Mientras lo recaudado por el impuesto sobre la renta (ISR) va al fondo común, y de ahí se distribuyen los recursos para diferentes y tipos de gasto, lo recaudado por más de 7 impuestos tiene un destino específico en forma parcial o total.
Uno de estos es el impuesto al valor agregado (IVA) el cual es pagado por toda persona que compra un producto o servicio. La tasa es 12%, es decir por cada Q1 de compras debe pagar Q0.12 de ese tributo.
En este el 7% (es decir 7 centavos) se dirigen al fondo común para financiar programas y proyectos del Estado en general. Sin embargo 3.5 centavos va al Financiamiento de la paz y desarrollo, que se conoce como IVA-Paz, y que debe ser usado en proyectos y programas de educación, salud, infraestructura, introducción de servicios básicos.
Además, en prestaciones y jubilaciones de trabajadores municipales, manejo de desechos o mejora de servicios municipales, los Consejos Departamentales de Desarrollo y los fondos sociales. Y 1.5 centavos deben ser para financiar los gastos de seguridad alimentaria para madres con niños por nacer, asistencia materno infantil, y programas educativos como preescolares, primaria técnica, seguridad ciudadana y derechos humanos.
Por IVA interno ingresaron en el 2021, Q16 mil 750.9 millones, según las estadísticas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) al cierre del año. El Ministerio de Finanzas (Minfin) explicó que del IVA-Paz, se registraron Q11 mil 240.5 millones, de los cuales los devengaron fueron Q1 mil 119.1 en el Ministerio de Gobernación; Q2 mil 537.9 al de Educación; Q5.3 millones al de Trabajo; Q409.2 millones al de Agricultura; Q330.2 millones al de Comunicaciones; Q497.4 millones al de Desarrollo Social; Q104.7 millones a secretarías, y Q6 mil 236.3 millones aparecen como obligaciones que incluyen a municipalidades.
Uno de los que más cuestionados es el impuesto a la distribución de derivados del petróleo (IDP), pues el consumidor debe pagar por cada galón de gasolina superior Q4.70; Q4.60 por el de regular y Q1.30 por el de diésel.
De estos recursos, se debe trasladar Q1 por cada galón al Ministerio de Comunicaciones para conservación y mejora de la red vial nacional, mientras que el Ministerio de Finanzas (Minfin) tendría que destinar 10 centavos a la Municipalidad de Guatemala y 20 centavos al resto de municipalidades para invertir en servicios de transporte, mejoras, construcción y mantenimiento de la red vial local.
Sin embargo, los ciudadanos señalan que a pesar de que hay destino específico, además de lo que se saca del fondo común para ello, las carreteras están en mal estado o con un mantenimiento deficiente, aunque por ese impuesto se recaudaron Q4 mil 66.3 millones durante el año anterior.
En tanto, del impuesto sobre circulación de vehículos (ISCV), establecido en el decreto 70-94, la mitad debe ir también para la red vial, ya que de lo recaudado por los vehículos terrestres, el 50% es para que las municipalidades le den mantenimiento, mejora, construcción y ampliación de calles y puentes; mientras el 10% tendría que recibirlo el departamento de tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), para adquisición de señales de tránsito, semáforos y el 40% al fondo común. Ese tributo significó ingreso de Q1 mil 011.1 millones.
Y del impuesto único sobre inmuebles (IUSI), el 25% va para el Estado y 75% para las municipalidades, las que deben destinar no menos del 70% en proyectos de inversión. La mayor parte de esta recaudación la realizan las municipalidades.
Aún hay más
También están tres impuestos, a los cuales se les estableció un destino específico, y son los que se refieren a la distribución de productos como las bebidas, tabacos y cemento. Por estos ingresaron el año pasado Q1 mil 58.2 millones, Q332.6 millones y Q183.2 millones, respectivamente.
Según el consultor y exministro de Finanzas, Alfredo del Cid Pinillos, otros tributos que también tiene destinos específicos, como el Ley de Timbres fiscales y papel protocolo, que destina una parte para el Colegio de Abogados y otra para patentados.
Así como el tributo por salida del país, vía aérea o marítima, por el que el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) recibe el 33% y el 75% respectivamente. El resto es distribuido entre los ministerios de Educación y de Cultura, la Dirección General de Aeronáutica Civil y otras entidades.
En tanto, el de servicio de cable va la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional del Ministerio de Comunicaciones.
Por aparte, están los conceptos de regalías por operaciones petroleras La Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (conocido como Fonpetrol). De este el 72% va al fondo común y el otro 25% se distribuye entre consejos de Petén y Alta Verapaz y Consejos de Desarrollo, entre otros.
