Con esta publicación, concluye el proceso de aprobación del plan de gastos y la apertura de la ejecución será el próximo 2 de enero (a pesar de que la ley cobra vigencia un día antes), en medio de una persistente inestabilidad en el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf), que ha reportado fallas desde el 26 de noviembre pasado.
En una conferencia de prensa realizada el jueves, el ministro de Finanzas Edwin Martínez Cameros, explicó que el Siaf está operando con normalidad, pero cuando hay alertas e indicios de ciberataques, se implementan medidas de resguardo, y es lo que ha estado ocurriendo.
Desglose
Fuentes de financiamiento, asignaciones de gasto, pago del servicio de la deuda y normas presupuestarias constituyen el contenido del decreto mencionado y en la parte de ingresos, se programaron Q103 mil 371 millones como ingresos corrientes (82.7%) de los cuales, Q98 mil 533 millones provienen de recaudación tributaria; por fuentes de financiamiento, Q21 mil 987 millones y por ingresos de capital, Q74 millones.
Par contratación de nueva deuda pública interna -bonos del Tesoro- se establece un monto de Q10 mil 587 millones, aparte de Q3 mil 84 millones como fuentes externas -préstamos-. Como saldo de caja fiscal se calcularon Q7 mil 761 millones.
Las autoridades de la cartera de Tesoro indicaron recientemente que se estaría dejando un saldo de caja de Q8 mil millones, ya que se cuenta con una recaudación excedente de unos Q8 mil 500 millones hasta noviembre.
En la parte de gastos, para funcionamiento el techo es de Q82 mil 732 millones (66.2%), principalmente para pago de salarios a los burócratas, compras de insumos y equipo; Q23 mil millones se asignan a inversión y Q18 mil 778 millones para el pago del servicio de la deuda pública.
Eso significa que el presupuesto responde a destinos específicos de gasto ya comprometidos por ley y queda escaso margen de maniobra para las nuevas autoridades de gobierno.
De ahí, el llamado de varios sectores al mandatario Giammattei -que entregará el cargo el 14 de enero- a vetar el decreto, a lo que se hizo caso omiso.
Las mayores asignaciones
Por ministerios, el de Educación tiene la mayor asignación con Q23 mil 83 millones, seguido por Salud con Q12 mil 162 millones; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con Q8 mil 806 millones; Gobernación, Q7 mil 557 millones; y Defensa con Q3 mil 502 millones.
En su conjunto esas instituciones acumulan una asignación de Q55 mil 110 millones o sea el 44.1% del total.
El ministerio de Energía y Minas y la Procuraduría General de la Nación (PGN) son las instituciones que tendrán menos recursos con Q101 millones y Q188 millones, respectivamente.
Para Obligaciones a Cargo del Tesoro, se presupuestaron Q41 mil 989 millones y ahí se cargan los situados constitucionales para la Universidad de San Carlos de Guatemala, Organismo Judicial, Ministerio Público, Municipalidades, Consejos Departamentales de Desarrollo y otras instituciones descentralizadas.
Para servicios de la deuda pública son Q18 mil 778 millones y para Secretarias y otras dependencias, Q1 mil 452 millones.
Lamenta decisión
La publicación del referido decreto ha generado diversas reacciones, las que coinciden en que este presupuesto pondrá en aprietos a las futuras autoridades del Ejecutivo.
Abelardo Medina, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que este instrumento no atiende las necesidades de la población más necesitada y significa cerrar las esperanzas de los ciudadanos por una mejora en sus condiciones de vida en el corto plazo, aparte de poner en riesgo la solvencia financiera del Estado.
Afirmó que abre muchos espacios de corrupción que harán difícil la tarea del nuevo gobierno, el que tendrá que hacer su mejor esfuerzo por establecer algunas alianzas en el Congreso para eliminar las asignaciones espurias, como el financiamiento a muchas oenegés.
Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), reiteró que los cambios aprobados con relación a la versión originalmente presentada por el Ejecutivo provocan mayores rigideces, opacidad, espacios de discrecionalidad y dificultades de ejecución.
