Agregó que además de la evasión de impuestos, las empresas ilegales cada año dejan de pagar derechos por US$230 millones a los operadores internacionales, por lo que Guatemala corre el riesgo de ser denunciada por países como Estados Unidos y México debido a violación de la propiedad intelectual.
Mendoza dijo que no se habla de piratería individual sino de personas que tienen “cinco mil u ocho mil usuarios en su red y que reciben ingresos mensuales por el cobro del servicio, pero que no pagan nada al gobierno”.
Mendoza habló en el marco de la primera capacitación a 93 personas, entre fiscales del Ministerio Público, supervisores y técnicos de Uncosu, así como jueces y magistrados del Organismo Judicial, para informar y sensibilizarlos en el tema.
Además de la capacitación, Uncosu se comprometió acompañar a las autoridades en la persecución penal de las empresas piratas.
