“En un Estado de derecho quienes determinan la legalidad o no de las cosas son las leyes y los juzgados. No existe una sola resolución que determine la ilegalidad de Uber”, dijo en sus redes sociales el empresario Gustavo Araya, director ejecutivo del hotel Wyndham Herradura, uno de los notificados.
Por su parte, la empresa Uber Centroamérica se pronunció hoy en un comunicado sobre las acciones del Gobierno: “El derecho a elegir en Costa Rica es una forma de hacer democracia y no puede estar en manos de pocos, todos deben participar de la conversación del futuro de la movilidad”.
“Le reiteramos al Gobierno que el derecho de más de medio millón de ciudadanos a elegir cómo movilizarse, así como el de más de 16.000 socios colaboradores (conductores), debe ser tomado en cuenta”, agregó la empresa.
La empresa digital instó al Gobierno a trabajar en “definir una regulación innovadora y apropiada, como existen en más de 132 jurisdicciones alrededor del mundo, que permita que las nuevas tecnologías sigan promoviendo el desarrollo y la libre convivencia de todas las formas de movilidad existentes en el país”.
El Gobierno ha calificado el servicio de Uber como ilegal desde su llegada al país en agosto de 2015, pues representa una competencia desleal para los taxistas regulados por el Estado en asuntos como tarifas y seguros.
A pesar de múltiples protestas del gremio de taxistas, compuesto por unos 11 mil conductores, la plataforma digital de transporte se ha mantenido operando e incluso se han registrado hechos de violencia contra sus chóferes.
Los conductores afiliados a Uber se exponen a multas económicas y hasta a la pérdida de su matrícula o vehículo.
Bloquear la aplicación tecnológica, como lo han exigido muchas veces los taxistas, no es una opción factible, ya que se trataría de una censura a Internet, han dicho repetidamente las autoridades del país.