Entre los hallazgos claves que riñen con lo que establece la Ley de Presupuesto, hay asignaciones discrecionales que no cuentan con fundamento técnico. Por ejemplo:
- Artículo 116: Se asignan al CIV Q2 mil 536.39 millones que estaban destinados a pagar bonos del Tesoro, las pérdidas del Banco de Guatemala y para financiar otras entidades (Q1 mil 100 millones para Covial; Q900 millones a la Dirección General de Caminos; Q446.39 millones al Fondo Social de Solidaridad y Q90 millones para la Unidad de Construcción de Edificios. Y en el articulo 122, de los fondos anteriores, se establecen 407 asignaciones prioritarias que el CIV deberá privilegiar.
- Artículo 118: Se destinan más de Q1 mil millones a oenegés.
- Artículo 119: Se asignan Q350 millones para traslado de personal contratado temporalmente al renglón 011 personal permanente y para mejoras salariales en el Ministerio de Salud.
- Artículo 130: Establece Q400 millones adicionales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Q280 millones al Ministerio de Salud, Q95 millones al Ministerio de la Defensa y Q30 millones al Ministerio de Agricultura.
- Artículo 121: Impide reducir recursos asignados a siete entidades que son: Gobernación, Defensa, Educación, Salud, Desarrollo, Agricultura y Ministerio Público.
Por otro lado, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) también planteó algunas observaciones al presupuesto:
- El déficit fiscal planteado en el proyecto de presupuesto se situaría en 1.7% del PIB, para 2024, toda vez que las autoridades apostaron por una mejora en la recaudación en 2022 y en 2023, lo cual es congruente con el esfuerzo de consolidación fiscal -con el que el gobierno afirma estar comprometido- y que busca mantener un déficit de 2% del PIB, considerado como aceptable en términos de sostenibilidad fiscal. En ese sentido, los ingresos totales equivaldrían a un 12.3% del PIB, mientras que los gastos totales (sin incluir amortizaciones por pago de deuda) representarían el 14% del PIB.
- Continúa un aumento creciente del presupuesto destinado a funcionamiento (65% del total) y al servicio de la deuda (16.6% del total), en detrimento del gasto destinado a inversión (18.4%). En ese contexto, resulta errado e improcedente que parte del financiamiento obtenido con bonos se destine a financiar gasto corriente (como el aporte económico al adulto mayor, programas del INAB, funcionamiento del MP y resarcimiento de Chixoy), pues ello contraviene lo preceptuado en la Ley Orgánica del Presupuesto. Esos gastos (que en el proyecto de presupuesto para 2024 superan los Q3,200 millones) deberían ser financiados exclusivamente con ingresos ordinarios.
- Debido a las asignaciones fijas de la Constitución y otras leyes, el presupuesto se ha vuelto extremadamente rígido, pues apenas existe flexibilidad para implementar políticas públicas e inversión por parte del ejecutivo de solo un 12% del presupuesto, lo que implica que el 88% de los ingresos ya se encuentra comprometido de antemano. “Preocupa que las transferencias a entidades públicas (como municipalidades o consejos de desarrollo – entre otras-, cuyo gasto suele estar divorciado de las políticas de Estado) consuma más del 33% del presupuesto. Por otra parte, el pago de la deuda pública consume un 17%”.
- Desde hace varios años la prioridad en el gasto público ha sido el rubro de funcionamiento, en detrimento de la inversión. Destaca el incremento sostenido de la planilla de los servidores públicos (que ha pasado de un 31% del presupuesto en 2022 a un 35% en el proyecto de 2024), situación que requiere de una corrección estructural, empezando por realizar una revisión integral de la legislación relacionada con el servicio civil y las clases pasivas, así como considerar el efecto que tienen los distintos pactos colectivos de condiciones de trabajo.
Sugieren cambios urgentes
Al preguntar sobre las principales recomendaciones, el representante del Icefi es de la idea que al margen de la necesidad de alianzas en el Congreso, se permita reformar el uso de los recursos y calidad del gasto, revisar todas las asignaciones y las diferentes contrataciones existentes.
También readecuar las metas de recaudación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en función de los valores reales esperados y no de lo que contiene el decreto 18-2023. También es importante el análisis del flujo de caja para que el gobierno garantice el pago de los servicios y bienes de funcionamiento importantes, sobre todo de los sueldos y salarios públicos, pero también para que, en la medida de lo posible, se evite la posibilidad de caer en impago de la deuda.
“Esto, entre mucho esfuerzo que tendrá que hacer el nuevo gobierno para combatir los focos de corrupción actuales”, concluyó.