Opiniones diversas
Del Cid Pinillo Pinillos, opina que lo que hace falta en el país es un programa integral y eficiente de seguimiento para establecer si los recursos que tienen un destino específico, están cumpliendo a cabalidad con la función para la cual se crearon y considera que ha faltado un criterio de integración del Estado, para que tanto el Ejecutivo como el resto de organismos y entidades.
Y añade que incluso el Congreso, que ha creado las leyes con destinos específicos para los impuestos, debería entrar a fiscalizar más detalladamente esos fondos.
Fernando Spross de la Fundación para el Desarrollo de Guatemal (Fundesa), Pedro Prado de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Edgar Balsells del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), coincidieron que uno de los destinos más cuestionados es el del impuesto de distribución del petróleo y sus derivados, ya que las carreteras del país no están en buenas condiciones.
Spross añade que también afecta la debilidad institucional porque no aprovecha esos recursos. “Se podría decir que legalmente el IDP no está siendo enfocado. “Tal vez lo importante es analizar la causa, pareciera ser que hay muchos impuestos específicos, pero debido a la debilidad institucional, se van al fondo común”.
E indicó que no hay una forma específica y adecuada de definir si se están usando para lo que se destina en la ley, y a su criterio, aparte del destino del impuesto, la Contraloría es la que finalmente debe revisar porque como ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental, entre otras funciones relacionadas a las acciones de control financiero gubernamental, debe velar por la transparencia, el aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública y funcionarios.
Del Cid Pinillos agregó que en el manejo de los recursos de inversión no solo se debe revisar cuánto se gasta de los recursos sino la calidad de las obras, y coincidió con Balsells, quien también fue ministro de Finanzas, en que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) tiene una labor importante en esos casos porque es el ente que tiene a su cargo el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip) y autorizar las obras se pueden realizar o no y si estas encajan en los planes.
Sin embargo, es de la idea que esa institución ya no tiene el mismo esquema institucional que le permitía ir a revisar si las obras se están haciendo y si se está cumpliendo.
Prado expuso, sin embargo, que no se ha hecho una evaluación específica para determinar si el destino de estos impuestos está provocando una mejora en la población, pero a su criterio es necesario fortalecer los ingresos tributarios y ejecutarlos con mejor calidad y transparencia, aspecto que va a provocar cambios cualitativos en el bienestar de la población.
Es importantísima y necesaria la evaluación de la gestión de ingresos y egresos del Estado y trabajar sobre la base de presupuesto por resultados, recomendó.
No deben tener destino específico
Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas (Cien), considera que los impuestos no deben tener un destino específico, sino que se debe seguir una gestión por resultados. Por lo que recomienda que se flexibilice el presupuesto a fin de mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público.
“El esquema actual ha dado como resultado que el presupuesto sea muy inflexible y que en términos generales no se logren los resultados estratégicos que se han planteado” expuso al añadir que el destino principal de la recaudación tributaria ha sido el gasto de funcionamiento con énfasis en la masa salarial, en detrimento de la inversión pública.
Finanzas se desliga
Consultado el Minfin sobre el tema, respondió que de la recaudación efectuada por estos tributos equivale al 32.4% del presupuesto devengado con fuentes de origen tributario.
Respecto a la fiscalización o verificación que se da, indicó que según lo establecen los Artículos 29 y 29 Bis del Decreto 101-97 que contiene la Ley Orgánica del Presupuesto, las autoridades superiores de las entidades públicas, son los autorizadores y responsables de la ejecución presupuestaria de su entidad, por lo que su autoridad máxima institucional es responsable por los gastos que realice.
Y agregó que el Ministerio tiene a su cargo únicamente transferir a los Organismos y entidades del Estado los recursos financieros asignados en sus respectivos presupuestos, en función de los ingresos percibidos, en tanto que el artículo 17 del decreto en mención, al Minfin solo le corresponde el control presupuestario del Organismo Ejecutivo, con excepción de las Municipalidades y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mientras que la fiscalización de los presupuestos públicos, debe ser ejercida por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
El Minfin también añadió que respecto a la fuente 29, que se refiern a otros recursos con afectación específica (que incluye impuestos aprobados con leyes ordinarias con destino específico, al 31 de diciembre del 2021 se trasladaron Q2 mil 485.9 millones a ministerios, secretarías y otros. Entre estos, el de Comunicaciones con Q1 mil 316.8 millones, otras entidades Q738.7 millones; Salud, Q384.1 millones; Educación, Q32.5 millones; secretarías, Q12.9 millones; Q452 mil al Ministerio de Cultura, y Q238 mil al de la Defensa Nacional.
