permite suspensión de los trabajadores y que gocen de bonificación.
Pero desafortunadamente en otros, las empresas han disminuido al mínimo o han despedido y “creo que ahí están la mayoría de los casos que está reportando el Mintrab” indica.
“Nuestra apreciación ahí es utilizar los mecanismos que brinda el Gobierno y en la medida que se pueda, hacer suspensiones y que los trabajadores gocen de un ingreso mínimo; y los que han realizado despidos no hay de otra más que cumplir con lo que dice la ley, y si hay que pagar indemnizaciones deberán ser liquidadas”, enfatizó Ricci.
Sin embargo, aseguró que son muy pocos los empleadores que puedan tener una provisión de ese tamaño para dar por terminada una planilla; entonces insta a las empresas negociar con los trabajadores en los términos más beneficiosas entre ambas partes y una salida decorosa.
Ricci explicó que se está llegando a consecuencias dramáticas para empleadores y trabajadores y se espera llegar a una apertura de la economía.
Presentación de guía
La viceministra confirmó que cuentan con la guía para la implementación de las normas de seguridad ocupacional, que fueron elaboradas en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y en las cuales los patronos deberán de presentar un plan y hacer los chequeos de cumplimiento.
“El patrono tiene una obligación de un plan de seguridad ocupacional, y esta guía institucional complementará para que el plan se haga operativo”, afirmó la viceministra, quien dijo que se espera en los siguientes días hacer la publicación respectiva.
Resolución
La Corte de Constitucionalidad suspendió el acuerdo 250-2020 del Mintrab, que se refiere al pago del bono 14 a los trabajadores, y las empresas que no puedan hacerlo acudir a préstamos bancarios, presentar una declaración jurada y mostrar la insolvencia de las empresas para cumplir con la obligación.
El abogado Ricci aseguró que el Mintrab fue claro desde un principio en que esa prestación se debía de pagar, y que es un derecho adquirido para los trabajadores, por lo que se establecieron otros procedimientos que establece la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público -decreto 42-92.
Reiteró que no se trataba de eximir el cumplimiento del pago.
“La preocupación es que se tienen que mantener las fuentes de empleo ante las actuales circunstancias y muchas empresas están realizando los esfuerzos necesarios para mantener sus planillas”, recalcó.
